La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso ayer instruir un sumario contra los directores titulares de YPF designados por la española Repsol, Luis García del Río y Carlos María Tombeur. La intervención del organismo regulador se originó a partir de una denuncia que YPF realizó contra ambos por la presunta existencia de un conflicto de intereses. Si se llegase a probar la imputación, podrían ser inhabilitados para ejercer su cargo.

El conflicto comenzó en la reunión de directorio del 16 de julio de este año, cuando se analizó el acuerdo que YPF firmó con la estadounidense Chevron para explotar un área de la formación Vaca Muerta. El vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de la compañía, Fernando Giliberti, detalló ese día los objetivos del proyecto. García del Río formuló varias objeciones, entre ellas no tener acceso al texto y sus anexos, pero finalmente el directorio aprobó el acuerdo. El 24 de julio, García del Río envió una carta al presidente del directorio y a la Comisión Fiscalizadora, en la cual volvió a solicitar la documentación. Lo mismo hizo Tombeur, quien no había estado presente el 16 de julio.

Ambos pedidos fueron rechazados por la supuesta existencia de un conflicto de intereses entre YPF y los dos directores designados por Repsol. A su vez, el titular de la petrolera, Miguel Galuccio, envió el 23 de agosto una nota al Comité de Auditoría solicitándole que intervenga en el tema. Este organismo ratificó la posición de la dirección de la compañía. García del Río y Tombeur se presentaron a la Justicia, pero el 6 de noviembre la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó lo hecho por YPF. El tribunal reconoció que la decisión de darle intervención al Comité de Auditoría había sido una “aceptable solución, propia de un buen gobierno corporativo”.

El 8 de octubre, en pleno conflicto interno, YPF se presentó también ante la CNV denunciando a García del Río y Tombeur. En el texto remarcó que, luego de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en la petrolera local, la firma española inició una batería de acciones comerciales y judiciales, tanto en Argentina como en Estados Unidos y España, con el objeto de obstaculizar la actividad de YPF. “De este modo, Repsol pretende presionar al Estado nacional a los fines de obtener una mejor posición de negociación por la indemnización de sus activos”, sostuvo en la denuncia. Luego dejó entrever que García del Río y Tombeur podrían formar parte de esa estrategia al no defender los intereses de la empresa sino los de Repsol. Como prueba incluyó una serie de artículos periodísticos de medios de Argentina y España donde se remarca el conflicto de intereses expuesto.

Al justificar la negativa al pedido de información, la petrolera remarcó que el artículo 8.8 de la Norma de Etica y Conducta de los Empleados de YPF establece que toda la información de la empresa, de carácter no público, tiene la consideración de reservada y confidencial. “Como correlato de ello, puede validamente concluirse que la entidad considerará la opción de abstenerse de proporcionar documentos clasificados sobre negocios estratégicos a aquellas personas que respondan a un interés presuntamente contrario al social y cuya actuación sea susceptible de afectar, en tal sentido, la consecución de los objetivos previstos por la Sociedad”, aseguró.

El titular de la CNV, Alejandro Vanoli, abrió un expediente, analizó las pruebas presentadas por YPF y decidió que hay indicios suficientes como para iniciar una investigación. Si finalmente se comprueba la falta, la sanción podría ir desde un apercibimiento hasta la inhabilitación de los directores para ejercer su cargo. La audiencia preliminar será el próximo 14 de febrero.