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La presidenta de la Nación informó ayer que envió al Congreso un proyecto de ley para un “nuevo estatuto de peón rural”. La iniciativa busca terminar con la precarización del sector y la desprotección a la que están sometidos los trabajadores, según manifestó la mandataria durante un acto en la localidad bonaerense de Marcos Paz. “Estamos absolutamente convencidos de que, cuanto más califiquemos y protejamos los recursos humanos, el productor mejor rendimiento va a tener”, agregó Cristina. El proyecto, de aprobarse, beneficiará a cerca de 1,3 millón de trabajadores que estarán cubiertos bajo tres modalidades contractuales: permanente de prestación continua, temporario y permanente-discontinuo.

El nuevo régimen de trabajo agrario fue elevado anoche a la Cámara de Diputados. Con esta medida, el Gobierno propone terminar con las jornadas de “sol a sol”, fijando jornales de ocho horas y estableciendo licencias parentales, de 15 días corridos, y por maternidad, de 90 días. Se prohíben las tareas a partir de las 13 los sábados y se comenzarán a implementar las horas extras.

El proyecto lleva la firma de la Presidenta y de los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Agricultura, Julián Domínguez. “Venimos a cubrir una vieja deuda que teníamos con los trabajadores rurales, con esta ley que reemplazará la ley de la dictadura, para revertir los niveles de desprotección y precarización de los trabajadores rurales”, manifestó Tomada. La norma para el peón rural fue delineada sobre la base de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula los convenios colectivos.

Según explicó el titular de la cartera laboral, el proyecto prevé también la situación de los trabajadores migrantes, por el “cuidado de los niños”. “En este caso se contemplan los jardines de cosecha para que los menores tengan dónde estar”, ejemplificó Tomada. En la ley enviada al Congreso para su tratamiento queda explícita la prohibición del trabajo infantil. Además, para obtener el registro de los trabajadores se reducirán las cargas sociales durante dos años, como incentivo para el blanqueo de los empleados. En el proyecto no se establecen períodos de prueba.

Las remuneraciones para las distintas categorías serán fijadas anualmente por una institución del Estado y nunca podrán ser inferiores al salario mínimo, vital y móvil, actualmente de 1500 pesos. “Este proyecto va en línea con los presentados para regular la actividad de los trabajadores a domicilio y los trabajadores de casas particulares”, enumeró el ministro. Por su parte, se elevó del 1 al 1,5 por ciento el ajuste por antigüedad y se establece un régimen previsional, donde los peones podrán jubilarse a partir de los 57 años con 25 de aportes.