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Los cortes de luz de los últimos días dieron lugar, una vez más, a la aparición en los medios de comunicación de un grupo de ex secretarios de Energía que cuestionan la política oficial y presionan a favor del aumento de tarifas que reclaman las empresas. Son presentados como expertos del sector y desde ese lugar formulan diagnósticos y recomendaciones. Lo llamativo es que todos tuvieron su oportunidad al frente del área en gobiernos radicales, menemistas y duhaldistas y los resultados fueron muy pobres. En algunos casos porque fueron protagonistas del colapso energético que vivió el país a fines de los ’80 y en otros porque enajenaron el patrimonio público en beneficio de un puñado de corporaciones privadas. Lo que sigue es un detalle de lo que hizo cada uno de ellos cuando tuvo la oportunidad de gestionar.

- Roberto Echarte. Integra el grupo de los ex secretarios de Energía que en los últimos años emitieron una serie de documentos con propuestas para la “normalización y transformación del sector energético en el mediano y largo plazo”, pese a haber sido secretario de Raúl Alfonsín durante una de las peores crisis energéticas de la historia argentina. El miércoles, luego de que una confusa declaración del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, diera lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que el Gobierno implementara “cortes programados” como los que aplicó Alfonsín, Echarte fue consultado por Clarín en su condición de ideólogo de aquella medida. “Era una incomodidad, una porquería pero era mucho mejor que hacer cortes salvajes, como hacen ahora, para que nadie pague el costo político”, afirmó el ex funcionario, tal vez con la esperanza de que los últimos 25 años hubieran servido para olvidar su gestión. Por las dudas, Página/12 recordó el jueves que lo ocurrido entre mediados de 1988 y 1989 está lejos de parecerse a los cortes de los últimos días. En aquel entonces hubo un colapso en el segmento de generación por falta de inversiones y fallas en una serie de centrales, lo que obligó a programar cortes rotativos en toda el área metropolitana. Comenzaron siendo de cinco horas, pero en enero de 1989 la situación se complicó aún más. Los cortes se ampliaron a seis horas, la televisión redujo su horario de emisión a sólo cuatro horas por día, se suspendieron los espectáculos nocturnos y se prohibió utilizar electricidad para iluminar vidrieras y marquesinas, entre otras medidas. Esas restricciones no bastaron y al poco tiempo ya ni siquiera se podía garantizar que los cortes fueran sólo de seis horas diarias. Echarte declaró el 7 de enero de 1989 que el problema se debía en parte a que la población derrochaba energía. “Hay derroche de energía porque la demanda de electricidad crece prácticamente al nivel de los países desarrollados y esto no tiene ninguna lógica”, afirmó entonces.

- Emilio Apud. Es un ingeniero industrial de origen radical. Estuvo vinculado con el gobierno de Raúl Alfonsín y en 1988 integró los equipos técnicos del entonces candidato a presidente Eduardo Angeloz. Fue secretario de Energía de Fernando De la Rúa del 12 al 20 de marzo de 2001. Lo designó el entonces ministro de Economía Ricardo López Murphy, y se fue un día después de que éste fuera reemplazado por Domingo Cavallo, en medio de la crisis económica que derivó en la salida de la Convertibilidad. En esos ocho días en que estuvo al frente del área energética no pudo hacer demasiado, pero al menos le sirvió como un antecedente para el currículum, pues desde entonces se presenta como ex secretario de Energía y eso le permitió integrar el grupo de los ex funcionarios del sector que emiten documentos con recomendaciones sobre política energética. Es director de la consultora Apud & Asociados y presidente de la constructora BAE S. A. El martes pasado opinó en Infobae TV sobre los cortes de luz y reclamó un aumento de tarifas. “Hace diez años estaba bien el servicio. Entonces pagábamos diez veces más de lo que pagábamos ahora por la electricidad y nadie se tiraba por el balcón, pero se generó la costumbre de que la participación de la tarifa dentro del presupuesto familiar es ínfima y si queremos volver a como era antes vamos a tener que dejar algunos consumos”, afirmó.

