La Cámara de Senadores de Salta aprobó por unanimidad una ley que obligará al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La norma –votada antes por Diputados– tiene por objetivo regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones. Esta ley, impulsada por el Foro de Agricultura Familiar de Salta y la Asamblea de Pequeños Productores del Chaco Salteño, podría servir de antecedente para que otras provincias sancionen proyectos similares. Por otro lado, en la Cámara de Diputados de la Nación existe una iniciativa del mismo tipo presentada por Jorge Cardelli (Proyecto Sur), que cuenta con el aval de la Federación Agraria.

“Son muchas las familias que debieron abandonar sus tierras por falta de defensa de sus derechos. No queremos que se repitan hechos tan lamentables como las muertes en la comunidad indígena de La Primavera (Formosa). Es imprescindible la suspensión de los desalojos”, manifestaron desde el Foro de Agricultura Familiar salteño a Página/12.

Además de promover la suspensión de cualquier ejecución de sentencias cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras, la norma sancionada pretende “proteger la identidad cultural de los pequeños productores agropecuarios, promover la igualdad de oportunidades entre las comunidades, brindar seguridad jurídica sobre los derechos de posesión y defender los derechos humanos de los campesinos”. “Estos puntos constituyen la bisagra de la lucha campesina, que seguramente podrán trasladarse hacia otras provincias. Incluso servirá para meter presión sobre los legisladores nacionales”, evaluó Raúl Marinconz, representante de la Asamblea de Pequeños Productores del Chaco Salteño.

Uno de los casos emblemáticos en Salta involucra a Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien quiere desalojar a varias familias campesinas que viven en el departamento Rivadavia. Entre los afectados están los integrantes de la familia Garnica, quienes ocupan 170 hectáreas, la familia Ruiz, con 500 hectáreas, y la familia Cardozo, con 700 hectáreas. Además de estos hechos, en toda la provincia habría 8000 familias que podrían beneficiarse con esta normativa, que ahora deberá ser promulgada en los próximos 90 días por el gobernador Juan Manuel Urtubey.

Desde el Foro de Agricultura Familiar indicaron a este diario que la “ley tiene el aval político del gobernador”. Incluso, en octubre de 2007, cuando Urtubey era diputado nacional, el actual funcionario firmó un acta ante el Foro donde se comprometía a impulsar un Plan Estratégico para el Desarrollo Rural, que en su primer punto establecía la regularización de la tenencia de la tierra y territorios a los pobladores rurales.

Otro de los ejes de la normativa tiene que ver con la creación de un Programa de Regularización Dominial, el cual deberá brindar apoyo científico a los productores para “el mejor desarrollo productivo”, prestar asistencia legal y elaborar un registro de pequeños productores rurales.

La sanción de la normativa, que dos semanas atrás había sido aprobada por la Cámara de Diputados provincial, fue seguida de cerca por campesinos e integrantes de comunidades indígenas de Santiago del Estero, Formosa y Jujuy. “Este es un momento histórico, ya que es la primera ley de este tipo en la Argentina”, aseveró Alfredo Riera, presidente de la Asamblea de Pequeños Productores provincial.