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“Esto no es Coca-Cola ni un producto masivo, que se pide y se entrega. Las mejoras en la red de distribución llevan su tiempo.” La explicación corresponde al vocero local de AES, principal accionista de Edelap, y alude a las obras identificadas como necesarias para solucionar los problemas que detallaron los intendentes de localidades atendidas por la firma energética. El cónclave se realizó ayer en el Ministerio de Planificación, junto a representantes del Sindicato de Luz y Fuerza, el ente regulador, y asociación de consumidores. A su término, la cartera de Julio De Vido difundió un comunicado en el que sostiene que los representantes de la distribuidora platense “reconocieron dificultades para la prestación del servicio”, imputación que aquella firma no avala pero tampoco desmiente.

En la reunión no estuvo Julio De Vido, que integró la comitiva oficial en Rusia, pero sí sus más estrechos colaboradores en el tema: el viceministro Roberto Baratta y el secretario Legal, Rafael Llorens. En ese ámbito, los intendentes de La Plata, Brandsen, Ensenada y Magdalena lamentaron los “cortes permanentes, demora en la recuperación del servicio, variaciones de tensión y falta de atención al usuario”, entre otros déficit enumerados en el comunicado oficial.

Los delegados de la firma “admitieron no haber podido atender pedidos de nuevos servicios” y “aceptaron que la prestataria no pudo atender el crecimiento del país con las inversiones necesarias”, añade ese texto. Así se desarrolló un capítulo más en la puja con una operadora cuyo servicio viene deteriorándose progresivamente.

El Estado acusó judicialmente a AES de comprar con descuentos créditos de Edelap, sin liberar a la distribuidora de esa carga financiera y beneficiándose con el recorte que le habrían otorgado los bancos. Esta presunta maniobra explicaría en parte el deterioro económico y patrimonial de Edelap, con la consiguiente consecuencia en la prestación del servicio. Pero para la firma norteamericana la situación es diferente.

Según explicó AES en un comunicado difundido anteayer, gracias a la compra de esa deuda la distribuidora evitó el default y pudo liberar recursos a la inversión, en tanto que “ninguna empresa extranjera” se benefició con la operatoria. Será el juez Alberto Baños el que deberá dilucidar quién tiene razón.

Las especulaciones de que el Gobierno quiere acorralar a AES para hacerle lugar a una empresa más próxima a los despachos oficiales se debilita frente a dos datos. Uno es que la relación de la firma norteamericana con el Gobierno no parece resquebrajada en ninguna de las otras varias unidades del negocio energético que maneja. Es más. En el medio se recuerda, incluso, que a pedido del Gobierno AES activó la usina térmica de San Nicolás alimentándola a carbón en uno de los momentos de faltante de gas, con el aliciente de una tarifa adecuada. Otro parece ser el vínculo con la española Endesa, operadora de Edesur y de centrales como Costanera, cuya baja eficiencia ha justificado entredichos entre ésta y el Gobierno. Finalmente, resulta difícil encontrar algún actor que quiera invertir hoy en un negocio con precios regulados y que está demandando fuertes inversiones para ajustar la oferta a la creciente demanda.