El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó un duro informe sobre la renegociación de los contratos y el estado de los servicios públicos. Denuncia el deterioro de las prestaciones y la demora para fijar las condiciones de operación de las privatizadas. Afirma que existe un escenario de carencia de políticas públicas y controles, al que se le suma el hecho de que empresas como terminales portuarias, compañías eléctricas y telefónicas han mejorado sustancialmente sus márgenes de rentabilidad. Según el documento presentado por Mondino, los aumentos tarifarios se realizan sin evaluar el escenario en el que se encuentra la prestación del servicio permitiendo la continuidad de una estructura regresiva.

La Ley 25.561, que declaró en enero de 2002 la Emergencia Pública y puso fin a la convertibilidad, fue el punto de inicio para la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos. Sobre un total de 52 contratos, el 86 por ciento todavía no fueron revisados, 10 por ciento se rescindieron, pasando la operación a manos del Estado o se reprivatizaron, y sólo el 4 por ciento restante fueron cerrados acorde a lo que estipula la ley.

Para Mondino, parte del proceso de renegociación es inconstitucional a partir de la aprobación ficta (tácita) de varios contratos en el Congreso, las normas no están claras y las empresas negocian sin desistir sus reclamos en el tribunal internacional del Ciadi. Con respecto a los aumentos tarifarios, señala que “la persistencia en sostener las continuas prórrogas para la concreción de las revisiones tarifarias integrales (RTI) denotan la voluntad de sostener el anterior modelo privatizador”.

Las ganancias operativas, lo que obtiene la empresa antes de pagar impuestos a las Ganancias y de pagar sus resultados financieros, crecieron considerablemente. Aun con las tarifas congeladas, Edenor tuvo una variación de 992 por ciento en sus resultados operativos, mientras que Edesur registró un incremento exorbitante de 4682 por ciento entre 2004 y 2007. “En todos los casos los ingresos por ventas aumentaron más que los costos operativos de las empresas, por lo que éstas obtuvieron mayores ganancias, tanto brutas como operativas”, advierte el informe. En los últimos seis años, las empresas abultaron sus beneficios, invirtieron poco o nada, continuaron prestando el servicio de manera deficiente e incorporaron pocos usuarios a sus prestaciones, agrega.

El documento señala que el servicio de gas por redes incorporó tan sólo 800 mil usuarios residenciales y que, en un escenario de importante déficit de cobertura, algunos planes de inversión de la estatizada Aysa están previstos recién para 2015.

La “no renegociación” de los contratos de los servicios públicos afecta y limita el desarrollo económico del país. Según la institución que dirige Mondino, “ni siquiera la intervención del Estado en la prestación de los servicios ha mejorado significativamente la calidad de los mismos”. El informe remarca la falta de inversiones y el aumento de los subsidios. Entre enero de 2007 y agosto de este año, las erogaciones del Estado en concepto de subsidios al sistema eléctrico nacional y a los servicios ferroviario y automotor de pasajeros ascendieron a 20.180 millones de pesos.