El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional ascendió, al 30 de noviembre de este año, a los 135.693 millones de pesos, lo que representa un aumento nominal del 0,75 por ciento respecto del mes anterior, y acumula en lo que va del año una suba del 35 por ciento. Desde la creación del SIPA –Sistema Integral Previsional Argentino, hace un año–, el incremento fue del 38 por ciento.

La estructura de la cartera de inversiones presentó leves cambios respecto del mes previo: los títulos públicos mantuvieron la mayor participación, con el 62,9 por ciento del FGS. Durante la última reunión de la Comisión Bicameral encargada del seguimiento de los fondos, la oposición cuestionó el incremento de estas operaciones y presentó una denuncia que recayó en el despacho de la jueza María Servini de Cubría.

El FGS reúne los recursos que habían acumulado los afiliados a las AFJP durante catorce años y los excedentes de la Anses. Ese dinero es un resguardo para el pago de jubilaciones a futuro y un instrumento del Ejecutivo para dinamizar la economía local. Durante la última reunión de la Comisión Bicameral de seguimiento del SIPA, el titular de la Anses, Diego Bossio, explicó que el aumento del 38 por ciento se logró gracias a la recuperación de los mercados financieros, así como también por la continuidad del superávit de la Anses. Esta combinación de hechos permitió alcanzar el financiamiento de la asignación universal por hijo y entregar a los jubilados y pensionados un plus de entre 200 y 350 pesos con el haber de este mes.

Según los datos publicados ayer, el financiamiento de proyectos productivos o de infraestructura equivalen al 6,23 por ciento (8452,2 millones de pesos), contra el 2,22 de la época de las AFJP. Otro ítem con fuerte incremento es el de las cédulas hipotecarias, que pasaron de los 60 millones a los 491 (al 2 de diciembre eran 493 millones de pesos). El incremento en las cédulas se explica por el plan de financiamiento para la compra y construcción de viviendas del Banco Hipotecario.

En el caso de las inversiones en títulos públicos, se pasó del 59,48 por ciento de la cartera administrada por las AFJP (58.427 millones de pesos) a 62,34 por ciento (84.592 millones). Detrás le siguen las acciones y títulos privados (11,4 por ciento), depósitos en plazos fijos (7,2 por ciento), fideicomisos financieros (2,9 por ciento), los fondos comunes de inversión (1,6 por ciento) y las disponibilidades y otras inversiones menores (2,9 por ciento).

Por su parte, la oposición parlamentaria presentó una denuncia, que cayó en el juzgado de la jueza Servini de Cubría, con cuatro puntos principales: el aumento en la compra de títulos públicos, el “desvío” de recursos para la asignación por hijo y dos denuncias por compra de bonos (Bonar 14 y Bonar 16) a precios superiores a los del mercado.