Los dueños de las tierras bonaerenses pagan 47 pesos en promedio por hectárea al año por el impuesto inmobiliario rural. Por un campo de 176 hectáreas en General Madariaga, en el sudeste de la provincia donde la soja desplaza a la tradicional actividad ganadera, abonan 1800 pesos al año por el inmobiliario rural, cuando esa propiedad tiene un valor de mercado aproximadamente de 2,3 millones de pesos. Mientras tanto, el dueño de un Renault Sandero modelo 2011 paga 2700 pesos por la patente de su auto. La introducción de una reforma tributaria que equipararía, a partir de la actualización del valor fiscal de las tierras, el monto que pagan los dueños de los campos más ricos del país y el automovilista del ejemplo despertó la oposición violenta de las cámaras patronales agropecuarias, que el jueves pasado intentaron evitar el avance de la iniciativa forzando el ingreso a la legislatura provincial.

El aspecto central de los cambios en ese impuesto patrimonial, que rechazan las cámaras empresarias agropecuarias, es la actualización del valor fiscal de la tierra, el monto utilizado para determinar cuánto pagarán de impuestos por sus propiedades. Las presiones de las entidades patronales, encabezadas por Carbap, y las sucesivas alianzas que tejieron con los distintos gobiernos provinciales, lograron que esas valuaciones se mantengan congeladas hace más de 15 años. Esa subvaluación fiscal de la tierra convive con un escenario de valorización explosiva en el precio de los campos y un extraordinario incremento en los niveles de rentabilidad por el alza internacional de los commodities agrarios. En distritos donde el precio de la hectárea supera los 45 mil pesos (10 mil dólares), el valor que se toma en cuenta para determinar el impuesto inmobiliario rural no supera los 1200 pesos (270 dólares). Así, un impuesto que llegó a representar el 10 por ciento de la recaudación de la provincia alcanzó solamente al 2 por ciento en 2011. La reforma del tributo patrimonial permitirá recaudar 300 millones de pesos adicionales, un aumento del 30 por ciento.

Distorsiones

Hoy un propietario de 30 hectáreas en San Andrés de Giles, donde el valor de la hectárea oscila de 5500 a 10.000 dólares, o uno de 60 hectáreas en la zona lechera de Navarro, pagan 1500 pesos al año por el impuesto inmobiliario rural, una cifra muy cercana al desembolso por el impuesto automotor de un trabajador de Villa Madero dueño de un Ford Fiesta modelo 2006.

No se trata de casos aislados sino de la regla. El dueño de 96 hectáreas en Salliqueló, un campo valuado en dos millones de pesos en el oeste de la provincia, o el propietario de 168 hectáreas en General Alvear, terreno para la cría con un precio de mercado de 1,3 millón de pesos, pagan menos por el impuesto inmobiliario rural que el dueño de una Volkswagen Suran modelo 2010. En las condiciones vigentes, se registran casos en los que el monto del impuesto que paga un empresario por sus tierras en Lobos o Chivilcoy, terrenos valuados en más de un millón de pesos, está por debajo de lo que ingresan en concepto de patentes por sus camionetas.

La falta de actualización del valor de la tierra y su reemplazo por coeficientes zonales de ajuste, indicó a Página/12 Agustín Lodola, director de Política Tributaria de la provincia, provocó grandes distorsiones en el impuesto inmobiliario. “Eliminó la progresividad del tributo: en la actualidad, independientemente de su valor fiscal, paga el mismo impuesto por hectárea una importante fracción de campo en Rojas, el partido con mayor valuación, que un pequeño campo de la zona de depresión del salado en Dolores. Además, generó que haya municipios, como Necochea, donde los campos pagan el mismo impuesto por hectárea que 9 de Julio aunque la valuación de este último sea de un 50 por ciento más que la de Necochea”, explicó.

La reforma

Si el próximo miércoles se aprueba la reforma fiscal que modifica los impuestos de sellos, ingresos brutos –la extensión de ese impuesto a las cooperativas es cuestionada desde distintos sectores– y el inmobiliario rural, la provincia recaudará, según las estimaciones oficiales, 2600 millones de pesos adicionales este año. Los cambios en el tributo rural implicarán una revaluación de las tierras de forma que su valor fiscal pasará a representar alrededor del 50 por ciento del precio de mercado. Los dueños de los campos pasarán de pagar 47 pesos en promedio por hectárea a pagar 67 pesos, al tiempo que los cambios reintroducen aspectos progresivos en el tributo: quienes concentran más tierra pagan más y quienes poseen los campos más rentables, también. Lodola comparó que “en kilos de novillo, si se aprueba la reforma, pagarán el equivalente a 6 kilos por hectárea cuando en la actualidad pagan 4 kilos de novillo. En los noventa llegaron a pagar 12,7 kilos por hectárea y en 2006 pagaban 9,7 kilos por hectárea”.

