El comisario mayor Rubén Oscar Pérez ocupa un cargo que no debería ocupar: la secretaría ejecutiva –tal su denominación técnica– del Coprosede. Si la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense hubiera actuado como correspondía, estaría desafectado de esa función. Acaba de ser indagado en una causa donde quedó procesado por encubrimiento agravado. Concretamente, se le imputa la presunta confección de un acta falsa para salvar la responsabilidad de un subordinado y la manipulación de videos tomados en el Estadio Unico de La Plata en un hecho de violencia en el fútbol ocurrido el 25 de junio de 2009.

El jueves último, tres fiscales le tomaron declaración durante cuatro horas en el marco de una investigación sobre el ataque a balazos a un hincha de Estudiantes mientras se jugaba un partido por la Copa Libertadores. Un día antes, el policía se había reunido con el gobernador Daniel Scioli para tratar de encontrar respaldo político. Pero no conforme con eso, pidió ante la Justicia que se cite a declarar a Julio Grondona, el presidente de la AFA. Tal vez espere que le extienda una mano el dirigente que lo apoyó en su discutida labor con las barras bravas de toda la provincia. El mismo que siguió con agrado cómo desplazaba a Mario Gallina, un comisario crítico de sus manejos, cuando estaba al frente del organismo de seguridad deportiva.

Pérez llegó al Coprosede a fines de 2007. El 19 de diciembre de ese año, nueve días después de que Scioli accediera a la gobernación, se presentó en las oficinas donde trabajaba Gallina y le anunció: “Vengo a hacerme cargo por orden del ministro”. Los dos nunca se habían sentido cómodos trabajando juntos. Aquél, ya retirado de la Bonaerense, le presentó la renuncia al ministro León Arslanian. Su sucesor, en actividad como hasta ahora, comenzó con su Realpolitik de acercamiento a los jefes de las barras bravas. En un reportaje concedido a La Nación el 10 de junio del año pasado, quince días antes del ataque en el Estadio Unico que hoy le causa problemas, daría precisiones sobre su tarea: “Hacemos trabajo de campo, lejos del frío del escritorio. Observamos los patrones de conducta de los grupos más radicalizados. Conocemos a todas las barras. Es como si usted fuera un periodista de campo de juego y no tuviera relación con los jugadores. No tengo relaciones de connivencia...”.

El comisario mayor tiene derecho a defenderse. Pero la defensa más concreta provino hasta hoy de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Bonaerense. Una fuente consultada por Página/12, que se desempeñó allí durante las gestiones de Arslanian y el actual ministro Carlos Stornelli, describió la situación de Pérez: “Hubo un manto de piedad. Nunca existió la voluntad de desafectarlo y cuando se abrió el expediente contra él, se hizo con retraso”.

El 25 de junio de 2009 jugaban Estudiantes y Nacional de Montevideo la semifinal de ida por la Copa Libertadores. Esa noche, un hincha o ex barra de Estudiantes, Sergio Chans, apodado El Uruguayo, resultó herido en las tribunas de un disparo en el estómago. Al comenzar a investigar el episodio, la Justicia incautó imágenes que incriminaban a un subordinado de Pérez en el Coprosede, el teniente Osvaldo Domínguez. En ellas se lo ve franqueándole el paso de la tribuna norte a la sur al líder de la barra brava de Estudiantes, Fabián Giannotta, y a un grupo que lo seguía. La jueza de Garantías platense Marcela Garmendia les dictó la prisión preventiva al policía y a los agresores. Aunque no hay error si se afirma que más de uno pasó por la Bonaerense. El jefe de la barra llegó a ser cabo en la policía. Lo exoneraron en 1997 por estar involucrado en una causa donde se investigaba piratería del asfalto.

La causa donde está involucrado Pérez tomó fuerza cuando se presentó en ella la ONG Salvemos al Fútbol, pero también porque los fiscales de delitos complejos, Jorge Paolini, Esteban Lombardo y Victoria Huergo –que le tomaron declaración al comisario mayor el jueves 11– avanzaron en su pesquisa sin reparar en eventuales presiones políticas. La imputación que le hacen es por encubrimiento agravado, cuya pena es de uno a seis años de prisión (artículo 277 del Código Penal). Junto al responsable del Coprosede también había sido citado a indagatoria el delegado de Seguridad del club Estudiantes, comisario inspector retirado Juan Domingo Pereyra, quien se negó a declarar. Domínguez, el policía descubierto in fraganti de acuerdo con las filmaciones del propio Coprosede, goza del beneficio de arresto domiciliario y tiene salidas transitorias para trabajar en Servicios Sociales de la Bonaerense.

La investigación judicial se apoya en un acta posdatada que Pérez y Pereyra habrían firmado alrededor de veinte días después del ataque a Chans y en la que se hizo figurar que existía el libre tránsito dentro del estadio, sin zonas de acceso vedado. El comisario mayor declaró ante los fiscales que la rubricó el mismo día del partido entre Estudiantes y Nacional. Si fuera así, caerían las imputaciones contra Pérez, Domínguez y Pereyra, porque los barrabravas no tenían restricciones para moverse de una tribuna a la otra. Pero una cosa es el acta y otra las filmaciones tomadas por las 32 cámaras de seguridad, de las cuales la mitad, curiosamente, no habrían operado la noche del partido. Con todo, las que generaron imágenes, muestran cómo el teniente Domínguez les facilitó a Giannotta y los demás barrabravas –el que le disparó a Chans sería Gustavo Javier Molina– el acceso del sector norte al sur.

El responsable del Coprosede y autor de una frase que advierte “un futuro Cromañon” para el fútbol argentino se mueve por estas horas para cosechar adhesiones políticas. Por eso se reunió con Scioli, pidió que la Justicia citara a Grondona y descuenta el apoyo con piloto automático que le ha brindado hasta ahora el ministro de Seguridad Stornelli.