Algunos de los acontecimientos recientes en el área económica pusieron en alerta al Gobierno sobre una visible ofensiva en varios frentes que buscaría reeditar, según la hipótesis, el clima de inestabilidad creado entre fines del año 2013 y principios del actual. Aquella situación derivó en la devaluación arrancada al Gobierno y posterior puesta en marcha de diversos mecanismos de emergencia para controlar los desequilibrios en materia de precios y en las variables financieras. En las últimas semanas, el regreso de las remarcaciones de precios en productos de consumo masivo e insumos básicos, la renovada presión sobre el dólar, más algunas frases grandilocuentes de la dirigencia empresaria, parecieron converger en generar un clima de descontrol e inestabilidad. Las discusiones en torno de las leyes que atienden derechos del consumidor frente a abusos de sectores dominantes reflejaron ese tipo de planteos. La suspensión, incluso, de la habitual celebración por el Día de la Industria reflejó la intención de determinados grupos de poner en el escenario una expresión de extremo distanciamiento con las políticas del Gobierno. Esta semana habrá reacciones de otros sectores empresarios, fundamentalmente pymes, que si bien reconocen dificultades en el plano económico, no coinciden con el diagnóstico que pretenden imponer estos grupos dominantes y, mucho menos, con el tipo de políticas que proponen para salir de esta coyuntura: una vuelta sin escalas al esquema de reglas neoliberales que reinó durante los ’90.

La actualización de normas y sanciones para regular las relaciones entre el consumo y la producción desataron una reacción casi histérica de los grupos más concentrados no sólo en cuanto a su poder económico, sino también en su concepción. El Foro de Convergencia Empresarial, el núcleo de seis cámaras que representan el bloque central del establishment, se pronunció sobre los proyectos comparándolos con la abolición de la propiedad privada. “Con mayor intervencionismo del Estado, se determinaría la vida o la muerte de la propiedad privada”, dramatizó el nucleamiento. Una sentencia que podría justificar cualquier declaración de guerra posterior contra el Gobierno. El desatino en los dichos muestra congruencia con otras actitudes que una franja del empresariado mostró en las últimas semanas que tendieron a complicar el panorama económico, cuando diversas dificultades vinculadas con el frente externo (fondos buitre, crisis de exportaciones a Brasil) obligaron a tomar recaudos pero no a prenunciar el estallido de una crisis.

La presidenta de la Nación aprovechó el cierre del encuentro tripartito del Consejo del Salario del último lunes para advertir sobre la conducta de empresas automotrices que empezaron a retacear la entrega de modelos comprometidos en el programa Pro.Cre.Auto, que apuntaba a facilitar la renovación de autos con precios rebajados y financiamiento extendido. Pero el mayor nivel de ventas de autos parece no ser la preocupación principal de las terminales, que habrían elegido retener las unidades a la espera de un aumento de precios, quizás de la mano de una devaluación.

Una situación similar empieza a verificarse en el sector bancario. Mientras que el Gobierno busca alentar el financiamiento a las pymes a través de los créditos a tasa subsidiada para inversión productiva, muchas empresas medianas y pequeñas se encuentran con la respuesta de las entidades de que “ya no hay cupo” cuando concurren a pedir la habilitación de esa línea. Fuentes de las propias entidades admiten que “la instrucción que le bajan” es no abrir esa ventanilla de créditos más allá de una lista muy exclusiva de clientes. El criterio imperante hoy en el sistema financiero, coinciden analistas tanto del sector como los que estudian la actividad industrial, “es trabajar con baja escala y muy rentable”. Sólo así se explica que mientras la economía argentina sigue siendo una de las que exhibe las menores tasas de financiamiento con respecto a su PBI, la rentabilidad de los bancos pueda elevarse en un 60 por ciento de un año a otro.

La evolución del negocio para las pymes, este año, tuvo otros elementos negativos, además de la falta de crédito pese a las políticas oficiales de promoción: el impacto negativo multiplicado, podríamos decir, que tuvo la devaluación de enero. Vale recordar que la devaluación se produjo luego de una aceleración interna de precios provocada por los formadores de precios en los meses previos, que se consolidó con los aumentos, aunque a menor tasa pero adicionales, que se aplicaron después del 23 de enero. Con las paritarias, los salarios recuperaron, en forma retrasada, el poder adquisitivo que les recortaron estos aumentos, cuando éstos alcanzaron a productos de consumo masivo. En tanto, para el grueso de las pymes, estos fenómenos se tradujeron en incrementos en los insumos por encima de la devaluación, aumentos de salarios que habrían equiparado a la devaluación pero con retraso, pero imposibilidad de trasladar esos aumentos a sus propios productos. En su mayoría proveedoras de grandes empresas, no lograron que éstas les convaliden los aumentos, con lo cual quedaron por debajo del alza de sus insumos y de los salarios que pagan.

Entidades del sector pyme denuncian una pérdida notable de la rentabilidad de sus empresas por estos factores. Niegan que exista un “parate” en las ventas como algunas expresiones quieren mostrar (ellos hablan de una recuperación del mercado interno, aunque todavía sin alcanzar los máximos históricos), pero admiten la existencia de un “malestar” muy grande en este nivel de empresas con una situación que los llevó, en algunos casos, a “trabajar a pérdida”, aunque haya ventas.

En un cuadro de situación en el que los grupos más concentrados luchan por hacer trastabillar la política de crecimiento, pareciera imprescindible poder percibir claramente la diferencia entre las razones del malestar de los sectores pyme y las intenciones de aquellos que pretenden representar al empresariado en general. Entre las razones de estas molestias, una es que las políticas oficiales destinadas a fomentar el consumo interno o la actividad de las pymes está mediada, en su aplicación, justamente por el sector alineado con esos grupos concentrados, que las convierten en ineficaces. Por ejemplo, los bancos o las automotrices.