La magnitud de los cambios no afecta la rentabilidad que obtienen los terratenientes, sino que comienza a corregir las inequidades arrastradas desde hace más de 15 años. Sin embargo, el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, afirmó, colgado desde una columna en uno de los ingresos a la Legislatura en La Plata el jueves pasado, que “esto es peor que la (Resolución) 125”, y pronosticó que “si se sanciona la ley las consecuencias para los productores van a ser terribles”. En promedio, el aumento del impuesto será de 40 por ciento, pero el 62 por ciento de las partidas que hay en la provincia –alrededor de 4 millones de hectáreas– pagarán lo mismo o menos por el impuesto inmobiliario rural.

En las reuniones con los funcionarios provinciales, las cámaras patronales que encabeza Carbap no cuestionan tanto el aumento en el impuesto sino el hecho de que ahora muchos deberán pagar bienes personales e ingresar recursos por Ganancia Mínima Presunta a nivel nacional.

Hasta 1995 el impuesto a los bienes personales sólo gravaba los bienes “no incorporados al proceso económico”, pero desde ese momento los inmuebles rurales comenzaron a estar alcanzados sin importar si los bienes son explotados o no. En 1998, cuando se incorpora el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (el 1 por ciento del patrimonio que sirve como pago a cuenta de Ganancias si el campo está explotado), se gravan con dicho tributo los inmuebles rurales y, para evitar la doble imposición, se los exime en Bienes Personales. Esa modalidad funcionó hasta 2002, cuando AFIP, en un escenario recesivo y ante la imposibilidad política de las provincias de actualizar el valor fiscal de los campos, hizo un cambio de interpretación. Desde entonces, volvió a incluir a los inmuebles rurales en el Impuesto a los Bienes Personales. Así, hoy, quienes explotan sus campos pagan bienes personales y ganancia mínima presunta por una tierra subvaluada y los arrendatarios sólo pagan ganancia mínima presunta. La actualización de los valores fiscales elevará la magnitud del patrimonio que poseen los empresarios agropecuarios no sólo ante el estado provincial sino también frente al Nacional. Exposición que preocupa a las cámaras patronales del sector.

Crítica

Los funcionarios provinciales refutan los lamentos de los empresarios agropecuarios y reconocen que los cuestionamientos inversos son válidos. Si les cabe alguna crítica a las modificaciones del impuesto inmobiliario rural es que “quedaron cortas”. Aumentan los valores fiscales para acercarlos a su valor de mercado aunque solamente se paga el impuesto por el 50 por ciento de ese valor fiscal y, además, la alícuota que abonan se redujo de 4 a 1 por ciento. Los cambios no aumentan la presión tributaria provincial sobre la propiedad de la tierra sino que se “limitan” a aumentar la valuación fiscal y dotar de “progresividad” –tanto territorial como por tamaño de las propiedades– al Impuesto Inmobiliario Rural.

Los especialistas de la provincia advierten que la única revaluación fiscal provincial de envergadura se realizó en 1954 cuando se elaboró el primer catastro y desde entonces la oposición de las oligarquías terratenientes –y sus alianzas con distintos sectores conservadores– limitó la capacidad para cobrar impuestos al sector agropecuario, como quedó en evidencia durante el conflicto por las retenciones móviles. El prestigioso tributarista cordobés Salvador Treber, recuerda en un artículo que publicó recientemente la revista digital Voces en el Fénix que “en el texto del flamante Impuesto a las Ganancias, sancionado y promulgado el 31 de diciembre de 1973, se procedió a sustituir como base imponible la ‘renta real de la tierra’ por la ‘renta normal potencial’. A partir de entonces comenzó a trabajar en el nuevo catastro un equipo dirigido por dos ingenieros del INTA que, en el período 1974-1975, virtualmente lograron completarlo para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y cuando ya avanzaban sobre las demás jurisdicciones se produjo el último golpe de Estado. Como parte de sus primeras medidas, el ministro de Economía de facto, José Alfredo Martínez de Hoz, ordenó incinerar todo lo realizado, mientras que los abnegados especialistas pasaron a revistar desde ese momento entre los desaparecidos”.

Treber destaca que “es evidente que el tema no era de menor relevancia y quienes se encaramaron en el poder por la fuerza defendieron los intereses de núcleos privilegiados muy influyentes que nunca respetaron el orden constitucional. Por ello, en ese caso no vacilaron en destruir y erradicar todo vestigio del plan que estaba en vías de ejecución. Allí terminó para siempre el proyecto que casi una década y media antes tuviera como principal promotor intelectual al doctor Dino Jarach pero que, en su esencia, sigue siendo una opción válida”.