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El control estatal de la petrolera nacional YPF provocó la inmediata demanda de una administración eficiente y eficaz. Esa prevención encierra el presupuesto que el privado maneja mejor una empresa y que el Estado lo hace necesariamente mal. Es una idea que reúne consenso en el imaginario colectivo aunque haya muchos más casos de desmanejos, fraudes y quiebras de compañías privadas. También hubo empresas estatales de malos resultados, pero también hubo otras con cuentas ordenadas. Lo mismo se puede encontrar en el sector privado. El tipo de propiedad de una compañía, estatal o privada, no define de por sí cuál será el destino en términos de su manejo. Se repite que las pérdidas de una empresa estatal involucran recursos de todos, mientras que los quebrantos de una privada es un problema sólo de sus dueños. Es un análisis rústico que oculta los efectos negativos sobre toda la sociedad y en el presupuesto estatal de quiebras o corrupción de privados, como lo demuestra el derrumbe de bancos o el desmoronamiento de conglomerados económicos. En áreas económicas donde puede haber confluencia, especialmente en actividades de servicios públicos y en sectores estratégicos, como el de hidrocarburos, el aspecto principal para realizar una evaluación de gestión es precisar el objetivo central de la compañía. No es el mismo para una firma bajo control estatal del que puede tener otra en manos de un grupo privado. En la primera debe haber un equipo de mando profesional subordinado a una conducción política, y en la otra sólo existe un directorio empresario ansioso para satisfacer la ambición de los accionistas. Ambas tienen que mostrar balances ordenados y calidad en la prestación del servicio o bie-nes. La diferencia esencial se encuentra en la misión última de la gestión: para una empresa privada es la maximización de la ganancia; para una compañía controlada por el Estado, procurar el beneficio social.

Este es un concepto más amplio que la utilidad contable, que no la excluye. El beneficio social de una empresa estatal, como en Aerolíneas Argentinas, trenes y ahora en YPF, es un aspecto clave para transitar el sendero de recuperación del papel del Estado en la economía. Se requiere hacer explícito lo que significa la concepción beneficio social para avanzar en su legitimación cultural y social, además para contrarrestar los previsibles futuros cuestionamientos conservadores acerca de resultados contables que no buscan la maximización de ganancias.

El beneficio social no desconoce las restricciones presupuestarias ni la necesidad de imprescindibles controles de gestión y de administración de fondos, sino que éstos son considerados dentro de una concepción más abarcadora. No se cuantifica en billetes en la caja de la compañía, y sí permite evaluar las “externalidades” positivas al momento de realizar el ejercicio contable y económico. Esto significa que determinada decisión empresaria de una compañía estatal puede tener un impacto neutro o negativo en el resultado de su balance –que una gestión privada no admitiría–, pero genera un efecto positivo en eslabones importantes de la sociedad. Este tipo de análisis implica un abordaje no sólo contable de los costos de explotación y la inversión de la empresa estatal.

YPF bajo control estatal enfrentará varias situaciones de ese tipo. La explotación de pozos maduros, con producción declinante y escasa productividad para el privado, de acuerdo al margen de rentabilidad esperado, resultará eficiente y eficaz para el objetivo de la YPF estatal, que es la recuperación del autoabastecimiento. Tras ese objetivo, la implementación de esa medida registrará mayores costos y disminuirá las ganancias de la compañía, pero generará “externalidades” positivas para toda la economía al garantizar la disponibilidad de combustible, mejorar la balanza comercial sectorial y aliviar las tensiones en el mercado de divisas.

Otro desafío para la concepción beneficio social de YPF estatal será con las garrafas de gas, que siempre son más caras que la provisión de gas que llega a través de una red. Las garrafas son consumidas por los sectores de menores recursos para cocinar o calefaccionar el hogar en invierno. Según los datos del Censo 2010, poco más de 4,5 millones de personas viven en hogares que compran garrafas, concentrando 1,5 millón en la provincia de Buenos Aires. Según datos de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado, el mercado está formado por más de 50 empresas con 110 plantas de fraccionamiento, 10 mil distribuidores, 95 mil locales de venta minorista y 15 firmas de gas a granel. El parque de envases de 10, 15, 30 y 45 kilos asciende a 20,5 millones de unidades. Hay instalados 125.000 tanques para consumo de gas a granel, conocidos popularmente como “chanchas”. Apenas tres petroleras concentran más del 80 por ciento del negocio: YPF (55 por ciento), Total (20 por ciento) y Shell (8 por ciento). Es un mercado oligopólico cartelizado que ha abusado de su posición dominante frente al consumidor.

Para regular ese mercado, el Gobierno fijó un precio de venta uniforme en todo el país de 16 pesos en las garrafas de GLP de 10 kilos, de 20 pesos para las de 12 kilos y de 25 pesos para las de 15 kilos. Ese acuerdo se fue renovando cada año y ya fue extendido para éste. Pese a esa intervención, la especulación y problemas de abastecimiento han derivado en escasez de garrafas en momentos picos, que termina en precios duplicados para conseguir una garrafa. En un operativo de control en la provincia de Buenos Aires se detectó que casi un tercio de los comercios inspeccionados cobraba precios superiores a los establecidos en el programa oficial.

El precio de las garrafas de gas es libre desde la privatización de Gas del Estado, aprobada en el Congreso con el famoso diputrucho en 1992. Por esa desregulación, ese servicio público básico para los sectores más humildes ha aumentado el precio en forma considerable desde entonces, consumiendo una porción importante de esos presupuestos familiares. Desde la megadevaluación, el precio oficial de la garrafa básica subió más de 200 por ciento con el libre juego de la oferta atomizada y la demanda concentrada, valor que trepa al doble con la especulación y prácticas de desabastecimiento en el invierno.

El Indec informa que el 60 por ciento de las familias que viven en piezas de inquilinatos usan garrafa, el 66 por ciento que viven en ranchos o casillas usan garrafa mientras otro 25 por ciento apela directamente a la leña o el carbón. A nivel nacional, el 44 por ciento de los hogares usa garrafa, con algunas provincias con porcentajes aún más elevados hasta distritos del Noreste, que tienen el menor ingreso por habitante del país, que directamente no cuentan con el abastecimiento de gas por red: Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa. Según el último Censo Nacional, la disponibilidad del gas de red ha pasado de una cobertura nacional del 51,4 por ciento en 2001 a un 56,2 de hogares que cuentan con ese servicio en 2010. En total, casi 1,7 millón de hogares han accedido al servicio durante este período.

La diferencia entre el costo del gas de garrafa y el de red es de cuatro veces, estiman especialistas del sector. Los sectores de menores ingresos pagan así mucho más por el gas, siendo un nicho de negocio estupendo para las petroleras privadas por la fabulosa rentabilidad que reporta ese negocio con los pobres.

La YPF bajo control estatal tiene la oportunidad de empezar a reparar esa injusticia en el invierno que se viene, adoptando, con eficiencia y eficacia, el concepto bienestar social con la renovada gestión de la empresa.

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