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La presencia de capellanes en los hospitales porteños quedó en el centro de una polémica después de que el presbítero del Ramos Mejía, Fernando Llambías, participara de un escrache con grupos católicos frente a la casa de una mujer víctima de trata que había solicitado un aborto no punible. Curas y también monjas de la Iglesia Católica tienen un lugar de privilegio en los centros de salud frente a otros cultos y creencias, para brindar acompañamiento espiritual a los pacientes, de acuerdo con una ordenanza dictada durante la última dictadura militar. Por esa tarea, cobran un sueldo como empleados públicos. Al mismo tiempo, la Ciudad les debe garantizar a los capellanes “alojamiento independiente y amueblado”, “atención doméstica a cargo de los servicios generales del establecimiento” y hasta “alimentación, aseo y planchado de la ropa”. En algunos hospitales, las salas se convierten en sitios de proselitismo religioso y los pacientes quedan a merced de los prejuicios y presiones de ciertos grupos que pretenden “convertirlos”. ¿Se debería cambiar el sistema en pos de un acompañamiento ecuménico? Página/12 consultó a un rabino, a un pastor protestante, a un doctor en Sociología e investigador del Conicet y a una legisladora, para opinar sobre el tema.

El “reglamento” de las funciones, derechos y obligaciones de los capellanes y de las religiosas que se desempeñan en los hospitales porteños –y en hogares municipales– fue fijado por la ordenanza Nº 38.397, de 1982, que sigue vigente. Esa norma reemplazó al decreto 4806 del 2 de agosto del ’73, referido al mismo tema. En el artículo 5º del Anexo 1 de la ordenanza se enumeran los deberes de los capellanes:

“a) Entender en todo lo relacionado al culto pastoral; b) Asistencia moral y atención religiosa de los pacientes, gerontes alojados y personal del establecimiento en general, como asimismo atención espiritual a la congregación religiosa; c) Administración de los sacramentos en el ámbito del establecimiento; d) Efectuar visitas diarias en las áreas de internación de los establecimientos asistenciales; de alojamiento y de estar en los hogares; e) Celebrar misa; f) Velar para que se celebren las misas por las intenciones pedidas por los fieles; g) Presentar al director del establecimiento las personas por él designadas para impartir la enseñanza del catecismo, a todos aquellos que lo deseen; h) Facilitar y cooperar en la concurrencia de cualquier ministro de la misma religión o de otros cultos, oficialmente autorizados, para los casos que se soliciten; i) Atender todos los pedidos de asistencia espiritual de urgencia que se produzcan dentro del establecimiento; j) Elevar a la dirección un informe anual de la actividad desarrollada”.

Estos deberes significan una posición de privilegio de la Iglesia Católica en establecimientos públicos de salud. “Los capellanes son quienes tienen la autoridad dentro de los hospitales porteños para autorizar a representantes de otros cultos a brindar asistencia espiritual a pacientes”, señaló a este diario el pastor Lisandro Orlov, de la Iglesia Evangélica Luterana.

La tarea de las monjas también es remunerada. Entre otros deberes, las religiosas tienen que “velar por el mantenimiento de la moral dentro del establecimiento”.

El pastor Orlov, con larga militancia en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, considera que la situación actual es “sumamente aberrante”. A su criterio, las capellanías en hospitales públicos significan “la función de un espacio público como un monopolio de una sola corporación”. Orlov empezó a concurrir al Hospital Muñiz para acompañar a pacientes con VIH-sida en 1982, cuando se conocieron los primeros casos. “Entramos, pero no tenemos un espacio institucional. Puedo ir en el horario de visitas. Es inaceptable. Va contra el respeto de la diversidad de identidades religiosas. Tendría que haber un acompañamiento ecuménico de los pacientes. En Brasil hay capellanías ecuménicas en los hospitales y quienes las integran tienen una preparación adecuada para llevar adelante ese acompañamiento. Además, pediría que no tengan sueldo los capellanes, porque ser empleados del gobierno porteño les quita libertad, frente al compromiso con el paciente. Como cualquier médico del sistema público, no pueden hacer declaraciones públicas si ven injusticias”, observó el pastor luterano, en diálogo con Página/12. Orlov brindó acompañamiento a personas trans con VIH-sida en el Muñiz. A las salas, contó, ingresan “grupos fundamentalistas evangélicos, que a las personas trans les dicen que están enfermas porque pecaron. En ese espacio no se pueden transmitir prejuicios. No respetan la diversidad de identidades sexuales, tienen un discurso que va en contra de la legislación antidiscriminatoria tanto nacional como de la Ciudad”. Además, agregó, “esa gente va sin ningún tipo de preparación y lo que buscan es convertir a los pacientes. Las voluntarias católicas también son de terror, son capaces de entregar papel higiénico a cambio de que el paciente acepte ser bautizado. Hacen proselitismo todo el día”.

