El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, dictaminó ayer que debe hacerse lugar a una presentación de la defensa del vicepresidente Amado Boudou, que sostiene que la investigación en su contra por el caso Ci-ccone debe cerrarse porque no hay ninguna definición sobre cuál sería el delito que cometió. En términos técnicos se denomina “falta de acción penal”. De Luca señala que el hecho por el que se imputó a Boudou es que dictaminó o emitió una opinión sobre un plan de pagos que la AFIP preveía darle a Ciccone para levantar la quiebra de esa empresa y se pregunta cuál sería el delito. El fiscal se responde a sí mismo: el responsable de otorgar o no el plan de pagos era el titular de la AFIP, no Boudou, de manera que éste no pudo cometer ningún delito. Del lado de la AFIP, además, sostienen que planes de pago similares se les dieron a otras 24 empresas y que, en el caso de Ciccone, finalmente no se le otorgó.

En la causa por la imprenta que produce billetes hay varias vertientes distintas y quien instruye el expediente es el juez Ariel Lijo. A Boudou se le imputan negociaciones incompatibles con la función pública partiendo de la hipótesis de que quien encabezó el rescate de la quebrada Ciccone fue Alejandro Vandenbroele, cuya ex esposa sostiene que él es testaferro del vicepresidente. Boudou contestó a eso que no conoce a Vandenbroele y que nunca habló con él. Por ahora no aparecieron pruebas de ese vínculo: no existen llamadas ni fotos y sólo aparece el alquiler de un departamento por interpósita persona, algo muy débil para sostener que una persona es testaferro de otra.

Pero el fiscal De Luca ni siquiera entró en estas evaluaciones. Afirma que, para que haya negociaciones incompatibles con el cargo que ostenta un funcionario, éste debe tener el poder legal de beneficiar a quien supuestamente quiere beneficiar. En el caso Ciccone, Boudou no tenía el poder legal de otorgar el plan de pagos –finalmente no otorgado–, sino que estaba en manos de la AFIP. Por lo tanto, Boudou no pudo cometer el delito.

En las últimas semanas, Lijo analiza un entrecruzamiento de llamadas con el que se demostraría que a Boudou le informaban de cada paso que se daba respecto de la imprenta. La defensa del vicepresidente afirma que ninguna de las líneas fue usada por él. Sin embargo, esto no alteraría la visión del fiscal: quien tenía el poder legal de convalidar el plan de pagos y el levantamiento de la quiebra era la AFIP.

Hay otra vertiente del caso relacionada con investigar si Boudou se enriqueció en forma ilícita. En este aspecto, el juez puso en marcha pesquisas, el vicepresidente hizo una larga presentación espontánea explicando el origen de sus bienes y Lijo resolverá en base a las pericias contables que ordenó. Esta parte del expediente corre por cuerda separada. Hace pocas semanas, la Cámara de Casación –ante la cual De Luca presentó ahora su dictamen– confirmó la validez de la declaración de la ex esposa de Vandenbroele Laura Muñoz. El pedido de nulidad fue presentado por Vandenbroele, pero los camaristas argumentaron que la defensa del abogado-empresario no explicó qué daño le causaba el testimonio de su ex, quien por otra parte dijo no saber nada del caso Ciccone. En ese fallo, uno de los camaristas, Juan Carlos Gemignani, señaló que Muñoz había sido amenazada e incluyó, de hecho, a Boudou en el grupo que supuestamente amenazó a la mujer. Los otros dos camaristas, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, no convalidaron ese enfoque. Los abogados del vicepresidente recusaron a Gemignani por considerar que no hay en la causa ni un solo elemento que vincule a Boudou con las amenazas que menciona Muñoz. La Sala IV de Casación deberá resolver primero sobre esa recusación y luego tendrá que evaluar el dictamen del fiscal De Luca.