El fiscal federal Jorge Di Lello sostuvo que hay suficientes sospechas para abrir una investigación penal contra su colega Juan Martín Romero Victorica, quien fue denunciado por una nieta recuperada, Victoria Montenegro, por anticiparle a su apropiador información sobre la causa en su contra y ponerle abogados para facilitarle su salida de la cárcel, incluso sabiendo que “había sido el asesino” de sus padres. Así lo planteó Di Lello en un dictamen que le presentó al juez Norberto Oyarbide, con el que quedó formalmente abierta la causa. En el escrito, Di Lello propuso una serie de medidas iniciales, entre ellas el testimonio del ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, que tuvo la causa de la apropiación, una ampliación del relato de Victoria y, en función de eso, un listado de llamados telefónicos entrantes y salientes. Paralelamente, avanza en la Procuración General de la Nación un expediente administrativo que podría derivar en el juicio político del fiscal cuestionado.

La denuncia que le tocó a Oyarbide la hizo el Tribunal Oral Federal Nº6 (TOF6), que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. Allí, la semana pasada Victoria Montenegro se animó a contar por primera vez que su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff (fallecido), era amigo del fiscal ante la Cámara de Casación, Romero Victorica, ya en 1992, quien lo mantenía informado sobre su situación judicial y le anticipaba medidas en marcha hasta con “veinte días” de antelación.

Victoria es hija de Hilda Torres y Roque Montenegro, que eran militantes de la Juventud Peronista y luego del ERP, y recuperó su identidad en el año 2000. Su apropiador, contó ella, llegó a decirle que él mismo había matado a sus padres en un operativo en la casa donde vivían.

En un dictamen de seis carillas, al que accedió Página/12, Di Lello transcribió algunos párrafos de la declaración de Victoria que podrían resultar relevantes para la pesquisa que relaciona a Romero Victorica con el represor, que fue jefe de grupos de tareas en El Vesubio y de Comunicaciones en Campo de Mayo:

- La joven contó que ella habló por primera vez con Romero Victorica el día que detuvieron a Tetzlaff, por orden del juez Marquevich. “Llama a casa (...) me dice que yo me quede tranquila (...) ‘que iba a poner unos amigos de él para que lo saquen’.” Precisó que puso tres abogados que sus apropiadores “jamás habrían podido pagar”. Uno era el ex juez de la dictadura Martín Anzoátegui, otro (Federico) Casal y un sobrino de Romero Victorica, que sería Mariano. “Sacaron a Herman a los tres meses”, dijo.

- Declaró que Tetzlaff le decía que Romero Victorica era “de la causa”, y que con eso se refería a lo que consideraba “la lucha contra los apátridas, los subversivos”. “Llamaba a casa y también (lo) llamaba Herman” o lo iba a ver a su despacho en Comodoro Py, afirmó. Ella también lo fue a ver, dijo, para consultarlo cuando al conocer su identidad debió cambiar su documento. Lo explicó para confirmar que el fiscal sabía que ella era una niña apropiada. “Si lo habré tenido acá al gordo”, rememoró que le dijo Romero Victorica en alusión a Tetzlaff.

- La última vez que vio al fiscal de Casación, dijo Victoria, “estábamos hablando de Herman y le digo, bueno, yo sé que era jefe del grupo de tareas, era jefe del operativo, por eso se queda conmigo (...) y entonces me agarra del hombro y me dice ‘él tenía un motivo mucho más fuerte para volver a buscarte’”. Romero Victorica, enfatizó ella, “ya sabía que (Tetzlaff) era el asesino de mis padres. Ya estaba al tanto”.

Di Lello quiere que Victoria sólo vuelva a declarar para precisar una serie de fechas. También le pidió a Oyarbide que pida un expediente sobre Tetzlaff que, según la chica, habría tramitado en Morón, donde el apropiador habría tenido un juez aliado, y también propuso que declare Marquevich. Luego intentaría rastrear llamadas entrantes y salientes, si es que queda algún registro. Los delitos que podrían imputarle a Romero Victorica van desde incumplimiento de deberes hasta encubrimiento y prevaricato. Entre tanto, la Procuración General intimó al fiscal el viernes último a que presente un descargo en cinco días. Luego una comisión evaluadora dirá si hay elementos para impulsar su juicio político.