Se estima que hay unos 30 mil productores de trigo, pero apenas un 6 por ciento (menos de dos mil) ostenta el 50 por ciento de la superficie sembrada y una proporción aun mayor de la producción. Esta fuerte concentración obedece a que al pequeño productor se le dificulta producir en las zonas más ricas y mejor dotadas, porque los costos de alquiler de los campos se fijan en volúmenes de soja (tantos quintales por hectárea) y, por lo tanto, sólo pueden ser abonados por grandes unidades económicas que tengan a la oleaginosa como actividad principal.

El control sobre el mercado, tanto en comercialización de producto como en la asignación de los campos, que ejerce el monopolio agroexportador es tan dañino para el Estado como para los pequeños productores. Al Estado, porque lo condiciona en la medida que depende de las divisas de la exportación. A la agricultura familiar y chacareros, porque los va desplazando y les captura la mayor parte de los beneficios.

Sin embargo, hasta ahora los pequeños productores no se han reconocido del lado del Gobierno en esta pelea con las entidades ruralistas y grandes exportadores. Una de las propuestas que se impulsa, que algunos especialistas alientan, para acercar a ambas partes es que se promuevan centros de acopio y procesamiento regionales, para que el productor deje de depender del acopiador ligado a las cerealeras y el producto salga ya elaborado para los centros de consumo. “Sería un primer paso para empezar a romper el patrón de acumulación vigente”, aseguran. En algunos despachos, ya se está analizando.