“Es importante que haya un proceso justo y abierto, en este caso puntual, para examinar los hechos”, sentenció ayer el embajador estadounidense Earl Wayne, en alusión a la demanda penal presentada por el Estado contra Aes, operadora de Edelap. Por comunicado, esta última se excusó ayer señalando que “todavía no tomó conocimiento de la denuncia”, aunque apura gestiones antes de que esté dicha la última palabra en este tema. Sus directivos iniciarán reuniones a partir de hoy con funcionarios de Planificación e intendentes de localidades bajo su servicio para analizar las deficiencias en la prestación que, sin embargo, aún no justifica ningún quite de concesión. Este sería contractualmente factible, por ejemplo, si se duplicaran los 10 millones anuales de penalidades que les imponen los reguladores.

El diplomático tomó noticia de la embestida oficial por boca de Julio De Vido la semana pasada, antes de que Planificación formalizara la presentación ante el juzgado de Alberto Baños. La principal imputación es la presunta defraudación de Aes contra su controlada Edelap, por haber comprado deuda bancaria de ésta con importantes descuentos, manteniendo en cabeza de la firma eléctrica las obligaciones con el capital e intereses pactados originalmente. Esa maniobra habría ocasionado un perjuicio en contra de la distribuidora por 55,3 millones de pesos, según los cálculos oficiales.

A ese daño se le sumarían otros como una remuneración presuntamente excesiva al operador técnico (Luz del Plata, del mismo grupo) y la eventual evasión de Ganancias, ya que la compra de la deuda fue realizada a través de las subsidiarias de Aes en Uruguay, burlando con ello al fisco argentino. Para la lógica gubernamental, esta desfavorable situación económica tiene una relación causal directa con la pauperización del servicio de la distribuidora y, finalmente, con un cuadro patrimonial delicado, que podría descubrirse “negativo”.

Si del próximo balance de Edelap surgiera que, efectivamente, la empresa tiene ese cuadro patrimonial, y de constatarse que aquellos movimientos irregulares tuvieron lugar, el Estado estaría en condiciones técnicas de relicitar en oferta pública internacional el 90 por ciento de acciones en manos de Aes o recuperar para sí la propiedad de esos títulos. Una instancia para la que aún falta que se cumplan ciertas condiciones, pero que alimentó en el medio algunas especulaciones. Entre ellas, que el Gobierno impulsa una partida de los norteamericanos para reemplazarlos por algún operador local más amigo de las políticas oficiales, como Electroingeniería, de Osvaldo Acosta, o Emgasud, de Alejandro Ivanisevich.

Ni una ni otra firma reconoce interés en sumarse a ese negocio que, en el estado actual, requiere inversión millonaria. “Invertimos en transporte y tenemos varios proyectos de generación, pero por ahora no pensamos en distribución”, sugería ayer una fuente de Electroingeniería. En Emgasud la negativa informal sonaba aún más rotunda. A menos que el actor en cuestión tenga capital propio suficiente, la carencia del crédito actual dificulta una aventura del capital privado.

Edelap ratificó anoche “la legalidad de todas sus operaciones realizadas por sí y por sus controlantes, desmintiendo tales imputaciones”. En declaraciones a un canal de televisión, Wayne reclamó apertura y transparencia, sugiriendo de algún modo que el accionar oficial podría ser opaco. La manera diplomática de insinuar que Aes puede dar batalla con algún eventual respaldo de la embajada, con probada destreza en la acción de lobby a favor de sus empresas.

Mientras se define esta partida, expira el plazo formal impuesto para la Revisión Tarifaria Integral de las distribuidoras eléctricas bajo régimen de regulación nacional: Edenor, Edesur y Edelap. El viernes deberían estar entregadas las propuestas de planes de inversión y calidad de servicio correspondientes con la tarifa pretendida por cada distribuidora.

En realidad, esto lo vienen discutiendo las empresas con el ente regulador desde hace rato pero, para afinar su análisis, el 23 de abril último el ENRE creó por resolución un área de auditoría, la que habría detectado aquellas maniobras objetadas en Edelap. Según dan fe Edenor y Edesur –involucradas en la misma revisión tarifaria–, ellas no tienen noticias de estar sometidas a ninguna lupa diferente a la de estos años, insinuando que Edelap podría haber captado una atención especial de los reguladores.