El Grupo Techint demoró poco más de tres meses en cumplir con una norma legal que protege los derechos políticos y económicos de un accionista minoritario, en este caso la Anses. El Estado propuso y fueron aceptados en asamblea los nombres de sus tres representantes que participarán en el directorio de Siderar de acuerdo con su tenencia accionaria, que se eleva al 25,97 por ciento. El holding de la familia Rocca se resistió a esa decisión del Gobierno dispuesta con el respaldo legal que brinda la Ley de Sociedades Comerciales, además de pretender ejercer el derecho de veto sobre una persona elegida, el destacado investigador y economista Axel Kicillof. En una estrategia pública desconocida del grupo llevó el caso hasta la Justicia, probablemente influido por otras rebeldías corporativas a leyes sancionadas por amplia mayoría en el Congreso. No existen muchos antecedentes en el mundo de grandes empresas litigando contra su propio Estado, más aún por aspectos secundarios de la actividad económica de la firma. La negociación y los acuerdos integran el menú tradicional del vínculo entre el sector privado y los gobiernos, porque los grandes empresarios privilegian la preservación de su patrimonio y la posibilidad de seguir desarrollando su negocio. Así pasa en todos los países con una burguesía relativamente consolidada, donde esa elite ha podido ser disciplinada por el Estado.

Ese disciplinamiento no tiene que ver con obediencia o subordinación a un gobierno, como traduce el rústico análisis conservador fascinado con muletillas como “capitalismo de amigos” o “empresarios silenciados por temor a represalias” o, más vulgar, “empresarios K o ultra K”. El economista chileno de la Universidad de Cambridge, Gabriel Palma, lo explica en forma muy didáctica: “El Estado debe recuperar su capacidad para disciplinar a las elites capitalistas. Además de dar subsidios, los gobiernos deben poder reclamar que las empresas aumenten sus exportaciones, inviertan, innoven e impulsen el cambio tecnológico”. Describe que en América latina el 10 por ciento más rico de la población se lleva el 45 por ciento de la torta, pero la inversión privada es el 15 por ciento. Critica entonces que solamente un tercio de lo que se apropian las elites capitalistas vuelve a la economía como inversión productiva, cambio tecnológico e innovación. En esa instancia ofrece una comparación que descoloca a la corriente de pensamiento neoliberal que cuestiona controles e intervenciones del Estado al tiempo que elogia experiencia de desarrollo de otros países, como la de los asiáticos. Palma señala que en Asia entre el 66 y 75 por ciento de la riqueza de la que se apropian las elites es reinvertida en la producción. “No son diferentes los capitalistas, sino la capacidad del gobierno para disciplinarlos”, concluyó el especialista chileno.

Aldo Ferrer señala lo mismo en su concepto “densidad nacional” cuando afirma que no es un tema cultural o de idiosincrasia de las elites, puesto que afirma que si ese mismo empresario asiático pujante, inversor e innovador es trasladado a la economía argentina sin un Estado activo disciplinador, rápidamente se adaptará y absorberá los vicios de las conductas locales. ¿Por qué actuarían diferente?, se pregunta alentando la necesidad de trabajar en la conformación de una densidad nacional. La elite local es difícil de disciplinar porque arrastra décadas de convivir con un Estado pasivo o capturado por intereses corporativos, lo que no significa que ahora ciertas áreas de gestión pública sean inmunes. El caso Techint con la Anses tiene relevancia porque es una señal en sentido inverso a ese comportamiento histórico.

La experiencia de Corea del Sur brinda interesantes enseñanzas en relación al vínculo de las elites con el Estado. Resulta un antecedente para estudiar sin considerar si puede o no ser imitado. A comienzos de los años sesenta Corea del Sur era un país pobre dedicado fundamentalmente a la agricultura. Empezó a tomar una serie de medidas para convertirse en una economía independiente sobre la base de un “capitalismo dirigido”. Las políticas públicas se centraron expresamente en el desarrollo de capacidad industrial y tecnología nacional, con el fin de adquirir competitividad internacional. El objetivo fue el de fortalecer los conglomerados nacionales (chaebols) y la recepción de inversión extranjera directa no influyó en esa etapa de la estrategia de desarrollo del país. El notable aumento del PIB que se produjo en las décadas posteriores respondió a un proceso de industrialización orientado al exterior, que convirtió a Corea en la décima economía mundial. La investigadora Alice Amsden destaca en Asia’s new giant: South Korea and late industrialization, de la Universidad de Oxford, que un elemento central de la política económica coreana fue que el gobierno pudo disciplinar al sector privado para asegurar el cumplimiento de ciertos objetivos al introducir distintas clases de incentivos y subsidios que beneficiaban a los chaebols, que se comprometían a alcanzar las metas propuestas bajo el rigor estatal.

El comportamiento de las elites es de suma relevancia para entender la dinámica económica, social y política. Esa importancia se muestra porque juegan un papel central en el proceso de acumulación de capital y porque el accionar colectivo e individual de sus miembros suele incidir en la determinación de las políticas públicas, en especial, aquellas que definen la orientación de la intervención económica estatal. En el mundo académico, especialistas dedicados a estudiar modelos de desarrollo, basados en casos de países de diferentes características sociales, culturales y económicas, coinciden en que resulta fundamental la existencia de un Estado activo en su intervención en la economía y con capacidad de disciplinar y de negociar en relativa igualdad de condiciones con grupos empresarios. Esa condición elemental provoca reacciones destempladas e indignadas de una elite local, acompañada de un eco disciplinado de voceros, ante cualquier intento de control del sector privado y participación del Estado en la economía.

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