El rabino de la Comunidad Bet El, Daniel Goldman, consideró que el acompañamiento a los pacientes “debe estar desligado de situaciones específicas que tengan que ver con doctrinas”. A los alumnos del seminario rabínico, donde es formador, les enseña que a los pacientes hay que acompañarlos con amor y no con rigor. “No somos autoridad para andar diciendo qué se debe hacer y qué no”, dijo puntualmente sobre un caso de una mujer que solicita un aborto. En Estados Unidos, apuntó, es común que haya referencias interreligiosas en los centros de salud. “Me opongo a que el Estado tenga que mantener determinadas tradiciones religiosas. No debe sostener a ninguna”, opinó.

Para el profesor de la UBA y la Universidad Nacional Arturo Jauretche Juan Esquivel, la presencia de capellanes en hospitales públicos es un eslabón más de la larga cadena que sujeta al Estado con la Iglesia Católica en Argentina. “Así como en las Fuerzas Armadas y de seguridad, donde también se registra un número considerable de capellanes, todos los argentinos y las argentinas contribuimos a través de nuestros impuestos para el sostenimiento de estos sacerdotes católicos”, señaló.

Los capellanes de los hospitales públicos cobran un haber mensual –con un sueldo equivalente a unos 5000 pesos, además del que les corresponde como curas– y gozan de los beneficios de licencias y obra social como cualquier empleado público de la Ciudad.

“Más allá de la cuestión económica, cabe preguntarse sobre la pertinencia de continuar con un diseño institucional (en este caso, el de los hospitales, pero que remite al Estado como un todo) que contempla en sus estructuras a agentes confesionales. No se trata de prohibir la asistencia espiritual en los hospitales públicos, sino de implementarla cuando surge la petición de un interesado/a en pleno uso de la libertad de conciencia”, sostuvo Esquivel, que es además investigador del Conicet y, entre sus temas de estudio, viene trabajando hace tiempo en la relación entre la religión y el sistema político. “En el contexto de una democracia inclusiva, que pretende reconocer derechos diversos, el Estado se enfrenta al desafío de replantear el entramado jurídico, político y simbólico que define su vinculación con lo religioso. Frente a las recurrentes tensiones que surgen cuando se discuten derechos civiles, una mayor autonomía le permitiría ser más eficaz como garante de aquellos derechos”, indicó.

A partir de la escandalosa actuación del capellán del Hospital Ramos Mejía, presbítero Fernando Llambías, en el caso de la mujer víctima de trata que solicitó un aborto no punible, la diputada porteña Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria, empezó a trabajar en un proyecto de ley que apunta a garantizar el acceso igualitario a la asistencia espiritual de las personas internadas en el sistema de salud o en centros residenciales para adultos mayores, cualesquiera sean sus creencias o convicciones, en el marco del respeto de la libertad religiosa y de conciencia. La propuesta está en elaboración. Alegre adelantó a este diario que propondrá que, de aquí en adelante, no se efectúen más designaciones de capellanes y religiosas en el marco de la ordenanza vigente.

En la sesión del 18 de octubre, la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes que apunta a conocer cómo supo el capellán del Ramos Mejía la identidad y el domicilio de la mujer que pidió el aborto no punible, datos que le permitieron participar de un “escrache” frente a la casa de la joven, acompañado por integrantes de organizaciones católicas, que pretendieron intimidarla y presionarla para que desistiera de su decisión. Esa iniciativa también fue impulsada por Alegre y luego consensuada con el macrismo, y contó con el respaldo de todo el cuerpo.