Otra vez, el intento del gobierno nacional por fijar medidas que ordenen los precios y los volúmenes de la oferta agrícola, en este caso la exportación del trigo, se enfrentó con una fuerte resistencia de las organizaciones que representan a los grupos privilegiados del sector. La vinculación entre entidades rurales y grandes cerealeras es más que simple afinidad ideológica o de intereses. Lo que define posiciones es un entramado del sector agrícola en el que la exportación se concentra en pocas manos, la industrialización o molienda también reconoce a un puñado demasiado chico de actores dominantes que responden a las mismas cerealeras, la comercialización del cereal por regiones es controlado por las mismas firmas y, finalmente, un grupo de grandes productores asociados a aquellas son los que ejercen el control sobre las principales zonas de producción, a través de la propiedad de los campos o por el manejo directo de las condiciones de arrendamiento. Esa cerrada estructura es la que le hace frente a las decisiones del Gobierno y es la que, en el marco de los modelos de apertura económica de las últimas décadas, consolidó su poder, pasó a controlar la renta agropecuaria y maneja los hilos del rubro de exportación del que depende, en forma crucial, el balance de divisas del país.

Después de atravesar una etapa en la que el país padeció complicaciones con el abastecimiento de harina de trigo –que elevó sustancialmente su precio–, la oferta recuperó cierta “normalidad” tras las últimas estimaciones de cosecha del cereal (arriba de 9,2 millones de toneladas). El gobierno nacional dispuso una reapertura de los permisos de exportación, dado que la estimación excede las necesidades internas. Sin embargo, la respuesta fue una airada protesta del frente de entidades agrarias que integran la Mesa de Enlace, que directamente reclaman la “liberación” del mercado del trigo con el cese de cualquier tipo de regulación oficial. Por detrás de estas entidades, sin vociferar su postura, se mueven las grandes exportadoras cerealeras, que no se manifiestan públicamente pero actúan. En este caso, demorando las liquidaciones de sus exportaciones ante el mercado cambiario. Es decir, eludiendo el ingreso de los dólares al país.

La exportación de granos en el país reconoce pocos actores de peso. Cinco grandes empresas concentran más del 50 por ciento del volumen vendido al exterior (principalmente soja, maíz y trigo). Si se consideran a las ocho primeras, su participación acumulada crece al 70 por ciento. Pero entre ellas prevalece Cargill, la tradicional “trader” estadounidense que, en Argentina, ha diversificado verticalmente el negocio, de forma de no perder el control sobre ninguno de sus eslabones. No sólo es la que más exporta en granos (entre el 15 y 20 por ciento del volumen total), sino que cuenta con 4 plantas de molienda de oleaginosas (productoras de aceite) y 7 molinos harineros de trigo, además de dos malterías (procesamiento de cebada), frigoríficos, una fábrica de fertilizantes y una comercializadora de semillas asociada a Monsanto. Para la compra del grano no necesita depender de corredores de Bolsa que le consigan el producto, ya que cuenta con por lo menos 45 acopiadoras regionales propias (habría una cantidad similar de otros centros de acopio que, sin pertenecer a Cargill, trabajan casi en exclusiva para esa firma) que se encargan de negociar con los productores vecinos la compraventa de la cosecha incluso antes que ésta se levante, estableciendo una suerte de “monopsonio” (comprador exclusivo) local. Por si no alcanzara con el encadenamiento descripto, Cargill cuenta con cinco puertos propios desde donde despacha sus cargamentos al exterior.

Las otras cerealeras que participan (pero no disputan) el comercio exterior de granos junto a Cargill son ADM Argentina, Bunge Argentina, Nidera, Dreyfus, Toepfer, Noble Argentina y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas, vinculada a Coninagro). Sólo tres de las ocho reconocen origen argentino, aunque su forma de operar es similar a la de cualquier filial de multinacional: por seguir una lógica de negocio centralizada en las ventajas que obtienen en la exportación, por su forma de búsqueda de articulación y coordinación entre los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización, y por tener además un vínculo de control sobre el productor en el que prevalece su posición dominante. Ni siquiera ACA escapa a esta lógica.

La renovada disputa de estos sectores agroexportadores con el Estado, buscando correrlo de su camino, vuelve a poner en primer plano la cuestión del modelo de desarrollo agropecuario y las consecuencias del actual patrón de acumulación. Como ocurrió en 2008 cuando fue la disputa por las retenciones móviles a la soja, el trasfondo no aparece claramente a la luz. Las entidades agropecuarias y los exportadores dicen defender un modelo de libre mercado que no es tal, porque justamente lo que prevalece en el sector es la alta concentración y el desplazamiento de los actores más pequeños. El Estado, a su vez, busca regular precios y cantidades de la producción agroalimentaria para el mercado interno, y administrar las divisas del saldo exportable. Pero enfrenta la resistencia de un bloque agrario fortalecido en la última década, que logró acumular beneficios, amplió su control de la estructura productiva y comercial, y cerró un entramado en el que muchas de sus operaciones son internas al propio bloque y difíciles de fiscalizar por el Estado. Una trama productiva que podrá sacar a relucir su dinamismo en materia de expansión, incorporación tecnológica y el protagonismo alcanzado en el comercio internacional, pero que en materia de aporte al desarrollo local o regional por vía de agregar valor a las materias primas, arraigo poblacional y difusión de los beneficios, no sólo entrega poco sino que se sospecha que transita en sentido contrario.