- Julio César Aráoz. Fue secretario de Energía del gobierno de Carlos Menem entre julio de 1989 y octubre de 1990 y uno de los ideólogos de la política de privatización, junto al ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi. De hecho, Aráoz trabajó en la elaboración de las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado y en el diseño de los decretos 1055/89, 1212/89 y 1589/89 que desregularon específicamente el sector petrolero. El decreto 1055 estuvo orientado centralmente a la privatización de yacimientos al reglamentar nuevas formas de concesión de las áreas petroleras con libre disponibilidad del crudo por parte de los privados, en reemplazo del viejo contrato de explotación que obligaba a esas firmas a otorgar el petróleo extraído a YPF. El decreto 1212 desreguló el sector de refinación y comercialización al liberar los precios, mientras que el decreto 1589 autorizó la libre importación y exportación de crudo y derivados y eliminó todo tipo de derechos y aranceles. Además se les garantizó a los productores la libre disponibilidad de divisas. Aráoz fue consultado el jueves en Radio El Mundo y reivindicó su papel en aquellos años. “En 1989 me tocó a mí conjurar la crisis energética después del gobierno de Raúl Alfonsín. En mis manos tenía una crisis gravísima como la que se está pronunciando ahora y me tocó solucionarla”, aseguró. El periodista le preguntó entonces cómo salir de la crisis. Aráoz dijo que lo importante es reconocerla, pero evitó dar precisiones sobre los extraordinarios beneficios que les otorgó a las empresas en 1989 para “solucionarla”.

- Carlos Bastos. Es otro de los “especialistas” que suelen ser consultados habitualmente en algunos medios de comunicación. El lunes pasado habló por Radio El Mundo sobre los cortes de luz y reclamó un aumento de tarifas. “Lo más preocupante de esta situación es que no es un problema nuevo. Hay una distorsión en los precios de los servicios públicos. Por una política demagógica, se trató de mantener los precios del gas y la electricidad y esto ha tenido como consecuencia que la demanda aumentó más de lo que debió haber aumentado y no ha habido recursos genuinos vía tarifas para que las empresas hiciesen las inversiones necesarias”, aseguró. Bastos está lejos de ser un mero analista de la realidad. Fue secretario de Energía entre abril de 1991 y octubre de 1996. Durante ese período tuvo un papel protagónico en la privatización de Segba, Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y Gas del Estado. La enajenación del patrimonio público concretada entonces vino de la mano de un fuerte ajuste de tarifas y su posterior dolarización e indexación por la inflación de Estados Unidos. A partir de octubre de 1996 se desempeñó como consultor de empresas y en marzo de 2001 volvió a la función pública con Fernando de la Rúa. En esa segunda oportunidad, fue ministro de Infraestructura hasta que el estallido de diciembre de 2001 terminó con el gobierno de la Alianza. Luego de la devaluación, puso su experiencia y los conocimientos acumulados en la gestión pública al servicio de empresas privadas que demandaron por sumas millonarias a la Argentina. Se presentó como testigo en los reclamos iniciados contra el país por las norteamericanas AES International y El Paso Energy. Su tarea fue detallar qué garantías tenían esas empresas y cómo éstas fueron vulneradas por el Estado. También estuvo procesado por enriquecimiento ilícito durante su gestión como secretario de Energía, por incrementar supuestamente su patrimonio a partir del cobro de sobresueldos.

- Alieto Guadagni. Fue secretario de Energía de la última dictadura militar, entre julio de 1982 y diciembre de 1983 y volvió a serlo con el presidente Eduardo Duhalde, entre febrero y agosto de 2002. En su primera etapa se destacó por apurar la cesión de áreas productivas de YPF a un conjunto de firmas privadas, entre las que figuraban Pérez Companc, Bridas, Astra, Techint y Grupo Macri. El presidente Raúl Alfonsín se había comprometido durante su campaña a revisar esos contratos que transfirieron reservas del sector público al privado, pero finalmente no cumplió y fue Guadagni uno de los que hicieron lobby para evitarlo, aprovechando sus vínculos con el radicalismo. En su segundo paso por la Secretaría de Energía, también sobresalió por una jugada a favor de las empresas. Luego de la devaluación, el gobierno de Duhalde fijó retenciones a la exportación de hidrocarburos en el artículo 6 de la Ley 25.561. Sin embargo, el decreto 310 que reglamentó la norma se refirió al petróleo y todo tipo de combustibles líquidos, pero no incluyó a las exportaciones de gas natural, un negocio que se consolidó con el menemismo y continuó sin cambios en el gobierno duhaldista. Durante la década del ’90, las gasíferas se limitaron a ampliar la red existente instalando estaciones compresoras que llevaron la capacidad de los caños casi al límite y sólo construyeron gasoductos nuevos para exportar a Chile, Brasil y Uruguay.

