La Cámara de Diputados aprobó definitivamente la regulación de las empresas de medicina prepaga (EMP) por 190 votos afirmativos y 29 abstenciones (PRO y CC). Fue en una sesión especial convocada por el Frente para la Victoria, que pudo realizarse a partir del quórum alcanzado juntamente con Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, el socialismo y partidos provinciales. El resto de la oposición sólo bajó al recinto una vez iniciado el debate. La iniciativa en cuestión elimina los períodos de carencia, las enfermedades preexistentes como condicionante para aceptar nuevos afiliados y limita la arbitrariedad de las compañías para aplicar aumentos de tarifas (ver aparte). La sanción puso fin a un debate iniciado hace más de cinco años y que pudo concluirse a pesar de la presión en contra ejercida por las empresas del sector y los distintos diputados que en el último año presentaron objeciones, con la intencionalidad de retrasar el trámite parlamentario.

“Esta ley se construyó en base a las denuncias permanentes de los usuarios y consumidores que pertenecen al sistema de medicina prepaga. Es una normativa que tutela al eslabón más débil de la cadena, a los mayores de 65 años que sufren un aumento de cuota desproporcionado, o a aquella familia que tiene un hijo recién nacido con un problema congénito y no es admitido por la prepaga. Esos son los eslabones más débiles que a partir de hoy quedarán protegidos”, detalló Agustín Rossi, presidente del bloque oficialista, al cierre de la sesión.

El primer tratamiento de este tema en el recinto había sido en 2008, en base a un proyecto presentado por las ex diputadas Patricia Vaca Narvaja –actual embajadora en México– y Graciela Rosso –actual intendenta de Luján–, con aportes de Leonardo Gorbacks, actual funcionario en la Jefatura de Gabinete. La media sanción de la Cámara baja se había conseguido el 27 de agosto de ese año, por unanimidad. Incluso, había sido acompañada por los bloques que ayer se abstuvieron de votar y que en sus argumentaciones se expresaron en contra, como el caso del PRO. “Esta iniciativa bajará la calidad de atención de los usuarios y de todo el sistema de salud. Por eso dentro de un mes presentaremos un proyecto integral de salud. Quizás en esta integralidad que proponemos, las prepagas puedan brindar un mejor servicio”, afirmó Gabriela Michetti (PRO), argumento que fue replicado casi textualmente por Cynthia Hotton (Valores para mi país).

El bloque que también se abstuvo fue el de la Coalición Cívica, que tenía un dictamen en minoría que ratificaba la media sanción original de Diputados. “Los cambios que se realizaron en el Senado fueron parte de un acuerdo entre el radicalismo y el FpV. La unanimidad que se había alcanzado en Diputados se rompió allá. Nos sorprende de algunos bloques de la oposición, que piensan que la única manera de regular a las prepagas es aceptando el acuerdo entre el radicalismo y el oficialismo”, disparó Juan Carlos Morán (CC). Las líderes de ese bloque, Elisa Carrió y Patricia Bullrich, faltaron a la sesión, de gira por los Estados Unidos.

Si bien los diputados del PRO y la CC dijeron que votarían en contra del proyecto que había llegado del Senado, optaron por la salida más elegante de la abstención y evitaron cargar con un voto “no positivo” a una ley que beneficia a 4,5 millones de usuarios de la medicina prepaga, en un sector que factura más de 15.000 millones de pesos por año, “con cinco empresas predominantes que tienen el 75 por ciento del mercado”, como señaló el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur).

El lobby en contra de esta ley estuvo protagonizado tanto por las empresas como por algunos legisladores. Como señaló Héctor Polino (Consumidores Libres) la semana pasada durante un seminario organizado por la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, entre el primer tratamiento del proyecto y la sanción de ayer “hubo silencio por parte de las empresas para evitar cualquier tratamiento del proyecto”. Por otro lado, la iniciativa también estuvo frenada un año y medio por la presidencia de la Comisión de Salud del Senado a cargo de Haidee Giri (FpV), y luego por el radical José Cano, que recién actuó al final del año pasado, cuando la norma estaba por perder estado parlamentario y el reclamo de las organizaciones de defensa de los consumidores había crecido en intensidad.

“Hoy quedó blanco sobre negro quiénes legislan y a veces piensan en la gente y quiénes son representantes, en las sombras, de las empresas. Quedó claro quiénes dicen que las prepagas van a quebrar o que el servicio perderá calidad y después se abstienen en la votación”, destacó Roberto Zorzoli, uno de los especialistas que trabajó en la redacción del proyecto original como asesor de la entonces diputada Vaca Narvaja.

En la puja por esta ley, las prepagas habían festejado el año pasado cuando el Senado realizó dos modificaciones al proyecto original, una relacionada con el alcance de la norma, que dejó afuera a las obras sociales sindicales, mutuales y cooperativas, y otra que eliminó un artículo que las obligaba a tener “reservas técnicas” en instrumentos financieros. El festejo estuvo explicado porque, a partir de los cambios, la norma debía volver a Diputados. Su apuesta de máxima fue evitar el avance del debate. Por otro lado, esas modificaciones habían sido propuestas también por el ministro de Salud, Juan Manzur.

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