El Ministerio de Justicia ya tiene listo un anteproyecto para reformar la Ley de Adopción, que apunta a combatir el tráfico de bebés y a privilegiar el interés de los niños y niñas. La propuesta legislativa, elaborada por una comisión de expertos que empezó a trabajar en diciembre, prohíbe la práctica extendida de las denominadas “guardas puestas”, mediante la cual una pareja se pone en contacto con una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, a través de un estudio de abogados y al margen del sistema oficial de adopción, y logra la tenencia de una criatura en un procedimiento que suele ser luego convalidado por los jueces. El proyecto, además, prevé sanciones penales para los “intermediarios”, elimina la exigencia de que los postulantes estén casados y permite que los niños y niñas puedan acceder a su expediente de adopción antes de cumplir los 18 años.

La comisión elevará al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, un informe con el proyecto de ley y las recomendaciones. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que la reforma de la actual normativa, sancionada en 1997, estará en la agenda parlamentaria de este año. “Se necesita una ley que proteja a los menores y (para) que las familias desesperadas por tener un hijo no cometan maniobras ilegales. No podemos seguir teniendo esta ley”, dijo la mandataria en esa oportunidad.

La comisión fue convocada por Alak a fines de 2010 para estudiar y analizar el régimen de adopción. La integraron especialistas de distintos ámbitos, entre ellos la coordinadora del Programa las Víctimas contra las Violencias y presidenta del Consejo Consultivo del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Dnrua), Eva Giberti. El equipo de trabajo fue coordinado por el secretario de Asuntos Registrales del ministerio, Oscar Martini. También formaron parte de la comisión la directora nacional de la Dnrua, Federica Otero, y representantes de la Defensoría General de la Nación, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Junta Federal de Cortes y Tribunales de Justicia y otros organismos vinculados a la temática. Durante su trabajo, escucharon las inquietudes de grupos de padres adoptivos y aspirantes a la adopción, según pudo saber Página/12.

La reforma a la Ley de Adopción es una asignatura pendiente, ya que la norma vigente no se enmarca en la Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia. La ley, advirtieron en la comisión, no privilegia claramente los lazos del niño con su familia de origen y su entorno familiar.

Los puntos centrales del anteproyecto son:

- Prohíbe las denominadas “guardas puestas”. Esta práctica frecuente consiste en que a través de un estudio de abogados o una escribanía una pareja que quiere adoptar una criatura se pone en contacto con una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad social dispuesta a entregar el bebé. A veces le pagan, a veces no. Una vez que nace el niño, empieza a vivir con la nueva familia, que tiempo después se presenta ante un juez, con la madre biológica, y pide la validación de la guarda. Estas maniobras “quitan” del sistema de adopción oficial niños y niñas que podrían ser adoptados por quienes se han anotado –como corresponde– en los respectivos registros de adopción que funcionan en las provincias.

- Propone sanciones penales para los “intermediarios” de las “guardas puestas”.

- Garantiza el pleno ejercicio del derecho a la identidad en el proceso de adopción.

- Permite que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a su expediente de adopción antes de los 18 años. Actualmente recién a partir de esa edad pueden pedirlo. El anteproyecto prevé que tengan un acompañamiento legal.

- No es necesario que los aspirantes a la adopción estén casados. Pueden estar en concubinato.

- Solamente podrán ser evaluados si están capacitados para “prohijar” por especialistas de los registros. Es decir, ya no tendrán que ir a una entidad privada que se dedica a “armar carpetas” para aspirantes a adoptar.

- Baja la edad para postularse a 25 años. El máximo es 60 años.

Junto con la propuesta legislativa, la comisión redactó una serie de recomendaciones para que se lleven adelante diversas medidas, como una campaña pública para instituir socialmente el concepto de que la adopción es un camino para garantizar el derecho de todo chico y chica a vivir en una familia y no una herramienta para que una pareja –que no puede concebir– consiga una criatura. Las recomendaciones incluyen acciones puntuales para reducir los tiempos que los niños transcurren innecesariamente institucionalizados en hogares, hospitales y familias de acogimiento. El objetivo es que se aceleren los tiempos para decretar el estado de “adoptabilidad”. Actualmente hay niños y niñas que llegan a adolescentes internados en instituciones, sin que los jueces que los tienen a cargo resuelvan que pueden ser dados en adopción.

En la Cámara de Diputados hay varias iniciativas que apuntan a modificar la ley vigente, entre ellas una presentada hace un año por la diputada María Luisa Storani (UCR-Coalición Cívica). Ese proyecto también apunta a privilegiar el interés superior de los niños por sobre el de los adoptantes, en sintonía con la propuesta de la comisión, que sería enviada próximamente al Congreso.

La comisión de expertos señala también la necesidad de crear un programa de apoyo a las familias de origen –y no sólo a la mujer embarazada– en condiciones de vulnerabilidad. Y recomienda expresamente que adhieran al Registro Unico de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos las provincias que todavía no lo han hecho. Algunas de ellas han tenido escandalosos casos de tráfico de niños. Las jurisdicciones que han adherido al Ruaga son la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Además, han presentado proyectos de ley ante sus legislaturas Mendoza, Chaco, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero.