Desde Londres

La foto tradicional de toda cumbre con todos los protagonistas en el estrado. “Un nuevo orden mundial está emergiendo”, señaló Gordon Brown.

Un nuevo orden mundial está emergiendo. El Consenso de Washington está muerto. Estamos frente a un giro histórico. El secreto bancario es cosa del pasado. Ya no habrá recompensas a los que fracasan. Cada una de esas frases fue pronunciada ayer por el primer ministro inglés, Gordon Brown, y por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como conclusión de una reunión histórica del Grupo de los 20. La declaración final de la cumbre aspira a ser tan contundente como la crisis económica que la motivó. Su tono fue saludado con entusiasmo por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se congració de que ahora sean los líderes mundiales quienes arremetan contra las bases del neoliberalismo, al menos desde el discurso. “Ahora todo esto se tiene que implementar”, advirtió la mandataria argentina . Las promesas son significativas: habrá 1,1 billón de dólares para reactivar las economías y el comercio internacional, el dinero se canalizará a través del FMI y otros organismos, esas instituciones –sobre todo el Fondo– serán sometidas a un proceso de reforma para “resolver sus estigmas”, el FMI deberá vender sus reservas en oro para ayudar a los países más pobres, se desplegará un nuevo marco de regulaciones sobre el sistema financiero, eso incluye la imposición de reglas a las calificadoras de riesgo, a los fondos de inversión y sobre los sueldos y primas de los banqueros, se “combatirá” a los paraísos fiscales y habrá sanciones a quienes no colaboren con la transparencia fiscal, se creará un nuevo órgano de control de los mercados y se buscará reflotar la Ronda de Doha para flexibilizar el comercio internacional.

Repasar el listado de medidas y compararlas con lo que había resuelto la anterior cumbre del G-20 en Washington, a mediados de noviembre pasado, muestra cuánto cambiaron las cosas entre un momento y otro. El contraste es notorio. El anterior encuentro de presidentes de las grandes potencias y de las economías emergentes se hizo sobre el final del mandato de George Bush, un defensor a ultranza del neoliberalismo, y sin la participación del ya electo Barack Obama. Los países europeos tampoco lucieron muy convencidos de avanzar decididamente en varios temas y lo que salió fue una declaración que reconocía que se estaba frente a una crisis grave, que había cuestiones del funcionamiento de los mercados a corregir, pero no se incluían medidas concretas ni se evidenciaba la urgencia que aparece ahora. Bush cerraba el encuentro diciendo que no abandonaba la filosofía del libre mercado.

Ayer Obama sentenció que el resultado del cónclave del G-20 en esta ciudad marca “un giro histórico”. Brown, encargado esta vez de concluir las sesiones, dijo aquello de que terminó el Consenso de Wa-shington, en referencia a los principios que marcaron la era neoliberal, y que un nuevo orden mundial está emergiendo. Entre una cumbre y otra hubo un cambio político de primer orden, por la asunción del presidente del Partido Demócrata en Estados Unidos, y al mismo tiempo se produjo un deterioro de tal magnitud de las variables económicas que hoy son mayoría quienes temen que si no se le pone un piso a la caída, la crisis puede alcanzar profundidades de depresión. En las sesiones preparatorias a esta cumbre, economistas y banqueros centrales de distintos países del G-20 advirtieron en forma reservada que este año existían riesgos ciertos de caer en una fase de depresión económica y que la salida podría demorarse varios años. Sobre Estados Unidos se dijo que no era descabellado pensar que pudiera ocurrirle lo mismo que le pasó a Japón, que estuvo diez años estancado. Estados Unidos representa el 25 por ciento del PIB mundial y el impacto de su crisis se traslada a todo el mundo.

