Barclays Bank, involucrado en una gran megaestafa, pagó 450 millones de dólares como reparación.
Imagen: AFP.

El gobierno nacional anunció, a principios de la última semana, el envío al Congreso de un proyecto para fortalecer la capacidad de regulación y supervisión del Estado sobre los mercados de capitales, modificando la ley vigente desde 1968 que, bajo el mando del dictador Juan Carlos Onganía, dispuso un mecanismo de autorregulación a medida y conveniencia de los agentes y operadores de Bolsa. El anuncio motivó que se agitaran los ya tradicionales fantasmas del “avance del Estado sobre el capital privado”, la “amenaza a la seguridad jurídica” y el de “ahuyentar a los inversores”. Pero antes de entrar en el detalle de las reformas previstas, conviene hacer un repaso al actual contexto mundial.

El 24 de octubre, miércoles último, las agencias de noticias internacionales informaban que la Justicia francesa confirmaba la sentencia contra el operador de Bolsa francés Jérome Kerviel, que en 2008 realizó una serie de acciones fraudulentas en el mercado bursátil causando pérdidas millonarias al Banco Société Générale. Kerviel ya había sido declarado culpable de abuso de confianza, falsificación y tráfico ilícito de datos informáticos dos años atrás, y condenado a cinco años de prisión. Pero apeló el dictamen argumentando que sus compañeros de trabajo, así como sus superiores y los altos cargos en la entidad, estuvieron siempre al corriente de sus actos. No le sirvió como excusa ante la Corte.

El 2 de octubre, tres semanas antes del hecho narrado, se supo que la fiscalía de la ciudad de Nueva York demandó al JP Morgan Chase, el mayor banco estadounidense, por fraudes que le han costado la friolera de 22.500 millones de dólares a sus inversores. El ejecutor de la estafa denunciada fue, en verdad, el banco de inversión Bear Stearns, adquirido por el JP Morgan Chase al borde de la bancarrota, que durante 2005 y 2007 se dedicó a vender en Bolsa títulos valores asociados a créditos hipotecarios insolventes. “El acusado –dice el dictamen de la fiscalía– ha cometido múltiples actos de fraude y engaño mediante la promoción y venta de títulos, en particular a través de documentos bursátiles y herramientas de mercadotecnia.” En el gobierno de Obama sospechan que no se trata de un caso aislado, sino de un tipo de delito extendido como prácticas de los grandes bancos en el comercio de títulos hipotecarios.

Estos hechos recientes tienen un precedente un poco menos cercano pero mucho más resonante, que es el caso de manipulación de la tasa Libo por parte de la veintena de principales bancos de las plazas de Nueva York, Londres y Tokio, que muchos ya catalogan como la mayor estafa financiera de la historia. La tasa Libo surge del promedio de las tasas que se cobran por préstamos “cortos” entre bancos de un panel compuesto por no más de veinte entidades. La manipulación –informar tasas más bajas o más altas que la real– tiene como finalidad generar mayores utilidades en operaciones derivadas que se hacen a un costo que tiene a la Libo como tasa de referencia. El Barclays Bank (segundo de Inglaterra) ya reconoció su responsabilidad y pagó 450 millones de dólares como reparación a las autoridades. El resto sigue bajo investigación, con nombres tan prominentes como el JP Morgan Chase (otra vez), Citi (otro nombre repetido en los estrados judiciales), of America, UBS, HSBC, Deutsche, of Tokio Mitsubishi y más. Una apostilla no menor es que los empleados del Barclays en Nueva York habían denunciado ante la Reserva Federal en 2008 la realización de este tipo de maniobras. La FED no inició ninguna investigación, sino que se limitó a remitir una “recomendación” de vigilar el tema a las autoridades del Banco de Inglaterra. El titular de la FED de Nueva York en ese momento era Thimoty Geithner, actual secretario del Tesoro de Obama.

Los hechos relatados no tienen otro objetivo que dejar de manifiesto que una de las consecuencias de la crisis financiera mundial combinada con excesiva desregulación de los mercados, fue la “incentivación” de los delitos vinculados al fraude bursátil, lavado de dinero, encubrimientos y engaños a escala masiva. Los principales centros financieros, como lo son Londres y Nueva York, están instrumentando mecanismos para poner en regla las operaciones. Los mencionados no son todos los casos denunciados en esta etapa: apenas los más recientes y relevantes.

La propuesta oficial de reforma de la reglamentación y supervisión del mercado de capitales representa un cambio estructural muy alejado del fantasma de una invasión intervencionista. Al contrario, Argentina empieza a ponerse en regla con los estándares internacionales en materia de regulación. La Comisión Nacional de Valores recibiría facultades que hasta ahora no tiene y que se compadecen con la lógica más elemental: la capacidad de aplicar sanciones sobre los agentes de Bolsa por prácticas indebidas, tramitar la autorización de oferta de títulos en el mercado en exclusividad (no en forma duplicada o paralela a la Bolsa de Comercio, como en la actualidad), contar con oficinas o agencias regionales para captar y viabilizar el ahorro en esas zonas, promoviendo además la inversión local en actividades productivas.

La norma que se enviará al Congreso prevé además otorgarle a la CNV la facultad de entrecruzar información reservada con otros organismos de control financiero, como la UIF, la AFIP o el Banco Central. Es decir, el secreto bursátil, fiscal o bancario que rige sobre cualquiera de ellos se extendería para abarcar a todos esos organismos como un solo cuerpo. Se eliminaría así la fractura actual de la información entre los distintos órganos de control.

Estos y otros mecanismos de control que la nueva norma creará o actualizará no sólo no espanta a los inversores, como algunos sostienen sin fundamentos, sino que apunta a transparentar las operaciones y ampliar el acceso de capitales (oferta de dinero) y colocadores de títulos (demandantes de fondos). El nuevo armado contempla la conformación de un mercado único de capitales a nivel nacional (una sola Bolsa de Comercio, integrando las existentes en el interior de escala mínima y con alto costo individual de operación), que facilite el financiamiento de inversiones en el interior y la constitución de fondos de garantía en todos los mercados.

Argentina cuenta hoy con un patrón de ahorro muy elevado y con escasos instrumentos para viabilizarlo. La presión de los sectores de altos ingresos por atesorar divisas da cuenta del fenómeno. Un mercado de capitales como el que se promueve podría brindar alternativas hoy inexistentes, como la posibilidad de “ahorrar en ladrillos” (bonos por el valor de una vivienda desde el pozo) o en títulos de una empresa en expansión (el caso de YPF).

Pero para alcanzar esas opciones hace falta contar primero con un mercado bien regulado y transparente, que no es la característica de la Bolsa actual. En Argentina no hay denuncias tan graves como las que registran París, Londres o Nueva York, pero tampoco se han iniciado las investigaciones que en aquellas ciudades sí. Si en Argentina hay fuga de divisas, evasión fiscal en el comercio exterior y muchos puntos oscuros en valores de transferencia, no habría que descartar que se estén usando instituciones formales para su concreción. El mundo enseña que desconfiar no está de más.