Los documentos aparecen uno detrás de otro y coinciden en su diagnóstico: la Justicia está siendo presionada por el Poder Ejecutivo y algunos sectores de la sociedad inquietos por la supuesta “ola de inseguridad”. El primero circuló el martes pasado y era un comunicado de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, al otro día la Corte Suprema de Justicia bonaerense y la Procuradora de ese distrito emitieron una resolución; ayer se difundió un escrito de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal (Aapdpp). Uno de los firmantes de este último documento, el jurista Marcelo Mónaco, advirtió a este diario su preocupación por el uso despectivo del adjetivo “garantista”.

“Es cada vez más frecuente que el poder político, tanto a nivel nacional como en muchas provincias, avance sobre las esferas de la función jurisdiccional cada vez que sus decisiones no le complacen, o no convienen a sus apetencias”, sostuvo la Aapdpp. Uno de los disparadores del documento fue el jury de enjuiciamiento a dos jueces pedido por el ministro de Justicia nacional, Aníbal Fernández. En este sentido, se critica que los estamentos políticos “pretendan imponer, a través del arma de la amenaza de enjuiciamiento y destitución, el dictado de resoluciones dirigidas a satisfacer sus intereses sectoriales antes que a la vigencia de un orden jurídico acorde con la Constitución Nacional”.

Mónaco comentó que la intención no era apuntar solamente al Gobierno, sino también a las marchas pro mano dura. “Parece que una parte de la sociedad no quiere vivir acorde a derecho”, señaló el jurista, para quien el código penal “está más duro que nunca” desde la reforma impulsada por Carlos Blumberg. “Pero no funcionó y la derecha en vez de hacerse cargo de no su error, les echa la culpa a los jueces y no al código penal. Lo veo en la facultad, los alumnos dicen que somos demasiado benévolos”, dijo este profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Hace un mes, el juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, sentenció que “la legislación penal nunca pasó un momento tan catastrófico como éste”.

El documento de Aapdpp, que surge de un congreso realizado a fines del mes pasado, retoma este punto con una queja: “Se tilda de ‘garantistas’, con verdadera actitud peyorativa, a quienes sostenemos en toda situación la vigencia de la Constitución Nacional y el respeto de los límites logrados a través de siglos de lucha por alcanzar niveles de dignidad del hombre”. Para la entidad que nuclea a juristas de todo el país, los principios rectores de la Carta Magna no están debidamente incorporado al Código Penal, cuya reformulación en 2006 fue cajoneada en el Congreso de la Nación.

“Hemos llegado a un punto en que se censura –y se lleva a enjuiciamiento– a los jueces por aplicar la ley vigente. Es gravísimo porque se lo hace en nombre de una sociedad a la que se confunde con total intención de que no sea soberana, colocándosela en una falsa disyuntiva entre vigencia y aplicación de las garantías individuales de la Constitución y caos, delincuencia y sufrimiento de las consecuencias del delito”, subraya el documento firmado por Carlos Chiara Díaz, Héctor Granillo Fernández, Oscar Pandolfi y Mónaco. “Aún se está a tiempo, provoquemos la reflexión y rectifiquemos el erróneo camino tomado por algunos políticos”, concluyeron.

“¿La Justicia es independiente? Si se evalúa en comparación con las tres primeras décadas del siglo 20 o durante los gobiernos de facto, la respuesta es sí”, aseguró Mónica Cuñarro, miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Para esta fiscal, el pedido de jury a dos jueces hecho por el ministro Aníbal Fernández “no es lo deseable institucionalmente, cuando existen mecanismos que se presumen conocidos por su función de ministro y por más razones que tenga y siendo sobre un tema penal, no puede dejar de tomarse como una presión al Poder Judicial o pensarse que es un spot televisivo”. Cuñarro y Mónaco criticaron el uso electoral que se les da a los hechos de inseguridad y cómo los distintos gobierno, en palabras de la fiscal, “terminaron convirtiendo el código penal que es nuestro instrumento de trabajo en un Frankenstein”.

Mónaco admitió que en la justicia las intromisiones externas son parte del juego: “Hace dos años en un encuentro de jueces en Salta, la jueza (de la Corte Suprema nacional) Elena Highton de Nolasco escuchó estos reclamos y contestó: ‘El que no tiene espalda para soportar las presiones que no sea juez’”.