El ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, está siendo investigado en la Justicia. Figura como apoderado de la cuenta de María Amalia Sara Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Adriana Amoedo en el HSBC Ginebra. Es un depósito de 68,3 millones de dólares, saldo correspondiente a fines de 2006. Antes de esa fecha, el monto había superado los 100 millones de dólares. Es una cuenta que no estaría declarada a la AFIP. Esto lo definirá el cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y peritos de partes estudiando las declaraciones juradas de 2005, 2006 y 2007 (Ganancias y Bienes Personales) de esas dos grandes contribuyentes. Prat-Gay es el usuario de Internet de esa cuenta según la ficha del HSBC Ginebra, lo que refleja el estrecho vínculo con la entidad financiera para el manejo de esos fondos. Estos datos fueron proporcionados por el fisco francés a la AFIP, información que forma parte del aporte realizado por el ex empleado del HSBC, Hervé Falciani, de 130 mil clientes de varios países de la sucursal Ginebra de esa entidad. De ese total, unos 4000 corresponde a argentinos, entre los que se encuentra Amalita y su nieta con el acompañamiento de Prat-Gay.

Cuando se difundió esta información, el financista que Macri eligió para el manejo del Palacio de Hacienda emitió un comunicado diciendo que él nunca había sido titular o beneficiario de una cuenta en Suiza y que siempre tenía todos sus activos debidamente declarados ante la AFIP. El dato que no mencionó fue que en la denuncia de la AFIP radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N 3, de la jueza María Verónica Straccia (causa 134053/2014) no aparece como titular de una cuenta, sino como apoderado de la de Amalita. Prat-Gay también realizó su descargo luego de la fiscalización electrónica que le realizó la AFIP con motivo de las cuentas bancarias del HSBC. Informó que los honorarios percibidos y sus correspondientes impuestos como apoderado de cuentas de tercero con “poder limitado de gestión” están “debidamente reflejados y efectivizados en los balances” de APL Economía SA, firma donde figura como accionista y director.

Mediante las resoluciones 762 y 763/2014 del 18 de diciembre del año pasado la AFIP notificó a PratGay, con relación a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, el requerimiento de pago de ambos tributos del período 2006 por un total de 81 millones de pesos correspondiente al saldo de la cuenta no declarada en el HSBC Ginebra.

En la firma APL Economía SA también participan Pedro Lacoste y Luis Andrés Caputo con cargos de presidente y vice, respectivamente. El primero será el viceministro de Prat-Gay, y el otro ocupará el cargo de secretario de Finanzas. Caputo, que vive en el mismo edificio de Prat-Gay, también trabajó en el JP Morgan como su vecino futuro ministro para luego pasar a liderar el Deutsche Bank en Argentina. El Ministerio de Economía fue renombrado de Hacienda y Finanzas por Macri. De acuerdo a quienes lo habitarán a partir del 10 de diciembre sería más preciso denominarlo el ministerio de la city.

Albacea

La relación de Alfonso Prat-Gay con Amalita Fortabat fue muy cercana. Fue designado por la familia como albacea de la fortuna de la empresaria del cemento y se había convertido en “family office” (administrador de los activos). Este vínculo estrecho quedó en evidencia cuando fue uno de los privilegiados que trasladó el cajón con el cuerpo de Amalita en el cementerio de la Recoleta hacia el mausoleo familiar, el 19 de febrero de 2012. Integra la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat desde el 5 de octubre de 2011. Su compañía de asesoramiento APL Economía SA también es parte de esa institución desde el 3 de diciembre de 2007.

La información proporcionada por la AFIP al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 3, de la jueza María Verónica Straccia, tiene la cuenta de 68,3 millones de dólares a nombre de Amalita Lacroze de Fortabat, la mujer del cemento (Loma Negra) fallecida en 2012, de su nieta Amalia Amoedo y de su apoderado: Alfonso PratGay. Esos millones de dólares eran parte de lo recibido por la venta de Loma Negra a la brasileña Camargo Correa. Prat-Gay fue presidente del Banco Central desde el 11 de diciembre de 2002 al 24 de septiembre de 2004. Los rumores de venta de Loma Negra comenzaron en 2003 y la operación de venta a Camargo Correa por 1048 millones de dólares se informó a la Bolsa de Comercio el 20 de abril de 2005. Hubo un período donde Prat-Gay coincidió en ser presidente del BCRA y administrador de la fortuna de Fortabat, que podría haber generado un conflicto de intereses.

En el juzgado de Straccia se encuentra el detalle del movimiento de la cuenta de Amalita y su nieta. Fue creada el 29 de junio de 2005 (dos meses después de la venta de Loma Negra), tiene tres referencias de International Bank Account Number, Prat-Gay figura como “usuario de Internet” (el canal de comunicación del banco con el cliente) y el HSBC Bank USA International Private Banking New York aparece con una “carta de autorización” (letter of autorisation), que significa que ejecutivos de la entidad financiera podían administrar los fondos de la cuenta. El detalle de los activos a diciembre de 2006 era: “Bonds” (bonos) por 66.533.723 dólares, “Funds in shares” (cuota parte de un fondo de inversión en activos bursátiles) por 1.782.522 dólares y “Liquid assets” (efectivo) por 1654 dólares. El total sumaba 68.317.899 dólares. Un mes antes, el monto alcanzaba a 84.135.336 dólares, y en noviembre de 2005 ascendía a 101,3 millones de dólares.

