El Gobierno anunció un nuevo esquema de comercialización para el trigo. A partir de ahora, una vez que esté garantizada la seguridad alimentaria (calculada en siete millones de toneladas), el mercado quedará totalmente liberado. La clave del nuevo esquema radica en que los distintos actores del sistema deberán tener declarada toda su cosecha y, en función de ese “blanqueo”, podrán solicitar los permisos de exportación. “Se eliminaron los cupos de ventas al exterior. Desde ahora, cada uno podrá vender como quiera”, afirmó el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, durante la conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Comercio Interior. Es decir que las cooperativas, nucleadas en AFA y ACA, podrán competir en igualdad de condiciones con las grandes exportadoras, que eran las que fijaban dichos cupos.

El acuerdo fue rubricado en las oficinas del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Una vez que el funcionario abrió la reunión, le pasó la palabra a Yauhar para que explicara los detalles del acuerdo. Por el lado de los empresarios, escucharon los representantes de Cargill, Bunge, Dreyfus, las cooperativas ACA (vinculada con Coninagro) y AFA (vinculada con Federación Agraria). También estuvieron los representantes de la industria molinera, corredores y otras entidades agropecuarias.

El nuevo esquema contempla la obligación para todos los productores y exportadores trigueros de completar una única declaración jurada anual, que todavía está en proceso de confección, según lo anunciado ayer por el ministro del área. Entre el 15 de enero y el 31 del mismo mes, Agricultura realizará una primera estimación de lo declarado y cruzará esa información con sus propios cálculos de existencias. En ese período de 15 días, el Ejecutivo pretende tener declarado las siete millones de toneladas para consumo interno. De esta manera realizará una primera apertura del mercado. La segunda etapa de la declaración jurada terminará el 28 de febrero. Para esta fecha, tanto el Gobierno como los productores sabrán cuánto será el saldo exportable total de la actual campaña, que podrá comercializarse sin cupos.

La actual cosecha está calculada en unas 13 millones de toneladas, que se suman a un remanente de tres millones de la anterior campaña. De ese total, siete millones serán para el mercado interno. De las nueve millones de toneladas remanentes, tres millones ya fueron autorizadas bajo el viejo sistema. Por lo tanto, quedarían liberadas seis millones de toneladas.

“Las pautas han sido las conversadas con los distintos sectores. Armamos un esquema que le permita al Estado facilitar el control de la venta interna y externa a través de las declaraciones juradas que deberá presentar el productor ante la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci)”, sostuvo Yauhar.

Bajo el anterior esquema de comercialización, regido por los cupos de exportación que eran distribuidos por las grandes multinacionales y avalados por Comercio Interior, los exportadores solían realizar contratos a futuro a corto plazo (entre 15 y 30 días) sin contar con la mercadería. De esta manera podían controlar los precios del trigo y terminaban pagando entre 40 y 50 dólares menos que la cotización internacional. Ahora, los contratos cortos no podrán ser inferiores a 90 días. Si se quiere comercializar a un menor plazo, las operaciones deberán pasar por las bolsas de comercio y los mercados a término.

“Este nuevo esquema obligará a los jugadores a salir a comprar la mercadería para exportarla. Volveremos a ver movimiento en las pizarras de las bolsas de cereales. Por eso es una medida aceptada por todos los sectores”, afirmó a Página/12 Oscar Solís, subsecretario de Agricultura. Este mismo esquema será replicado para la comercialización del maíz. En este caso, el abastecimiento interno estará determinado por la cantidad de granos necesarios para el engorde del ganado vacuno, porcino y aviar. El anuncio podría realizarse a mediados de febrero.