La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al hábeas corpus presentado por la madre y la hermana de Luciano Arruga –que permanece desaparecido desde 2009–. Este fallo implica ratificar la presunción de que se trató de una desaparición forzada, cometida por agentes estatales. La causa vuelve ahora al juzgado federal donde, desde el año pasado, está radicada la investigación penal. Esa investigación se centra en buscar a los responsables, mientras que el hábeas corpus procura saber dónde está Luciano, qué pasó con él. Ambas cuestiones, por supuesto, están directamente relacionadas pero, según una representante del CELS –que patrocina a las familiares de Arruga–, “este fallo obliga a todas las agencias del Estado a investigar activamente”. Los jueces tomaron en cuenta las denuncias por “detenciones, hostigamientos y amenazas de muerte que sufrió la víctima de parte de integrantes de la Policía Bonaerense, por haberse negado a robar”.

El recurso había sido presentado por Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Luciano Arruga, con el patrocinio de Juan Manuel Combi y Paula Litvachky –titular del Area Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)–. La presentación había sido rechazada por el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, y por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, pero ha sido admitida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.

Los jueces señalan que los familiares “oportunamente denunciaron que integrantes de la Policía Bonaerense detuvieron ilegalmente a Luciano Arruga, que tenía 16 años, el 31 de enero de 2009”, y que “existe una relación causal entre la desaparición, hostigamiento constante y amenazas de muerte que sufría Luciano desde 2008, principalmente las dos detenciones por agentes del Destacamento Policial de Lomas del Mirador, donde fue severamente golpeado el 22 de julio y el 22 de septiembre de 2008”. Las familiares “señalaron que esa persecución comenzó cuando se negó a ‘trabajar’ para el Destacamento, cuyos efectivos le habían ofrecido un arma y ‘garantías’ para robar”.

Además, se denunciaron “serias y reiteradas irregularidades en la investigación”. La fiscal Roxana Castelli, que tomó inicialmente el caso, “delegó la investigación en la misma fuerza policial sospechada”. Fue reemplazada por la fiscal Cecilia Cejas Martín, quien, según el recurso interpuesto, tampoco hizo avanzar la investigación. De hecho la familia de Arruga solicitó jury de enjuiciamiento contra ambas fiscales y contra el juez Gustavo Banco.

En enero de 2013, la causa pasó a la Justicia federal, al reconocerse que pudo tratarse de una de-saparición forzada, y está a cargo del juez federal de Morón Juan Pablo Salas. Pero, como las familiares “no recibieron información alguna acerca del paradero de Luciano”, el 24 de abril de 2014 interpusieron el hábeas corpus.

El juez Gemignani destaca que “a casi cinco años y seis meses del inicio de la investigación penal, NADA (mayúsculas y destacado del juez) se supo del paradero del menor, sumado a las serias irregularidades advertidas durante el comienzo de su tramitación”. También reclama “medidas de prueba”, como “el rastrillaje en el Monte Dorrego, donde habría sido trasladado Luciano por personal del Destacamento de Lomas del Mirador”. El magistrado sostiene que “está en juego la presunta comisión de graves violaciones de derechos humanos por agentes de las fuerzas de seguridad” y recuerda “la imprescriptibilidad de los delitos investigados”. El juez destaca que el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas manifestó en 2010 su preocupación por “la desaparición forzada del niño Luciano Arruga durante su detención policial”.

Por todo ello, los jueces Gemignani, Hornos y Borinsky dispusieron “hacer lugar al recurso de Casación” y “ordenar al Juzgado Federal Nº 1 de Morón, al ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, al gobernador Daniel Scioli y al ministro de Justicia de la Nación, Julio César Alak, adoptar todas las medidas para conocer el destino de Luciano Nahuel Arruga”.

“Todas las agencias”

Paula Litvachky, del CELS, destacó que “con el fallo, la sala de Casación, que es el más alto tribunal federal, reconoce la responsabilidad del Estado en la desaparición y en la falta de investigación y dispone que el Estado ponga todas sus agencias en acción para saber dónde está Luciano y qué pasó con él. Ahora el juez federal de primera instancia debe ordenar y coordinar las medidas que deberán efectuar todas las agencias del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires”.

“Según muestra el fallo, los jueces no dudan de que la sospecha sobre responsabilidad de funcionarios es válida, de que la investigación fue irregular y de que el Estado no hizo lo que debía para dar respuesta a la familia”, puntualizó Litvachky, y precisó que “la causa penal se enfocaba en encontrar a los responsables. Este fallo obliga a todas las agencias del Estado a ser muy proactivas en la investigación de lo que pasó con Luciano. Claro que tendrían que haberlo hecho por iniciativa propia, pero este dictamen viene a poner un orden”.

Litvachky agregó que “la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense no desplegó ninguna investigación, el gobierno provincial procuró invisibilizar el caso y negó sistemáticamente la responsabilidad del Estado. En cuanto al Estado federal, es garante de la protección de los derechos de todos los ciudadanos del país, y debe poner todas sus fuerzas de seguridad, agencias y recursos a disposición de una investigación que encuentre a Luciano y permita saber qué pasó con él”.

Entretanto, en marzo pasado los ocho policías implicados en el caso –que jamás fueron indagados– dejaron de estar en disponibilidad, con lo cual volvieron a quedar autorizados para portar armas.