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“Desflexibilización laboral.” Esta definición refiere a la recuperación de derechos laborales perdidos en la década del noventa, y ha empezado a circular en la Casa Rosada desde el jueves pasado. El Gobierno estudia presentar en el Consejo Económico Social un proyecto de reforma laboral que desande el camino de flexibilización de las condiciones de trabajo implementado por el menemismo. El proyecto forma parte de una serie de medidas que comenzó a diseñar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en diversas reuniones que tuvo en los últimos días con sus principales funcionarios. “Quiero propuestas que mejoren la calidad de vida de los argentinos”, les pidió la primera mandataria.

En esa línea, a la vuelta de su viaje se firmaría el decreto que regulará la tasa de interés y los gastos que cobran los bancos. Será a través de la “Carta de Buenas Prácticas Financieras” que elaboró el Banco Central. El decreto correspondiente está siendo redactado por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. También se avanza en la elaboración de un proyecto que modifique el sistema de subsidios al transporte. La idea que presentó el nuevo secretario Juan Pablo Schiavi es que los fondos públicos vayan directo al bolsillo de los usuarios, en lugar de a las cajas de las empresas concesionarias, priorizando de ese modo a los viajeros de ingresos más bajos. A la vez, para seguir impulsando el consumo y la creación de empleo, se estudia ampliar el plan de créditos hipotecarios financiados por la Anses hasta los 250 mil para fines de 2011.

La idea que maneja el Gobierno es que la respuesta al reciente resultado electoral debe ser avanzar en una agenda económica y social de segunda generación. “Ya se crearon más de tres millones de puestos de trabajo, un millón y medio de nuevas jubilaciones y se mejoraron los salarios”, explicó una fuente del Ejecutivo a Página/12. “Ahora tenemos que darle a la sociedad mejores condiciones para su vida cotidiana, como la posibilidad de acceso a la vivienda, un transporte eficiente para todos y calidad de empleo”, agregó.

El ala política del Gobierno piensa que el pueblo ya le pagó al kirchnerismo sus logros en materia de generación de empleo y mejoras de haberes, cuando eligió a Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta. Y que ahora va por más y reclama un mejor trato de las empresas y del Estado. La selección de las primeras medidas a implementar también tiene que ver con la posibilidad de conseguir consenso parlamentario para aprobarlas. Cerca de la Presidenta especulan con que las fuerzas progresistas del Congreso apoyarán estos proyectos y que al resto de los partidos les resultará complicado oponerse frontalmente.

La recuperación de los derechos laborales cedidos en los noventa por los trabajadores es un reclamo constante del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Su principal asesor en la materia, el diputado Héctor Recalde, tiene presentados en la comisión laboral decenas de proyectos al respecto. En el Gobierno piensan que se debería derogar la posibilidad de que los convenios colectivos puedan aprobar y sostener las vacaciones fragmentadas y el pago del aguinaldo en cuotas. También se quiere volver al mínimo de dos salarios mensuales de indemnización por despido. Otro punto bajo análisis es modernizar la legislación en materia de licencia por nacimiento, brindando los mismos días sin trabajar a padres y madres, tanto naturales como en el caso de hijos adoptivos. En materia de trabajo no registrado se quiere avanzar en el derecho de subsidio por desempleo para los trabajadores en negro. Se espera que, además de ir hacia un sistema más justo, se pueda controlar mejor a las empresas, ya que para obtener el beneficio los ex empleados deberán decir qué empresa los mantenía en negro.

Los subsidios al transporte, que crecieron fuertemente desde 2003, son uno de los temas que generan polémica en la sociedad por su falta de transparencia y que derivaron en denuncias judiciales contra el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. En el Gobierno consideran injusto que el Estado subsidie de igual forma a una persona que viaja de San Isidro a Retiro que a uno que se traslada de La Matanza a la misma terminal. En principio, se estudia la posibilidad de agregar una suma de dinero a las asignaciones familiares según el monto del salario y el lugar de residencia del pasajero. También se analiza entregar una tarjeta de viaje gratuita a los beneficiarios del seguro de desempleo. El sistema de boleto electrónico recientemente implementado está siendo utilizado por Transporte para controlar las declaraciones de los concesionarios y también para realizar un primer mapeo de los viajes más frecuentes.

Las altas tasas de interés que cobra el sistema financiero son motivo de reclamos constantes de los sectores productivos, principalmente de la Unión Industrial Argentina. El hecho de que en medio de la crisis financiera internacional que golpeó a todos los sectores, los bancos hayan mostrado balances con fuertes ganancias, terminó de convencer a la Presidenta de que había que avanzar en una mayor regulación del mercado financiero. Carlos Zannini está terminando de redactar un decreto que pondrá un techo al spread (brecha entre tasas pasivas y activas) que pueden cobrar los bancos. Es decir, se limitará la diferencia entre el precio al que toman los fondos y lo que cobran por prestarlo. En el Ejecutivo estiman que la medida redundará en una rebaja de la tasa promedio del sistema de aproximadamente cinco puntos porcentuales. También se reglamentarán los gastos que pueden cobrar las entidades en cuentas corrientes, préstamos y tarjetas de crédito.

La buena recepción que tuvieron los créditos hipotecarios financiados por la Anses y administrados por el Banco Hipotecario impulsó al Gobierno a estudiar la forma de aportar fondos para ampliar los 40 mil préstamos previstos en oferta. La propuesta es llegar a 250 mil créditos para fines de 2011. Una parte de los fondos saldrán de la Anses y del repago de la primera tanda de préstamos. También se espera contar con financiación de organismos financieros internacionales. “El país tiene un déficit habitacional de casi dos millones de viviendas, para la Anses resulta una inversión de los fondos de los futuros jubilados atractiva y segura y la ciudadanía valora este tipo de acciones”, señaló un funcionario de primera línea de la Casa Rosada a Página/12.