La investigación oficial está avanzando en precisar qué tipo de asesoramiento también ha prestado Prat-Gay, a través de su firma de consultoría financiera, a Exprinter International Bank perteneciente a la familia Supervielle. Uno de sus miembros y directivo de la entidad, Pilar Isabel Estella Supervielle de Basso, figura con el registro de 19,6 millones de dólares en una cuenta en el HSBC Private Bank Ginebra. El informe de fiscalización de la AFIP, que está en el expediente judicial, menciona la necesidad de investigar el vínculo de APL Economía SA de Prat-Gay como asesor de la firma de Pilar Supervielle. Lo hace a partir de señalar que APL Economía SA informó que “el servicio de asesoramiento y medición de riesgo (risk management) prestado a Exprinter Bank consistió en la evaluación del riesgo de mercado existente en carteras de inversión realizados por terceros”.

Evasión = corrupción

Una de las primeras declaraciones de Macri como presidente electo, en un reportaje al diario Clarín, fue que será implacable con la corrupción, asegurando que dejará que actúen los jueces en causas que involucran a funcionarios del actual gobierno y que reclamará transparencia a sus propios, y ante eventuales denuncias lo desplazaría hasta que se aclare el caso en la Justicia.

A nivel internacional, organismos multilaterales y ONG encargadas de investigar el origen y flujo de capitales provenientes de la corrupción (Transparencia Internacional, Global Financial Integrity, Tax Justice Network) han empezado a incluir en esa categoría la evasión impositiva, fuga de capitales y lavado de dinero a gran escala. Delitos que en general no son presentados ante la sociedad como hechos de corrupción. La apropiación ilegal de fondos que le correspondería al Estado por cobro de impuestos y la sofisticada fuga de capitales con la ayuda de equipo especializados de bancos y asesores financieros son consideradas como corrupción por esas prestigiosas ONG.

Uno de los grandes aportes realizados en la denuncia judicial de la AFIP sobre las cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra fue descubrir quiénes integraron esa trama de corrupción por evasión y fuga de capitales. Los letrados de la AFIP señalan que quien posee la autorización delegada por las titulares para administrar los fondos depositados en el exterior no puede desconocer que no se encuentran exteriorizados en el país y el fin explícito de evadir el pago de impuestos sobre dichos fondos.

Los miembros de esa red fueron los encargados de armar el entramado de empresas offshore para impedir el acceso a los datos de los dueños de los capitales. La denuncia de la AFIP menciona la existencia de una “plataforma facilitadora para la evasión”. Los apoderados, abogados, economistas y contadores colaboraron en la elaboración de la red de sociedades y fideicomisos extranjeros (trust) radicada en paraísos fiscales como Panamá, Jersey, Guersney, Suiza, Uruguay, Bahamas e Islas Vírgenes. El objetivo de su tarea fue crear complejas estructuras jurídicas y societarias para ocultar la identidad de los titulares de los fondos depositados en cuentas del HSBC Ginebra, Suiza. Prat-Gay, como apoderado de Amalita, integra esa red de abogados, contadores y economistas vinculados con grandes bancos internacionales para facilitar la fuga y evasión. Por eso su desmentida de que no es titular ni beneficiario de una cuenta en Suiza no se relaciona con la denuncia, porque la presentación de la AFIP en el juzgado fue por su papel de apoderado de las cuentas de Amalita.

El juez amigo

Como se detalló en la edición del 7 de junio pasado de Página/12, Prat-Gay busca detener, hasta anular, la investigación con el traslado del expediente a un juzgado más amigable. Para ello presentó una denuncia penal contra los funcionarios de la AFIP Horario Curien (subdirector general de Fiscalización) y Pedro Robeda (subdirector general de Asuntos Jurídicos) acusándolos del delito de falso testimonio y asociación ilícita, ampliándola contra el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, como parte de una asociación ilícita e instigador del falso testimonio. Consiguió que la demanda sea radicada en el juzgado federal de Claudio Bonadio. La capacidad de selección de un juez se denomina forum shopping, definida técnicamente como “un tipo de maniobra para elegir un juzgado con el que la parte actora se siente más cómoda”. Prat-Gay se sintió cómodo con Bonadio, y razones no le faltan teniendo en cuenta las recientes actuaciones del juez.

El razonamiento expuesto por Prat-Gay en la presentación ante Bonadio es que el delito de los funcionarios públicos fue el de haber realizado la denuncia judicial por el caso HSBC mintiendo al imputarle a las Fortabat, y a él como apoderado, el delito de evasión tributaria. La réplica de la AFIP, contenida en un memo de descargo en la Secretaría N 22 del Juzgado Federal N 11, dice que con esa presentación “se busca que la existencia o no de evasión tributaria –que corresponde al Juzgado Penal Tributario N 3– sea definido por un juez distinto al que le corresponde”. Para agregar: “Pretende Prat-Gay, con la excusa del falso testimonio, que un juez ajeno al caso, el Dr. Bonadio, defina –en su favor– la inexistencia de evasión que se le imputa en la causa original”.

La estrategia judicial del futuro ministro de Economía es que Bonadio impulse una investigación paralela de los delitos denunciados por la AFIP y de ese modo detener la tarea de persecución de importantes ilícitos tributarios en la sede natural y específica (juzgado de Straccia). Por esa maniobra dilatoria se está tramitando un incidente de incompetencia en tribunales. Ahora como ministro de la city, Prat-Gay tendrá las espaldas mejor cubiertas.