El paro de los trabajadores de las plantas agroindustriales y de las terminales agropexportadoras de Santa Fe cumplió ayer su cuarto día y amenaza profundizarse ante la falta de un ámbito de negociación que logre sentar a todos los actores a una misma mesa. Seis de las empresas involucradas comenzaron a enviar telegramas de suspensiones a sus empleados, según informaron fuentes sindicales. Esta medida involucraría a unos tres mil trabajadores. La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) denunció que más de treinta barcos esperan para ser cargados frente a los puertos del río Paraná y reclamó que los ministerios de Trabajo de la provincia y de la Nación se pongan de acuerdo para intervenir en el conflicto. Sin embargo, lo que hasta ahora no admiten los empleadores es que el origen del conflicto trasciende un reclamo de igualación salarial, ya que explotó a partir de la denuncia de la falta de condiciones de seguridad en el traslado, manipulación y carga de granos en los puertos por negligencia e irresponsabilidad empresaria. Por estas irregularidades, que involucran contratos tercerizados para evitar el pago y otras condiciones de trabajo establecidas por convenio, ya hubo “accidentes” absolutamente evitables que se cobraron varias vidas. El último episodio ocurrió a fin del año pasado y, desde entonces, se sabía que sin respuestas efectivas no iba a demorar en desatarse una reacción en cadena. Ahora son varios los gremios involucrados en el paro y bloqueo de plantas cerealeras y aceiteras.

Extraoficialmente, pudo saberse ayer que el titular de la CGT, Hugo Moyano, estuvo en contacto telefónico con el ministro Carlos Tomada, pero sus posibilidades de intervención son acotadas: el conflicto involucra a varios gremios y empresas que disputan por cláusulas de convenios colectivos, por lo cual la representatividad recae en los sindicatos y federaciones por actividad, y no en la CGT. Ni el hecho de que la CGT San Lorenzo (Santa Fe) esté al frente de los paros habilitaría formalmente a la central obrera para intervenir. El otro aspecto condicionante es político: la diversidad de gremios participantes le da una heterogeneidad al conflicto que no sería sencillo resolver desde una conducción no reconocida por todos. Por ahora, este es otro de los límites que se le imponen a una eventual convocatoria a las partes (cámaras, empresas y sindicatos de color diverso) lanzada desde la cartera laboral y la CGT para sentarlos a todos a una mesa para negociar.

La otra consideración política a tener en cuenta es que, desde la cartera laboral de la Nación, ven con poca simpatía la postura prescindente que asumió el gobernador Hermes Binner y su Ministerio de Trabajo. “O se hacen los distraídos o no creen tener la entidad política, frente a sindicatos y patrones, para ponerse firmes y resolver”, describió un alto dirigente gremial la posición de las autoridades provinciales.

El conflicto, en tanto, sigue en escalada. Las once plantas agroexportadoras comprometidas en los bloqueos iniciados el martes último empiezan a reaccionar de forma tal que podrían agravar la situación. Seis de ellas (Cargill, Bunge, Noble, Buyatti, Vicentín y Terminal 6) habrían comenzado a enviar telegramas de suspensión a sus empleados, de acuerdo con fuentes sindicales locales. La CGT San Lorenzo amenazó ayer con extender los bloqueos a las rutas si se concretara alguna represalia.

Acerca de la raíz del conflicto, existen dos interpretaciones marcadamente diferenciadas. Desde el sector patronal, hay un indisimulado interés en que el paro se presente exclusivamente como una reivindicación de orden salarial, circunscripto a lograr que todos los trabajadores que cumplen funciones en los puertos agroexportadores accedan a condiciones similares a las obtenidas por el personal aceitero, que a fines de diciembre cerró una negociación en la que se aseguró un salario inicial promedio de cinco mil pesos. Pero ello es sólo parcialmente cierto: el reclamo salarial fue el disparador, pero la medida de fuerza tiene impulso en razones más profundas.

La bronca acumulada tiene origen en los reiterados reclamos de respeto a los convenios por todas las empresas que intevienen en la agropexportación, con nula respuesta empresaria. Los temas de seguridad son ignorados, con extensiones de jornada horaria más allá de lo establecido en convenios, polivalencia funcional, falta de seguridad para quienes trasladan el grano y quienes lo manipulan en el puerto y, englobando todo ello, tercerización de los contratos para tratar de eludir aquellas u otras cláusulas convencionales.

A principios de diciembre, un joven de 22 años, Oscar González, perdió la vida trabajando en las instalaciones portuarias de la aceitera Noble. Quedó sepultado bajo una montaña de materiales en un depósito de dicha empresa. Pero González figuraba como empleado de una empresa contratista y, por lo tanto, no recibía ninguno de los beneficios del convenio aceitero. Tercerización e incumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene quedaron trágicamente cruzados, como componentes de una misma conducta patronal irregular, en esta trágica muerte.

No era la primera en el ámbito del trabajo portuario agroexportador santafesino. Meses antes, un camionero había muerto al ser rociada con agroquímicos y pesticidas la carga que transportaba, pero con el chofer adentro “para no perder tiempo”. El hecho pretendió diluirse buscando mostrar la muerte como ajena a la aplicación de agrotóxicos, pero tampoco ese había sido el primer hecho de similares características, aunque los anteriores hubieran tenido un fin menos trágico (descomposturas, mareos u otros síntomas que afectaron la salud del chofer). Pero fue a partir del fallecimiento de Oscar González que se desató la rabia acumulada y contenida.

La presentación oficial hecha por la cámara de aceiteros, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados ante el Ministerio de Trabajo sólo le reclama que “tome cartas en el asunto para terminar con esta situación” de piquetes obreros que mantiene paralizadas las plantas. Pero no menciona ninguna propuesta para mejorar la situación laboral de sus trabajadores ni la regularización de los tercerizados, una especie de zona ambigua o “gris” entre los trabajadores formales y los no registrados.

Los piquetes siguen instalados en los puertos cerealeros privados de Nidera, Cargill, Bunge, Terminal 6, ACA, Molinos Río de La Plata, La Plata Cereal, en las ciudades de San Lorenzo y Puerto General San Martín. Y en las terminales de embarque Noble y Dreyfus de la localidad de Timbúes. Por cuarta jornada consecutiva, ayer tampoco se pudo cargar granos ni aceite en el principal núcleo agroexportador del país y uno de los mayores del mundo.

Como en el “caso Ferreyra” en el Ferrocarril Roca, los casos trágicos terminan denunciando la existencia de irregularidades graves cometidas por grandes empresas. Concesionarias del tren en un caso, grandes exportadoras en otro. Como demostró el “caso Nidera”, de trabajo esclavo, la brutalidad patronal no se practica exclusivamente en recónditas tierras asiáticas o africanas. El actual paro y bloqueo se extenderá hasta que aparezca un actor político capaz de reunir a las partes e imponerles la obligación de llegar a una solución. Pero si esa agenda de acuerdos no incluye el tema de la tercerización de la mano de obra y la falta de seguridad en las tareas, habrá un conflicto que seguirá latente y esperando otro previsible “accidente” para estallar.