El gobierno nacional rescindió el contrato de concesión de Trenes de Buenos Aires. Los ramales Mitre y Sarmiento, explotados por la compañía del grupo Cirigliano desde su privatización en 1995, pasarán a ser gerenciadas por una Unidad de Gestión conformada por Ferrovías y Metrovías, empresas pertenecientes a los grupos Emepa y Roggio. La tragedia de Once, el pasado 22 de febrero, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, junto con los sucesivos incumplimientos en materia de inversión y mantenimiento y la deficiente calidad del servicio, llevaron al Estado a determinar el desplazamiento de TBA. El esquema administrativo elegido es el mismo que se estableció en 2004 y 2007 para garantizar el funcionamiento de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur, ramales operados hasta entonces por el grupo Metropolitano, de Sergio Taselli. Las mejoras operativas en el servicio de los ramales Mitre y Sarmiento comenzarán a observarse en un plazo de dos años, aseguraron las autoridades.

Después del trágico accidente en la estación de Once del ramal Sarmiento, el Gobierno dispuso la intervención administrativa, técnica y operativa de TBA. Según figura en el decreto 793/2012 que anula la concesión, el interventor de la empresa, Raúl Baridó, “acreditó el deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante, del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y de las condiciones de prestación del servicio”. El documento que entregó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el 15 de mayo, junto con los lapidarios informes acumulados por la CNRT –el organismo había objetado la gestión del concesionario del grupo Cirigliano correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011 y sancionado a la compañía sin observarse cambios en su comportamiento– y los informes de la Unidad de Renegociación de Contratos fueron la base de sustentación argumentativa para la decisión de ayer.

El decreto que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y De Vido, afirma que “esta rescisión opera por culpa exclusiva del concesionario en virtud de sus graves y reiterados incumplimientos”. A lo largo de 29 páginas el Gobierno realiza un recorrido histórico del desmantelamiento del sistema ferroviario nacional, los distintos hechos de violencia registrados en los trenes a lo largo de los últimos años y el estado de situación de los ramales operados por TBA que culmina con el accidente del Sarmiento tres meses atrás. “La decisión se tomó en función de los distintos hechos e informes que se fueron produciendo. El momento adecuado es este, si no hubiéramos tomado la medida en otra oportunidad”, afirmó De Vido.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) realizarán, a lo largo de los próximos meses, un detallado inventario de los bienes de la concesión y sus condiciones. Esa investigación buscará determinar los daños y perjuicios que ocasionó TBA al Estado y los usuarios, para iniciar las acciones legales correspondientes contra la empresa. La Auditoría General de la Nación que encabeza el radical Leandro Despouy fue invitada a participar del proceso. Además, el Estado avanzará en la liquidación de las distintas multas impagas.

Unidad de Gestión

La Secretaría de Transporte comenzó ayer la toma de posesión formal y la convocatoria a los concesionarios para comformar la unidad de gestión operativa que se hará cargo de los ramales Mitre y Sarmiento. La nueva empresa está conformada por Metrovías, del Grupo Roggio, y Ferrovías, del Grupo Emepa (ver aparte). Ayer, después del anuncio, el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y funcionarios de Planificación se reunieron con los titulares de ambos grupos, Benito Roggio y Gabriel Romero. Por la tarde, las empresas y Transporte mantuvieron un prolongado encuentro en el piso 12 del Ministerio de Economía, donde se terminaron de precisar los aspectos legales y técnicos de la empresa.

El esquema establecido para desplazar al grupo Cirigliano por los incumplimientos es el mismo que se utilizó en 2004 y 2007 cuando se quitaron las concesiones al grupo Metropolitano de Sergio Taselli. En 2004 se creó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), para operar a cuenta y orden del Estado, desde enero de 2005, los servicios ferroviarios urbanos del Ferrocarril San Martín. Ante las faltas “graves y reiteradas” en el cumplimiento del contrato, el gobierno de Néstor Kirchner decidió rescindir la concesión.

La Ugofe que gerenció el servicio de Pilar a Retiro se armó con los concesionarios de los restantes ramales ferroviarios metropolitanos de pasajeros: Ferrovías, Metrovías y la misma TBA. En 2007, después de una serie de incidentes en la terminal de Constitución, el Gobierno puso fin a otras dos concesiones que explotaba el grupo Metropolitano desde su privatización en 1994: la línea General Roca y el ramal Belgrano Sur. Ambos recorridos pasaron a ser operados por la Ugofe. Además de perder las concesiones del Mitre y Sarmiento, TBA será desplazada la próxima semana de la Ugofe, por decisión de la Secretaría de Transporte.

“Voy a tomar las decisiones que sean necesarias”, afirmó CFK durante un acto en Rosario, una semana después de la tragedia de Once. La creación de una unidad de gestión representa una solución intermedia a las deficiencias estructurales del sistema ferroviario nacional, reconocen en Planificación. Sin embargo, destacan que la capacidad de control y gestión del Estado sobre un gerenciamiento es significativamente mayor que el esquema dispuesto por las privatizaciones. El ministro De Vido advirtió que, si bien el servicio que presta la Ugofe no es el deseado, se observaron mejoras en la calidad operativa y en la cantidad de servicios. El funcionario señaló que el Gobierno espera, en un plazo de dos años, “repuntar” entre 25 y 30 por ciento las condiciones del servicio.