En medio de los gritos de una asamblea espontánea hecha durante la medianoche en la villa 20 de Lugano, el joven Federico Orchami, un militante del Frente Darío Santillán, y un referente del asentamiento, Diosnel Pérez, intentan calmarse antes de hablar con Página/12. Ambos vienen dando una larga batalla para que se cumpla el plan de urbanización aprobado por ley en 2005 y el fallo que en agosto del año pasado obligó al gobierno porteño a compactar y remover los casi seis mil vehículos que conforman el cementerio de autos de la Policía Federal en Lugano. “Los terrenos que deberían ser destinados a viviendas son de los de ese cementerio, que encima son tierras contaminadas. Acá muchos chicos se mueren con plomo en la sangre”, dice Orchami.

Pérez vive a una cuadra de la piecita de Bernardo Salgueiro, asesinado ayer. “Era un paraguayo como yo, que vino a buscar una oportunidad, nada más”, dice el referente social. Para él, el Gobierno porteño cometió un error cuando prometieron dar títulos de propiedad a los ocupantes de su villa. “No midieron las consecuencias de decir eso, eran 15 mil personas tomando tierras, fue algo masivo que nunca vi en estos años. Nos ilusionaron primero y después nos fusilaron, nos tiraron en nuestras propias casas, eso es lo peor”, reflexiona.

Como indica la ley 1770, aprobada el 11 de agosto de 2005 en la Legislatura de la Ciudad, el Gobierno porteño debería construir 1600 casas en las villas, informa Pérez. “Pero el presupuesto para el año que viene es para hacer solo 650 viviendas en cuatro villas –dice–. El gobierno de (Mauricio) Macri no tiene una política para solucionar el problema de las viviendas. Es un gobierno fascista, los que vivimos en barrios de emergencia sabemos que ellos quieren que nos vayamos, que los pobres no vivan en la ciudad, esa es su política. Las dos personas asesinadas solo por pedían una vivienda digna, como dice la Constitución”.

A su lado, Orchami toma la palabra para contar lo que Pérez no se anima. Dice que este dirigente vive amenazado desde que quiso presentarse a las elecciones como presidente de la junta vecinal. “Acá hay un puntero macrista, que hizo todo lo posible para que no haya elecciones. Es el responsable de los atentados contra Diosnel, contra su familia. Ya no sabemos qué hacer para protegerlo”, dice el militante de 25 años. El año pasado hubo una ocupación que también fue reprimida, aunque no de forma brutal como esta vez. Por entonces, prometieron a los habitantes de la villa 20 que se sanearía el cementerio de autos.

“Entonces con los vecinos pactamos no ocupar si se hacía el saneamiento pero no hicieron nada, solo maquillaje. Presentamos planes de urbanización pero los autos siguen acá, llenos de ratas. Hay hambre y la desnutrición es moneda corriente. ¿Cómo no van a haber ocupaciones de tierra si no hubo urbanizaciones?”, se pregunta Orchami. El cementerio de autos ocupa 12 hectáreas y el juez Roberto Gallardo viene emitiendo fallos para que se limpie el lugar y se proceda a la clausura inmediata del depósito de autos de la Policía Federal. “Pero salvo los terrenos de las Madres de Plaza de Mayo, no se hizo nada por limpiar el lugar”, aclara el militante.

Tanto Pérez como Orchami coinciden en que el hacinamiento y la enfermedades derivadas de la contaminación de plomo y otros metales están haciendo más miserable aún la vida de las 40 mil personas que sobreviven en la villa 20. Esos terrenos, agregan, pertenecen a las ciudad y también al Ministerio de Justicia, responsable por la Policía Federal. “Y no vemos avances, hay muchos intereses en juego, los del gobierno porteño y también los de la policía federal”, dice Orchami.

La historia de las postergaciones incluye al hospital de Lugano. Orchami asegura que el Gobierno porteño solo pintó la fachada pero no puede dar cobertura médica a los vecinos. “No tiene insumos, ni camillas, el hospital no está en condiciones, es toda una pantalla. La zona sur es el basurero de la ciudad, acá hay cementerio de autos y de ratas”, denuncia. Llegó al barrio hace dos años junto al Frente Dario Santillán para resolver ayudar principalmente en el tema laboral, apoyar a las familias organizadas en emprendimientos cooperativos, productivos y autogestivos. “Pero la lucha por la vivienda y la contaminación se puso a la par de los desafíos que enfrentamos a diario”, dice mientras detrás se escuchan los gritos de la asamblea.

–¿Qué están discutiendo ahora? –le pregunta Página/12.

–Estamos contando los detenidos, tratando de entender la situación real y viendo qué hacemos para protestar, marchas y escraches seguro. Nos dio bronca ver en la tele al ministro (de Espacio Público porteño) Diego Santilli diciendo que era un operativo valioso, prolijo y conjunto entre la federal y la metropolitana. Y 15 minutos después asesinan dos personas.