El Gobierno oficializó ayer, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que los precios de los combustibles en todos los eslabones de la cadena de producción deben retrotraerse al 31 de julio, medida que, por ahora, impacta únicamente en la firma Shell. La Secretaría de Comercio Interior echó mano a la Ley de Abastecimiento, que faculta al Estado a establecer precios máximos. En Shell prefirieron no volver a hablar sobre la decisión oficial, mientras que desde Esso indicaron a Página/12 que “lo central será ver cuál es la duración de la resolución”. En tanto, Rosario Sica, titular de una de las cámaras que agrupan a los estacioneros, aseguró que “por ahora se seguirá vendiendo según los últimos aumentos”.

La medida se aplica en lo formal sobre todas las empresas, aunque de las cuatro principales operadoras (YPF, Petrobras, Esso y Shell), sólo la última ajustó sus precios en agosto, por lo que la norma alcanza en los hechos a la angloholandesa. Esta compañía realizó subas el 2 de agosto para todas las estaciones de la marca, incluidas las tercerizadas. En el caso de las ubicadas en Capital Federal, el alza fue de 4 centavos para la nafta super, un centavo en la Premium y el diesel VPower y 4 centavos en gasoil común. Porteriormente, el jueves 12, Shell aumentó el precio en el surtidor de las estaciones de servicio que son operadas por la propia compañía, a razón de 3 centavos por litro en la nafta súper y 2 centavos en el gasoil común.

Al 31 de julio –momento en el que ahora se congelaron los precios–, la nafta súper en la ciudad de Buenos Aires era vendida a 3,899 pesos por Shell; 3,811 en Esso, 3,799 por Petrobras y 3,745 pesos en YPF. Según estos valores, la angloholandesa seguiría manteniendo los precios más altos, habiendo reducido el aumento anual en la nafta súper de 0,72 a 0,65 centavos. La medida deja afuera, por muy poco, a Esso, que ajustó sus valores por última vez el 30 de julio. Petrobras lo hizo el 19 de junio e YPF el 12 de junio.

Esto es tomado por el sector como una provocación a Shell, en el marco de una disputa “bilateral” con el Gobierno. De hecho, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le abrió a la angloholandesa 117 expedientes por desabastecimiento de combustible. De ese total, 45 llegaron a la Justicia, que se expidió en 31 casos y condenó a la firma a pagar multas en ocho. Moreno invocó en esas oportunidades la Ley de Abastecimiento, en base a la ratificación de la vigencia de la norma que en 2007 hizo el entonces procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino.

“Hay que estudiar la medida. La pregunta central es saber cuál es su duración”, manifestó a Página/12 Thomas Hess, director de Esso, preocupado por la posibilidad de que la norma llegue a frenar nuevos aumentos. Subrayó que el alza en los precios finales está ligada con la evolución del crudo. Por su parte, Rosario Sica, titular de la cámara que reúne a estaciones de Capital y parte del Gran Buenos Aires, aseguró a este diario que “los inspectores (de Comercio Interior) no han salido a la calle” y que “por ahora se seguirá vendiendo según los últimos aumentos”.

La resolución también estableció que “las empresas deberán cubrir de forma razonablemente justificada, con los precios establecidos, el total de la demanda de combustibles líquidos”, respetando “como mínimo los volúmenes abastecidos en igual mes del año inmediato anterior”, con una corrección según el aumento en el nivel de actividad económica. La medida afecta a “cada uno de los integrantes de la cadena de comercialización, intermediación, distribución y producción”, de forma que si algún eslabón no la acata, en perjuicio de otro, éste último podrá hacer la denuncia pertinente ante Comercio Interior.