El gobierno nacional puso en marcha el llamado a concurso público de iniciativas y proyectos para la creación del Polo Audiovisual Isla Demarchi. Los interesados tendrán tiempo para concretar sus presentaciones hasta el 20 de noviembre, las cuales deberán incluir un plan maestro de toda la obra y los proyectos totales o parciales que apuesten a realizar. También deberán exhibir un plan de inversiones y un esquema asociativo con la sociedad anónima conformada por la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública (SCP). La capacidad constructiva de la isla asciende a 225.000 metros cuadrados. De este total, el objetivo del Ejecutivo es que se construyan 18.000 metros cuadrados de sets de filmación, 10.000 m2 de espacios educativos, 5000 m2 para canales de televisión y 11.000 m2 para sectores institucionales como el Incaa, el desarrollo de la televisión digital (TDA) y las señales públicas.

Además de la puesta en valor de esos terrenos y del negocio inmobiliario para los desarrolladores, el Polo Audiovisual será un elemento clave para cumplir con las cuotas de contenido nacional e independiente previstos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Somos el cuarto exportador mundial de formatos audiovisuales. Tenemos los recursos humanos necesarios para esta industria. Por eso estamos proponiendo un negocio inmobiliario con un fuerte anclaje en la industria audiovisual”, indicó Diego Bossio, titular de la Anses, en conferencia de prensa, acompañado por Martín Reibel, vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ex Onabe), y Alfredo Scoccimarro, secretario de Comunicación Pública.

Para gestionar los proyectos inmobiliarios, la Anses constituirá una sociedad anónima con la SCP. De esta manera, se incorporarán los proyectos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El FGS recibirá las ganancias que se generen, no sólo por la venta inicial de tierras, sino como participante del negocio inmobiliario posterior, las ventas de departamentos que eventualmente se construyan, el alquiler de oficinas y explotaciones comerciales que se generen.

La legislación vigente de normas de construcción le permite a la isla edificar hasta 17 metros de altura. Si los proyectos incluyen torres de edificios, los desarrolladores deberán pedir una autorización en la Legislatura porteña. Los funcionarios destacaron que los trabajadores de la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, enrolados en el gremio de Dragado y Balizamiento, serán relocalizados en otras dependencias públicas. El secretario de Transporte, Alejandro Ramos, insistió ayer en que no se perderá un solo puesto de trabajo. Bossio y Reibel, en la misma línea, afirmaron que se mantendrán “todas las fuentes laborales”.

El proyecto incluye la posibilidad de construir instituciones educativas, sets de filmación, productoras y canales de TV. Según indicó Scoccimarro, varios canales ya mostraron interés de localizarse en la isla, a través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que les permitiría generar contenidos audiovisuales de manera conjunta.

“En la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente cinco productoras que concentran el 67 por ciento de las producciones audiovisuales del país. Hay que cambiar la lógica de los consumos culturales actuales”, indicó a Página/12 Osvaldo Nemirovsci, coordinador del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. La ley de SCA establece que los canales deberán contar con un 30 por ciento de contenidos locales como mínimo y un 15 por ciento de producciones independientes. De ahí la necesidad de disponer de un polo que permita canalizar la producción de contenidos. La empresa Arsat, a su vez, tendrá una estación en la isla.