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El Financial Action Task Force (GAFI, en español) es un organismo intergubernamental, con sede en París, integrado por 34 países y 2 organizaciones regionales cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Argentina es uno de sus miembros y el miércoles pasado el Senado convirtió en ley un proyecto que modifica el Código Penal definiendo como un delito autónomo el lavado de activos provenientes de ilícitos. De esa forma, operaciones de evasión tributaria o de narcotráfico también serán alcanzadas con esa nueva tipificación penal. La sanción de esa norma evita eventuales sanciones al país por parte del GAFI, al trascender la amenaza que en el próximo encuentro en dos semanas de ese organismo en México lo ubicarían en una lista negra de plaza sospechosa de permitir el lavado de dinero. Esta ley es un importante avance del marco institucional local. El lavado de dinero en términos generales se desarrolla en un marco de funcionamiento de mercados financieros desregulados y en la existencia de los denominados paraísos fiscales. Estados Unidos y Gran Bretaña son integrantes del GAFI y en su propio territorio (el estado de Delaware y la city de Londres) funcionan espacios de opacidad financiera e informativa, amigables con transacciones que pueden ser consideradas de lavado de dinero.

El término “lavado de dinero” se refiere a dar apariencia lícita a dinero obtenido de manera ilícita, y esa definición fue motivada a partir de las actividades del jefe mafioso Al Capone. En las primeras décadas del siglo pasado, la fortuna que acumulaba por sus operaciones ilegales era ingresada al circuito de la economía formal a partir de su negocio de lavado y entintado de textiles. El GAFI fue creado en 1989 por el G-7, países más industrializados. En 1990 emitió cuarenta recomendaciones para perseguir el delito de lavado de dinero, a las que luego del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York se les agregaron otras nueve para castigar el financiamiento del terrorismo. En los últimos años se ha intensificado a nivel internacional la arenga de organismos multilaterales para el combate del movimiento de millonarios fondos de origen en actividades ilegales.

Esa prédica contra el lavado no se traduce en transformaciones profundas en el funcionamiento de las finanzas globales, que facilitan ese flujo de dinero oscuro que busca blanquearse. Esa peculiar conducta también se observa en Argentina, donde guardianes de la República (grandes compañías y empresarios) cuestionan la inacción en el combate de ese delito, al tiempo que existen causas abiertas que los involucran en operaciones de lavado. Para analizar si cada uno de los países cumple con sus obligaciones, el GAFI prevé mecanismos de autoevaluación que hace cada país internamente para corroborar el ajuste de su derecho interno con sus recomendaciones, y un mecanismo de evaluaciones mutuas, que está a cargo de especialistas de diferentes países (de las áreas financiera, legal y operativa), quienes integran un equipo evaluador que visita cada país. La ley aprobada vino a saldar esas dos exigencias, que evita ingresar en una lista negra del GAFI, que en febrero de este año difundió una con 31 países. Los integrantes de esa nómina fueron evaluados con deficiencias en su compromiso político para aplicar un plan de acción contra el lavado. El GAFI aclara que cada uno de esos países presenta diferentes niveles de carencias en su normativa, entre los que se encuentra Angola, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Etiopía, Grecia, Honduras, Indonesia, Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Tailandia, Turquía, Venezuela, Vietnam, Ucrania.

Estos países tienen una frontera débil en el control de lavado según las reglas del GAFI. Pero varios de los miembros más importantes de esa organización exhiben una normativa estricta en el movimiento de dinero en su propia economía pero tienen a la vez un control flexible en la regulación de las finanzas, actividad que es lubricante esencial para facilitar el lavado de dinero. Los paraísos fiscales, a partir del estallido de la crisis en 2008, empezaron a ser cuestionados. Esas plazas son el refugio de millonarios fondos de origen ilícito que quedan protegidos por una normativa global de desregulación del flujo de los capitales financieros. Ese movimiento de fondos tiene impactos desestabilizadores sobre el crecimiento de los países y efectos regresivos en el plano sociopolítico. En el documento del Cefid-Ar “La Fuga de Capitales II”, elaborado por Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada, se analiza el papel de los paraísos fiscales en la estructura de las finanzas global. Presentan el informe preparado por la ONG Tax Justice Network sobre una clasificación de los paraísos fiscales (secrecy jurisdictions), de acuerdo a un “Indice de Secreto Financiero”. Este índice combina indicadores acerca del grado de opacidad de las operaciones posibles en cada paraíso con su importancia relativa a escala global en términos económico-financieros. “Una rápida revisión de los resultados de este importante trabajo, para el año 2009, permite esclarecer muchas cuestiones relevantes, sumidas hasta ahora en la bruma (al menos, para la opinión pública global)”, mencionan esos investigadores.

De ese ranking surgen resultados sorprendentes: los paraísos más importantes por ser los más opacos y de mayor significación económico-financiera están localizados en territorios de países desarrollados. Esa troika de expertos resalta que “se trata de 8 de los 10 primeros y 12 de los 15 primeros del ranking de Tax Justice Network. Sólo Singapur (puesto 7), Hong Kong (10) y Bahrein (14) están localizados en Asia, vale decir en territorios no occidentales”. El paraíso que ocupa el primer lugar en el ranking es el estadounidense estado de Delaware, el segundo y el tercero son europeos continentales, Luxemburgo y Suiza, el cuarto caribeño, islas Cayman, y el quinto la city de Londres. “Los índices correspondientes a estos primeros cinco paraísos muestran claramente su centralidad, su importancia relativa en la actividad económico-financiera global”, afirman esos economistas. Para concluir que “en los últimos años hubo respuestas cosméticas, inconsistentes, por parte del mundo desarrollado, entre ellas se destacan las listas negras de paraísos fiscales o centros offshore elaboradas y difundidas por la OCDE en los años 2000 y 2009”.

Las leyes que sirven para combatir el lavado de dinero, como la reciente aprobada en el país, son imprescindibles para disuadir el movimiento de fondos de origen ilícito. Esa norma sirve para satisfacer reglas establecidas por el GAFI, organismo que mostraría más audacia en su accionar, además de alentar a los países a adecuar su legislación, si volcara también esfuerzos en cuestionar los paraísos fiscales protegidos por las potencias que son refugio de operaciones económico-financieras oscuras.

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