El temor a que la crisis se vaya de las manos se pudo ver ayer en los rostros de los presidentes de las principales potencias. También exhibieron otra disposición a escuchar, al punto que aceptaron borrar de la declaración final de la cumbre la palabra “flexibilización” que figuraba en el capítulo laboral. Lo hicieron por el pedido de Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner. Aunque Estados Unidos e Inglaterra, de un lado, Alemania y Francia, del otro, pulsearon muy fuerte en la previa a la cumbre, finalmente los gobiernos hicieron un esfuerzo por transmitir un mensaje claro y categórico. Las conclusiones pueden dividirse en tres grandes ejes:

1. Las medidas para reestablecer el crecimiento.

2. La reforma de organismos financieros y la regulación de mercados.

3. El compromiso de apuntalar el comercio internacional.

Primero lo urgente

“Enfrentamos el más grande desafío para la economía mundial en tiempos modernos”, dice la primera línea del documento del G-20. “Una crisis global requiere soluciones globales”, agrega. La primera misión, entonces, es dar respuesta a la debacle económica. Para ello, los presidentes de las principales potencias –Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Canadá– y de los países emergentes –Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Corea del Sur, China, India, Indonesia, México, Rusia, Su-dáfrica y Turquía, más los representantes de la Unión Europea como bloque–, aprobaron una inyección de fondos públicos por 1,1 billón de dólares. Es el anuncio más concreto de la cumbre para parar la crisis.

El dinero se canalizará a través del Fondo Monetario y otros organismos. Los recursos del FMI se triplicarán, hasta llegar a 750.000 millones de dólares: 250.000 millones serán desembolsados “de inmediato” por miembros de la institución y otros 250.000 millones se integrarán en la medida en que las necesidades de financiamiento de los países socios lo vayan requiriendo. Además, habrá una emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) por 250.000 millones adicionales. Los DEG son la unidad de cuenta del FMI, armada en base a una canasta de monedas que incluye al dólar, el yen, el euro y la libra. Al aumentar la cantidad de DEG, los países socios del FMI verán que el valor de sus cuotas en el organismo crece. Es una forma de transferencia automática de recursos hacia las naciones que lo integran. La Argentina lo venía reclamando con insistencia y la medida anunciada representa entre 2500 y 3000 millones de dólares adicionales para las reservas del Banco Central, que es el que contabiliza la tenencia de DEG.

A ese paquete de recursos se agregan 250.000 millones para aceitar el comercio mundial a través del financiamiento de exportaciones. Uno de los efectos más demoledores de propagación de la crisis es el derrumbe inédito en los niveles de comercio. “El intercambio comercial está cayendo por primera vez en 25 años”, detalla el G-20 para explicar la razón de esta medida.

Otros 100.000 millones de dólares irán a capitalizar al Banco Mundial, el BID y a otras entidades de desarrollo multilaterales. Esta era también una de las banderas que el gobierno argentino había traído a la cumbre, ya que ve mayores posibilidades de acceder a las líneas de financiamiento de esos organismos que a las del FMI, cuya reforma no se resolverá en el corto plazo. Finalmente, se aprobó que el Fondo venda sus reservas en oro para hacerse de un capital que pueda destinar a los países más pobres a través de créditos muy flexibles. Serán alrededor de 6000 millones de dólares que debería desembolsar “en dos o tres años”. El G-20 le pone plazo a la medida: le “sugiere” que tenga todo listo para aprobarlo en la próxima “reunión de primavera” (en Washington) del organismo.

Más allá de esas acciones coordinadas, el estímulo fiscal de los miembros del G-20 a sus economías alcanzará hasta fines de 2010 un total de 5 billones de dólares, lo cual tendrá un impacto sobre el crecimiento de 4 puntos, de acuerdo con los cálculos que figuran en el documento. La mayor parte de ese dinero será volcado por las grandes potencias, pero las políticas de expansión fiscal son ahora la recomendación para todos los países, lo cual marca un cambio claro respecto a los “consejos” que recibía la Argentina cuando cayó en la crisis de 2001.

