En las dos primeras horas de ayer se completaron las apelaciones del caso Ciccone y hasta las partes enfrentadas rechazaron el procesamiento dictado por el juez. Los ángulos planteados son esencialmente tres. El fundamental tiene que ver con que tanto la familia Ciccone como Amado Boudou, su amigo José María Núñez Carmona y el abogado Alejandro Vandenbroele niegan los hechos que se les atribuyen. A los Ciccone, el juez Lijo les imputó que pagaron una coima del 70 por ciento de las acciones de la imprenta con tal de salvarla de la quiebra. A Boudou, que se quedó con ese 70 por ciento. El segundo ángulo tiene que ver con la ruta del dinero: Boudou le dice al juez que no quiso averiguar de dónde salió la plata para salvar la imprenta porque tendría que citar a declarar a personas vinculadas a él. Y, por último, todas las partes cuestionan que los Ciccone hayan sido, primero, imputados, luego testigos, a continuación querellantes y terminaron otra vez como imputados después de que se les revocara el carácter de querellantes. Todos los que apelaron ayer coinciden en que fue una maniobra de Lijo que debe considerarse nula. Durante la mañana de ayer llegaron a los tribunales de Comodoro Py el abogado de Vandenbroele, Germán Soria; los de Núñez Carmona, los hermanos Rubinska; el de Nicolás Ciccone, Maximiliano Rusconi; y el de Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone, Carlos Vela. Todos apelaron el procesamiento en el juzgado de Lijo y éste seguramente enviará el expediente y las apelaciones a Cámara durante la semana que se inicia el lunes. En el caso interviene la Sala I de la Cámara Federal integrada por Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. La lógica indica que los camaristas citarán a las partes para que expongan sus posturas en agosto o septiembre.

La apelación presentada por el abogado de Nicolás Ciccone, Maximiliano Rusconi, es de llamativa dureza. “El 70 por ciento de algo no puede ser una coima. Es una fantasía”, afirma Rusconi sobre el hecho que se le atribuye a su cliente. Su defensa pone el acento, en primer lugar, en que los Ciccone quisieron salvar la empresa y para ello buscaron –según señalan en el escrito– distintos interlocutores o inversores, entre ellos a Fintech, el fondo de inversión norteamericano. En ese marco, Rusconi hace referencia al acuerdo suscripto con Vandenbroele y que para Lijo es una evidencia de la coima porque dice que los Ciccone entregaron el 70 por ciento de la empresa en forma gratuita, sólo a cambio de que, presuntamente, Boudou salvara la imprenta. Rusconi contesta que el convenio contemplaba que cada uno de los dos hermanos Ciccone cobrarían 50.000 dólares por mes, lo que de ninguna manera significaba entregar la empresa por nada, como coima.

Pero el punto más importante en la apelación de Rusconi es el que tiene que ver con que el juez usó la declaración del propio Nicolás Ciccone, tomado como testigo, en su contra. En su momento, el fiscal Jorge Di Lello se opuso a que se considerara a Ciccone como testigo porque su mirada era que, si existía una maniobra, la familia fue parte. El juez, sin embargo, siguió adelante. Y no sólo le tomó declaración como testigo a Nicolás Ciccone, sino también a su hija, a su yerno y a sus sobrinas. Rusconi considera que todo eso fue nulo porque, por ejemplo, no se puede usar la declaración de una hija contra un padre.

En este último aspecto, también la defensa de Boudou, integrada por Diego Pirota, Eduardo Durañona y Débora Lichtman, coincide en que todas las declaraciones de los Ciccone son nulas y, además, interesadas. Lo que sostiene la defensa de Boudou es que él no tuvo nada que ver con el rescate de la imprenta ni con los trámites en la AFIP o en la Casa de la Moneda. Su versión –en la que coincide con Vandenbroele– es que los Ciccone impulsaron el salvataje de la imprenta cuando vieron que la perdían por la quiebra. Ese fue el motivo de la contratación de Vandenbroele a cambio de un sueldo de 7000 dólares por mes y el cinco por ciento de las acciones en caso de salvar la imprenta. El acuerdo, ante escribano, establece que una vez rescatada la empresa, las acciones volverían a Reinwick, es decir a la familia Ciccone. Los fundadores de la imprenta –dice Boudou– apuntan contra el vicepresidente para decir que fueron extorsionados y reclamar –como ya hicieron– una indemnización.

Boudou, en su apelación, hace eje en que la ruta del dinero prueba lo que sostiene, porque los fondos para el rescate de la empresa –afirma– provinieron del financista Raúl Moneta, a cambio de un altísimo interés, y del banquero Jorge Brito, uno de cuyos hombres, Máximo Lanusse, quedó a cargo de la imprenta. Boudou insiste –lo dice en el escrito– en que el juez no quiere investigar esa ruta del dinero –pesquisa que ordenó la Cámara– porque lo llevaría a convocar a personas que son sus propios amigos.