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Producción: Tomás Lukin

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Solución obvia

Por Andrés Knobel *

El escándalo de los papeles de Panamá demuestra que los paraísos fiscales no toman partido; no son exclusivos de una agrupación política, de un gobierno o de la clase política. Ni siquiera se limitan a Panamá. Son muchos y están abiertos a cualquiera con suficiente dinero, sin hacer preguntas. Lo más grave no es lo que se reveló en los medios, no se trata de los individuos que tuvieron la “mala suerte” de ser deschavados ahora, sino de un sistema perverso en pleno apogeo y expansión.

La opacidad no empezó con Panamá y lamentablemente no va a terminar por este escándalo. Los paraísos fiscales son conocidos, tolerados y hasta fomentados desde hace años, porque benefician a muchos, a costa del resto de la sociedad, claro. Abogados, contadores, asesores fiscales, funcionarios, empresas, individuos. Nadie considera estar haciendo algo malo, todos simplemente creen estar haciendo su trabajo.

Por eso, lo peor no es que haya individuos que recurran a los paraísos fiscales para lavar dinero, financiar terrorismo, evadir impuestos o esconder los frutos de la corrupción. Gente mala hay en todos lados. Lo terrible es que conociendo lo que está pasando, el resto siga sin hacer nada para frenarlo. Si los paraísos fiscales se basan en el secretismo, hay que combatirlos con la transparencia. Si la opacidad se logra escondiendo a un individuo detrás de cadenas de sociedades, fideicomisos y testaferros para que pueda cometer delitos sin ser descubierto, hay que exigir que se identifique a ese individuo, llamado el “beneficiario final”.

Este reclamo encabezado por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) no es utópico, ya existe. Una Directiva de la Unión Europea de 2015 exige crear registros centrales de “beneficiarios finales” para las sociedades y otras personas jurídicas, quienes deberán identificar a sus verdaderos dueños, independientemente de la cadena de empresas de paraísos fiscales que se interpongan. Ucrania, Holanda, Noruega y el Reino Unido fueron más lejos aún, estableciendo registros públicos, para que cualquier comerciante, periodista u ONG, pueda acceder a la información. Al fin y al cabo, los originarios registros públicos de comercio consideraban a la publicidad como algo esencial. ¿Qué argumentos puede haber ahora para mantener oculto a quien crea una empresa, que en definitiva es una ficción legal?

¿Hay que copiar la normativa europea? No necesariamente. Aunque muchas de estas leyes representan un gran avance hacia la transparencia, el diablo siempre está en los detalles. Por un lado, no existe un registro similar para fideicomisos. Para que un registro sea efectivo debe incluir a todos los tipos de entidades. De lo contrario, cualquiera que quiera permanecer oculto, elegirá la forma jurídica más opaca. También es necesario definir a quién se considerará “beneficiario final”, para que los requisitos no sean tan exigentes que queden muchos afuera. Igualmente importante es que la información esté disponible online para que cualquier persona, especialmente una autoridad de otro Estado pueda acceder a ella. Otro detalle relevante es que la información esté digitalizada y en formato de datos abiertos. De esta forma, las autoridades podrían cruzar la información de quienes figuran como beneficiarios finales con sus declaraciones juradas, registros civiles y migratorios, consumos de tarjeta de crédito y extractos bancarios, para descubrir casos de ocultamiento o falsedad.

¿Sirve si no lo hacen todos? Es verdad que aun si la Argentina contara con un registro central y público de beneficiarios finales para todos los tipos de entidades, muchas de las revelaciones de los Papeles de Panamá no hubiesen sido detectadas. Para eso haría falta que todos los países (especialmente los paraísos fiscales) tengan también estos registros. Sin embargo, la Argentina ganaría mucho, incluso si fuera el único país que lo tuviera. Si Argentina exigiera registrar al beneficiario final de cualquier entidad que quiera operar en el país, ya sea que quiera abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o vender productos y servicios, se volvería mucho más difícil lavar dinero en el país (por ej. comprando inmuebles con dinero del narcotráfico), vender facturas apócrifas para ayudar a otros a evadir impuestos o disimular sobornos y hasta controlar en qué empresas participan los funcionarios públicos para descartar casos de corrupción o conflicto de intereses en los contratos de obra pública y en los proveedores del Estado. Distintas ONG como Tax Justice Network vienen analizando con funcionarios del gobierno propuestas de transparencia (como los registros de beneficiarios finales) desde antes de la difusión del escándalo. Sería deseable que los Papeles de Panamá sirvan para catalizar la voluntad política de terminar con la opacidad en la Argentina.

