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El ministro de Coordinación para la Política ecuatoriana, Ricardo Patiño, cruzó toda la explanada de la Casa Rosada sonriente. Había conseguido lo que vino a buscar. “Nos dijeron que podemos esperar la actitud solidaria de un país hermano”, aseguró el funcionario de Rafael Correa, después de reunirse varias horas con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Patiño le presentó ayer los resultados de la auditoría que, según el gobierno de Quito, prueban la ilegalidad de parte de la deuda pública de su país. Quiere que el gobierno argentino y el resto de la región apoyen a Correa cuando a finales de esta semana haga el anuncio oficial. “La decisión la tiene que tomar el presidente, pero quédense tranquilos, que vamos a utilizar todos los mecanismos disponibles para desconocer esa deuda.”

Hace dos semanas, el presidente Correa anunció que al menos 3680 millones de dólares de los más de 10 mil millones que componen la deuda pública ecuatoriana fueron adquiridos ilegalmente. Se trata específicamente de los bonos Global que reestructuraron la deuda contraída en los años de la dictadura, durante la segunda mitad de los setenta, y cuyos intereses debían empezar a ser cancelados este mes. Los bonistas ahora esperan la palabra final de Correa.

Ayer, Patiño esquivaba adelantar el veredicto, pero no podía contener la sonrisa. Todos los gestos del ministro ecuatoriano indicaban que el presidente Correa ya tomó la decisión. “Habló con Cristina Fernández de Kirchner y la Presidenta argentina se declaró solidaria con lo que estamos haciendo”, dijo en una conferencia de prensa frente a la puerta de la Casa Rosada. Esta semana, el ministro, su colega de Finanzas, María Elsa Viteri, y sus equipos de trabajo tienen como misión mostrar las cifras de la auditoría y ganar apoyos antes del gran anuncio. La gira los llevará por Perú, Chile, Estados Unidos y Brasil.

Patiño no está muy ansioso de ese último destino. “Hubo algunos problemitas, pero nuestro gobierno está trabajando para que la relación se recomponga”, fue el único pronóstico que se animó a darle a Página/12 ayer. Hace dos semanas, el canciller brasileño, Celso Amorim, un hombre que generalmente se destaca por su moderación, acusó al presidente Correa de poner en peligro la confianza crediticia entre los países latinoamericanos. El gobierno ecuatoriano se negó a pagar un crédito con el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) y lo llevó ante un tribunal de arbitraje internacional.