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La propiedad y uso de la tierra tienen una indudable importancia social, económica y política. Esa relevancia histórica es hoy mayor por la crisis en Estados Unidos y Europa, que determina una marcada incertidumbre sobre el sistema monetario mundial. La debilidad del dólar como moneda de aceptación universal y el deterioro del euro como eventual sustituto están provocando estrategias defensivas de grandes inversores y bancas centrales de países con excedentes para preservar el valor de sus patrimonios. Una de ellas es la compra de activos físicos, inmuebles urbanos y rurales, como también la acumulación de oro como reserva de valor. En ese contexto de reordenamiento en el funcionamiento del capitalismo global, que está lanzado sin certezas sobre cuál puede ser el saldo final, es conveniente poseer de un norma que regule la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Demorar el debate o confundirlo, por razones electorales o para proteger intereses de grupos económicos, por fuerzas de la oposición e incluso por dirigentes de la Federación Agraria que han tenido como bandera histórica esa cuestión, sólo favorece a capitales financieros y a potencias emergentes que buscan garantizar su propio abastecimiento de materias primas. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que ya ha tenido modificaciones en discusiones de comisión en Diputados, no aborda en toda su dimensión el uso, acceso y propiedad de la tierra. Pero es un avance para empezar a complejizar esa cuestión sensible para el poder económico a partir de un aspecto básico: saber quiénes son los dueños de las tierras a partir de que la norma crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y que dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial a nivel nacional.

Esta iniciativa tiene la virtud de plantear un debate que ha sido históricamente postergado por el poder político. Una ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales es una cuestión estratégica para el país en el nuevo orden económico mundial. El proyecto establece una serie de limitaciones a la venta de campos a extranjeros. Esa restricción es un primer paso para generar las condiciones para abrir la discusión acerca de cómo está distribuida la tierra en el territorio nacional, quiénes son los dueños de los campos, qué uso se hace del suelo y cuánto contribuyen al fisco los propietarios de ese recurso natural estratégico.

Uno de los aspectos más complejos de la norma tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, se prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. Sin ese relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales, no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera.

Resulta notable el vacío normativo y de información existente sobre los dueños de campos en uno de los países con mayor cantidad y fertilidad de tierras del mundo. La historiadora y especialista en desarrollo rural Silvia Lilian Ferro señala esa increíble carencia destacando que, de los cuatro países del Mercosur, sólo Argentina no posee un organismo público nacional para fijar políticas de distribución de tierras en su territorio. Detalla que Brasil tiene el Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrária; Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra; Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización. Lilian Ferro explica que “en el país existió un Consejo Agrario Nacional, creado en la década del ’30 para ese fin, que después de décadas de paralización por parte de diferentes gobiernos militares fue eliminado en 1980 por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz”. El proyectado relevamiento catastral, que deberá superar las resistencias de dependencias provinciales bien dispuestas a las inquietudes de los grandes propietarios de campos, facilitaría la recuperación de ese tipo de organismo.

Esa ausencia informativa del Estado fue ocupada por especialistas que se dedicaron a indagar quiénes son los grandes propietarios de campos. Entre esas investigaciones se destacan las realizadas por Eduardo Basualdo en Flacso, focalizadas en la provincia de Buenos Aires, una de las zonas agropecuarias más ricas. En su libro Estudios de historia económica argentina apunta que, en 1996, en la provincia de Buenos Aires existían en total 1250 propietarios con más de 2500 hectáreas, desagregados de la siguiente manera:

- 740, entre 2500 y 4999 hectáreas.
- 255, entre 5000 a 7499 hectáreas.
- 94, entre 7500 y 9999 hectáreas.
- 107, entre 10.000 y 19.999 hectáreas
- 54, de 20.000 en adelante, incluidos los estados nacional y provinciales.

En conjunto, son dueños de 8,7 millones de hectáreas, algo más del 32 por ciento del total de la provincia.

Basualdo ubica como causa central del predominio dentro del campo argentino de los grandes propietarios de más de 20.000 hectáreas la posibilidad de aprovechar economías de escala. En los últimos quince años, el proceso de transformación en la forma de organización y de desarrollo técnico-productivo del campo ha provocado una acelerada concentración de la producción, y no así la de la tierra. Esta ya se encontraba históricamente en pocas manos. Lo que se ha verificado es una enorme concentración de la producción sobre tierras arrendadas, lo que ha provocado una profunda alteración de la estructura económica y social del campo. La propiedad de la tierra sigue tanto o más concentrada que antes, fenómeno que se asocia ahora con el actual proceso de concentración de la producción. Esta es fruto de la irrupción de nuevas formas de funcionamiento de la actividad para operar con economías de escala, con una elevada participación del capital financiero y extrasectorial que alquila grandes extensiones, apropiándose de gran parte de la rentabilidad agraria sin inmovilizar recursos con la adquisición de tierra.

La mayor presencia de capitales extranjeros en la propiedad de la tierra se observa en áreas extrapampeanas. En zonas donde se concentran otros recursos naturales, como el agua, petróleo o minerales, en la Patagonia, en los esteros del Iberá, y en áreas de seguridad de frontera, entre las más importantes. En los últimos veinte años ha habido una creciente inversión de capitales del exterior en amplias extensiones de tierras, y ahora se han manifestado voluntades de incrementarla, como el proyecto de China en Río Negro o el emprendimiento de capitales privados de India, según el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, o el plan para el Impenetrable chaqueño del sheik Mohamed Alkhorayef de Arabia Saudita.

Esa creciente participación de capitales del exterior se verifica al mismo tiempo de la expansión de la frontera agropecuaria, que genera un proceso de concentración de la producción, además de venta de campos por parte de pequeños productores. En el debate sobre la tenencia de la tierra y la limitación a extranjeros es necesario vincular, como propone Basualdo, la distribución de la propiedad rural con la producción de los campos pertenecientes a los grandes propietarios.

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