La regulación

“Las fallas en las regulaciones y supervisión del sector financiero fueron fundamentalmente las causas (que llevaron) a la crisis”, reconoce el G-20. Y dice todavía más: “Las regulaciones y la supervisión protegen a los consumidores y a los inversores”. Son declaraciones que marcan una bisagra respecto de la etapa del discurso único neoliberal. En lo concreto, los gobiernos acordaron crear un Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), integrado por los países del G-20 más la Unión Europea y las naciones que participaban del Foro de Estabilidad Financiera (FSF). Este cuerpo ampliado tendrá la misión de diseñar junto al FMI mecanismos de regulación de los mercados y alertar a los gobiernos frente a riesgos de crisis financieras.

“Las regulaciones se extenderán a todas las instituciones, todos los instrumentos y todos los mercados. Se incluirá, por primera vez, un control sistemático sobre los fondos de inversión”, establece el G-20. El FSF deberá prevenir que no haya un apalancamiento excesivo que pueda poner en riesgo el funcionamiento de la economía, como ocurrió esta vez en Estados Unidos y otros países. “La regulación alcanzará a las agencias calificadoras de riesgo, particularmente para prevenir inaceptables conflictos de intereses”, ordena. Argentina celebró este punto en particular, dado que las calificadoras castigaron con malas notas al país los últimos años, pese al alto crecimiento económico.

Otro punto es que los organismos de control se meterán con los bolsillos de los banqueros. Habrá regulaciones específicas sobre salarios y beneficios. Este punto surgió a partir del escándalo de los bonus que se asignaron altos ejecutivos de AIG y el Citibank, entre otros, pese a encontrarse en virtual situación de quiebra.

Pero la medida más rupturista con el modelo neoliberal es el combate a los paraísos fiscales. “La era del secreto bancario ha terminado”, embiste el documento. “Estamos listos para desplegar sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros”, advierte. En este caso, el G-20 se puso como plazo para avanzar en estas regulaciones la próxima reunión de ministros de Economía del grupo, en noviembre próximo. Además, la declaración señala que justo ayer la OCDE iba a publicar su listado de países que no colaboran con la transparencia fiscal, en base a la cual podrían empezar a aplicarse las sanciones (ver página 4). Los paraísos fiscales absorben cifras millonarias que desfinancian a los fiscos, además de ser refugio del lavado de dinero de actividades ilegales.

Por último, la oleada transformadora alcanzó al FMI. “Estamos determinados a reformar y modernizar las instituciones financieras internacionales para asegurar que puedan brindar asistencia a los países miembros. Reformaremos los mandatos y reflejaremos los cambios de la economía” por el avance de los países en desarrollo. “Tendrán más voz y representación, incluidos los más pobres”, promete. La reforma del FMI que estaba prevista para 2013 se adelanta a enero de 2011, mientras que la del Banco Mundial se ajusta a marzo de 2010.

Otro compromiso de fuerte impacto tanto real como simbólico es que Europa y Estados Unidos accedieron a dejar de lado una “tradición” por la cual el Viejo Continente designaba al director gerente del Fondo y Estados Unidos al presidente del Banco Mundial. De ahora en más, afirma el G-20, se los designará en función de los méritos personales de los postulantes, “en base a su capacidad y no a su origen”.

El comercio

Frente a la caída de las exportaciones, como se indicó más arriba, el G-20 resolvió inyectar 250.000 millones de dólares para financiar las operaciones de comercio exterior. El dinero circulará a través de organismos multilaterales y agencias de de-sarrollo. En este capítulo también se renueva el compromiso de los países de no tomar medidas proteccionistas –ya se había planteado en la Cumbre de Washington, con escaso cumplimiento– y se reflota la Ronda de Doha de la OMC. Si se lograran cerrar esas negociaciones, trabadas desde hace años por la negativa de las potencias a disminuir los subsidios al agro, mientras reclaman que los emergentes abran sus economías, el G-20 estima que podría haber un impulso al comercio de 150.000 millones de dólares por año.