Después de una extensa jornada de conversaciones en Nueva York, los funcionarios del Ministerio de Economía y los abogados de los fondos buitre continuaron ayer negociando una salida al conflicto de la deuda. La segunda reunión de la semana con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, duró cinco horas. La delegación argentina reiteró su reclamo para que se suspenda transitoriamente la ejecución del fallo del tribunal. Esa es una condición necesaria para una negociación con los demandantes, explican desde el equipo económico. El magistrado ya rechazó un pedido similar. Para que conceda esa medida cautelar y permita a los bonistas del canje recibir en tiempo y forma los 832 millones de dólares depositados por Argentina en el Bank of New York Mellon, la solicitud debe contar con el visto bueno de los fondos buitre. Los letrados de esos inversores altamente especulativos, por ahora, se muestran reticentes a acompañar ese pedido y reclaman algún tipo de “garantía” concreta del país. Desde la cartera que encabeza Axel Kicillof, aseguraron a Página/12 que las partes volverán a reunirse con el mediador. Todavía no se definió cuándo será el próximo intercambio. Si bien la fecha límite para lograr avances sin afectar el pago normal de los vencimientos de deuda es el próximo 30 de julio, en el Palacio de Hacienda reconocieron que no esperaban novedades de los primeros contactos. “Cada uno me presentó sus posiciones, pero no se alcanzó ninguna resolución. Espero que el diálogo continúe”, expresó ayer Pollack.

El secretario de Finanzas, Pablo López; el responsable legal del Palacio de Hacienda, Federico Thea, y el subprocurador del Tesoro de la Nación, Javier Pargament, encabezaron la comitiva oficial. No tuvieron contacto directo con los representantes de los buitres. Cada una de las partes del juicio tuvo asignado un salón en el piso 27º del edificio y fue Pollack quien intermedió entre ambos. A lo largo del encuentro, Argentina reiteró su voluntad para hallar una solución “justa, equitativa y legal” que contemple los intereses del ciento por ciento de los acreedores del país.

“El tiempo para alcanzar un arreglo con Repsol fue superior a dos años, siendo los últimos cuatro meses del período de intensas negociaciones y en ese caso estaban involucradas cifras sustancialmente menores”, sostuvo el Ministerio de Economía en un comunicado difundido anoche. Economía cuestiona el exiguo plazo de negociación para diseñar un mecanismo de pago que permita pagarles a los buitres sin violar las condiciones acordadas con el 92,4 por ciento del total de los acreedores del país. No necesariamente se requieren dos años como la expropiación de YPF para alcanzar una solución con los buitres pero, por lo menos, se debe esperar que caduque a fin de año la cláusula de Derechos sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés). Ese ítem del contrato incluido en el canje de 2005 y 2010 prohíbe ofrecer mejores condiciones financieras a quienes no participaron del canje. Por eso, la delegación argentina junto con los abogados que representan al país volvieron a explicarles a los buitres, Pollack mediante, por qué es imposible cumplir al pie de la letra las órdenes de Griesa.

López, Thea y Pargament ya habían acompañado al ministro de Economía, Axel Kicillof, el lunes pasado durante el encuentro con Pollack. En esa ocasión, los funcionarios no participaron de la reunión que mantuvo el ministro a puertas cerradas con el mediador. El Palacio de Hacienda informó que se trató de “un encuentro de carácter eminentemente técnico”, en el que la delegación argentina “versó sobre las graves implicancias de la interpretación de la cláusula pari passu sancionada por la Justicia norteamericana y sobre los impedimentos objetivos para el cumplimiento de la sentencia del Juez Griesa”.

A lo largo de las cinco horas los funcionarios enfatizaron que para “encontrar una solución en condiciones justas, equitativas y legales para el ciento por ciento de los bonistas resulta imprescindible que el juez disponga una suspensión de la sentencia (stay), habida cuenta de la magnitud de los montos involucrados”. Finalizado el encuentro, Kicillof visitó a la presidenta Cristina Fernández en Olivos.

La intensa disputa mediática entre los lobbistas buitres y el gobierno argentino se trasladó también a la mediación conducida por el abogado neoyorquino. El jueves pasado los buitres publicaron en cuatro diarios nacionales –Clarín, La Nación, El Cronista y Ambito Financiero– una solicitada donde el grupo de presión llamado American Task Force Argentina (ATFA) afirmaba que “Argentina puede negociar un acuerdo sin afectar sus reservas de manera significativa, la cifra de 15.000 millones de dólares no tiene sustento”. Se trata del monto estimado que insumiría extender un hipotético pago a los buitres al 6 por ciento restante de los tenedores de bonos en default.

Ayer, a través de los mismos medios elegidos por los buitres, la Presidencia respondió sus afirmaciones, pero además entregó a Pollack material jurídico y financiero sobre los reclamos de los restantes tenedores de bonos que no ingresaron al canje. “Bastaría que el 80 por ciento de los holdouts consiga el mismo trato que los buitres para que la suma a pagar se transforme en 15.000 millones de dólares”, afirmó el Gobierno en su aviso para advertir que, además, “si el 92,4 por ciento de los bonistas que entraron al canje reclamaran lo mismo, en el marco de la llamada cláusula RUFO que les asegura igual trato, Argentina podría afrontar juicios por valores que, cómo mínimo, se ubicarían en los 120.000 millones de dólares”.