- Daniel Montamat. Fue director de Gas del Estado entre 1985 y 1987, director y presidente de YPF entre 1987 y 1989. Luego se dedicó a asesorar empresas energéticas y también al Gobierno. De hecho, en 1990 el secretario de Empresas Públicas de Carlos Menem, Luis Prol, lo contrató como asesor petrolero, tal como destacó Horacio Verbitsky en su libro Robo para la corona. Desde ese lugar jugó un papel clave al recomendar el nombramiento de José Estenssoro al frente de YPF. Las leyes y decretos que Roberto Dromi y Julio César Aráoz habían impulsado en 1989 habilitaban la concesión de áreas de YPF y su asociación con otras petroleras, pero no permitían vender cuencas, destilerías, barcos y ductos. Para eso se requirió otra ley y Estenssoro fue clave en esa segunda etapa, que tuvo a Montamat como un cerebro en las sombras. En diciembre de 1999 fue convocado por el presidente Fernando de la Rúa para hacerse cargo de la Secretaría de Energía, donde se desempeñó hasta agosto de 2000. En ese momento fue cuestionado por la Oficina Anticorrupción por presunto conflicto de intereses, ya que su consultora Montamat & Asociados se dedicaba a asesorar a las empresas energéticas que el funcionario debía controlar. El jefe de Gabinete Rodolfo Terragno informó entonces que el propio Montamat le había asegurado que al asumir el cargo su consultora pasó a pertenecer a una prima que tenía el mismo apellido. El paso de Montamat por la secretaría marcó una continuidad de las grandes líneas estratégicas impuestas por el menemismo, pese a que el enorme apagón que sufrieron los clientes de Edesur en febrero de 1999 ya había dejado en evidencia las falencias de ese modelo con tarifas dolarizadas e indexadas. Cuando dejó el gobierno, Montamat volvió a trabajar en su consultora, que aún tiene como clientes a las principales firmas del sector. También es uno de los referentes del grupo de ex secretarios de Energía y un hombre de consulta habitual por parte de la mayoría de los medios de comunicación. “Es fundamental admitir el problema y tratar de operar por el lado de la demanda, porque por el lado de la oferta no se consiguen propuestas de corto plazo. Hay que racionar la demanda residencial. Se podría ir a un sistema de cortes programados”, aseguró esta semana en declaraciones a Radio Mitre.

- Jorge Lapeña. Desempeñó un papel protagónico en el sector energético durante el gobierno de Raúl Alfonsín, primero como subsecretario de Planificación Energética (1983-1986), después como secretario de Energía (1986-1988) y luego como asesor del presidente (1988-1989). La crisis colosal que atravesó el sector al final de aquel gobierno radical lo dejó maltrecho, pero logró reponerse y se convirtió en un referente del área como titular del Instituto General Mosconi y la consultora Lapeña & Asociados. También forma parte del grupo de los ex secretarios de Energía que cuestionan la política oficial. En 1989, en cambio, era mucho más contemplativo con la crisis energética que no pudo evitar. “El problema que atraviesa el sector eléctrico, si bien es de características graves, no es estructural”, remarcó entonces en un informe del Instituto General Mosconi. Lapeña decía, cuando los apagones amenazaban con dejar a oscuras a toda la ciudad, que la potencia instalada era suficiente, pero que la crisis se debía a “una sequía extraordinaria”, “un desperfecto inusual en Atucha 1”, “la ausencia de El Chocón por falla imprevisible en su presa” y “alta indisponibilidad del equipamiento térmico”.

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