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Las operaciones económicas eludiendo el circuito formal se concretan en diferentes grados en sectores productivos y comerciales. Las autoridades de control realizan su tarea con mayor o menor eficacia para detectar esas maniobras. En congresos y coloquios que reúnen empresarios y economistas del establishment se organizan paneles, elaboran documentos y formulan recomendaciones para combatir la economía marginal. Analistas con predicamento en la sociedad también manifiestan su inquietud por el tema. Este escenario tradicional, donde cada uno de los actores simula su preocupación por la economía no registrada, fue alterado. Algunas intervenciones estatales que no fueron planificadas sino que emergieron a partir de problemas puntuales (falta de monedas, escasez de billetes, diferencias en el precio del trigo) dejaron en evidencia la magnitud del movimiento informal en variadas actividades. Confundidos detrás del discurso contra la injerencia del Estado en los mercados, dirigentes de cámaras empresarias buscan desacreditar iniciativas que apuntan a resolver una situación coyuntural crítica pero terminan obligando a transparentar el giro del negocio.

El Sistema Unico Boleto Electrónico tuvo su impulso por el faltante de monedas en circulación, que provoca trastornos a millones de pasajeros de los medios de transporte. Con bastante retraso las máquinas validadoras se están instalando en los colectivos y en las estaciones de subte y tren. Esa demora tiene su origen en deficiencia en la gestión oficial y pujas por la licitación de las máquinas, pero también por la resistencia de las empresas de transporte. Con el SUBE se conocerá con mayor precisión la cantidad de boletos vendidos y, por lo tanto, se determinará con mayor justeza el monto de los subsidios públicos que debe recibir cada empresa. Ese monto no quedará definido por la dudosa declaración jurada de los dueños de las líneas, sino que esa información estará disponible en tiempo real para los funcionarios. Los empresarios recibirán los fondos correspondientes de los viajes realizados por los usuarios de SUBE dentro de las 24 horas hábiles posteriores al cierre del clearing. El Banco Nación, a través de Nación Servicios SA, tiene a cargo el procesamiento y la recaudación de ese sistema.

A fin de año se generó una situación insólita de escasez de billetes en cajeros automáticos. Esto se originó por deficiencias estructurales de la Casa de la Moneda y demoras en el envío del dinero emitido en Brasil, en un período del año con un importante crecimiento estacional de la demanda de dinero. Además de hacer mejores previsiones para la emisión de billetes, el Banco Central junto a la AFIP quieren implementar la obligatoriedad de contar con posnet en todos los locales comerciales. De esa forma, los clientes pueden pagar con tarjetas de débito o crédito y evitar así el uso de efectivo. La canalización de las operaciones vía tarjeta refuerza los controles sobre el monto a pagar de IVA y Ganancias de los locales. El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, salió a cuestionar la medida al señalar que “la inmensa mayoría de los pequeños empresarios no está bancarizada, lo que dificultará la aplicación del mecanismo”. Ese reconocimiento implícito de la evasión tuvo en su colega cordobés Luis Oliva más énfasis: “parece ser que con la excusa de la falta de billetes, se trata de establecer un mecanismo extra de control impositivo”.

La Mesa de Enlace comenzó el 2011 con un nuevo lockout porque sostenían que los productores de trigo no recibían el precio pleno (FAS teórico) acordado entre el Gobierno con la molinería y exportadoras. La convocatoria al cese de comercialización de granos por una semana orientó la atención sobre cómo está organizado el circuito de compraventa de trigo. Además de la existencia de políticas abusivas por parte de acopiadores, molinos, exportadoras, corredores e intermediarios, ese conflicto dejó al descubierto la presencia de una elevada proporción de operaciones informales. Las críticas a la participación del Estado en el mercado granario tienen su razón última en que las compensaciones, la fijación del precio pleno y el requerimiento del ROE verde (autorización para exportar) obliga a transparentar las transacciones entre diferentes eslabones de la cadena de comercialización de granos. En dependencias oficiales estiman que los movimientos no registrados con el trigo alcanzan el 40 por ciento del total. El reclamo de los miembros de la Mesa de Enlace para que haya una mayor competencia entre molinería y exportadoras por el trigo oculta que especulan con que sin intervención del Estado subiría el valor de la tonelada sin declarar, que hoy se paga de 40 a 60 dólares menos que el precio pleno.

Este tipo de maniobras con los granos no debería sorprender porque es habitual en el sector. Entre enero de 2009 y junio de 2010, la AFIP detectó transacciones que buscaban eludir el pago de impuestos por más de 7 millones de toneladas de soja, maíz y trigo, que involucraron a productores, intermediarios, acopiadores, estudios contables y exportadoras. Página/12 publicó a mediados del año pasado que, según estimaciones de un informe reservado realizado por la AFIP, la evasión en el Impuesto a las Ganancias en el sector agropecuario correspondiente al ejercicio fiscal 2009 alcanzó a no menos de 6500 millones de pesos. En ese documento se calcula que sólo la producción de trigo, maíz y soja generó una obligación fiscal por Ganancias superior a los 10 mil millones de pesos. En la AFIP recibieron declaración por apenas 3500 millones de pesos.

Con el trigo y el resto de la actividad agropecuaria, con el SUBE o con los posnet, el discurso de cámaras empresarias cuestionando el avance estatal en el ámbito privado, con argumentos confusos y contradictorios, tiene no sólo un componente ideológico de distracción para seducir a la platea conservadora, sino uno primario: desarticular los intentos de mejorar el control fiscal sobre el giro escondido de actividades productivas y comerciales.

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