* Abogado y consultor de Tax Justice Network.

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Un cambio posible

Por Juan Valerdi *

La difusión de los papeles de Panamá debe ser aprovechada en todo el mundo para impulsar una discusión profunda acerca del grave daño que las guaridas fiscales ocasionan a nuestras economías y el modo más rápido de terminar con ellas. De nada sirve poner el acento, como se está haciendo, en los “ricos y famosos” de Argentina y del resto del mundo que caen esta vez en “la volteada”. Estos documentos han revelado información que “complica” al Presidente de la Argentina, a miembros de su gabinete, al secretario de un Presidente de la pasada década y al jugador de fútbol más famoso de la Argentina.

El escándalo destapado ofrece una oportunidad inmejorable de analizar las razones que sitúan al país como “caso crítico” de cara a las “guaridas”, pues cobran estado público vínculos non sanctos de una fructífera sociedad de negocios para pocos y muy poderosos argentinos, para propiciar y concretar reformas legislativas basales que las abroguen.

La legislación vigente es absolutamente permisiva y, por ende, cómplice. Debe modificarse radicalmente con urgencia. No es legítimo avalar la fuga de capitales y elusión de tributación de los que más tienen.

En el año 2000, al definirse el texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias mediante el Decreto 1037/2000, se creó una lista taxativa “negativa” de 88 “guaridas” (piadosamente denominadas “jurisdicciones de baja tributación”). El listado “negativo” en la ley de impuesto a las ganancias, habilitaba medidas especiales de control y exigencia de documentación de las operaciones en la AFIP, el Banco Central y el sistema financiero que posibilitaban controlar actividades de evasión y elusión fiscal, manipulación de precios de transferencia con que las multinacionales registraban sus operaciones, fuga de capitales, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

En mayo de 2013, mediante el Decreto 589/2013, se eliminó la lista “negativa” y se la reemplazó por un listado “positivo” que incluye a las llamadas “jurisdicciones cooperantes”. La condición fijada para que un país-guarida sea definido como “cooperante” es que haya firmado un convenio de intercambio de información con la AFIP o que, a criterio de la AFIP, hubiera “iniciado con el Gobierno las negociaciones necesarias a los fines de suscribir un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria”.

Los acuerdos de intercambio de información entre países cooperantes son inútiles. Ello ha sido expuesto por diversos especialistas y ONG, locales, regionales e internacionales. Una prueba cabal de la inutilidad denunciada es lo que ocurrió con los datos de 4040 argentinos que la AFIP pudo identificar como titulares de cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra ya que el pedido de información oficial a Suiza dio por resultado una respuesta negativa de las autoridades de ese país debido al origen de la información que motivó la solicitud. Los documentos detallando titularidad y movimientos de cuentas en el HSBC de Ginebra fueron extraídos del banco por el ex empleado informático Hervé Falciani en 2008. Incluyen más de 130.000 evasores de diversas nacionalidades y como consecuencia de esa información se abrió, entre otras, una investigación sobre la participación del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en Argentina.

Las normas vigentes de resguardo anti evasión, así como las de lucha contra lavado de activos y financiación del terrorismo, en relación con las actividades económicas de personas físicas y jurídicas que operan en Argentina y tienen como contraparte a otras domiciliadas en países como Panamá, Bahamas, Suiza, Jersey, Seychelles, Luxemburgo, Islas Caimán, Bermudas, Isla de Man, Islas Vírgenes y otras reconocidas guaridas fiscales, tienen un tratamiento similar al que se da con países desarrollados con un nivel de tributación razonable y sin opacidad bancaria y societaria.

En definitiva, la situación actual de la Argentina frente al gravísimo problema de la fuga de activos, lavado de capitales y evasión tributaria, ligados a las guaridas fiscales, es de extrema debilidad. La falta de acción para resolver esta delicada situación por parte de las autoridades políticas y de la AFIP actuales, salpicadas por el escándalo de los Papeles de Panamá y la Lista Falciani, brinda una posibilidad inmejorable e insoslayable de materializar, con carácter urgente, una reforma legislativa anti paraísos fiscales, acorde a los principios de transparencia enarbolados en la campaña que llevó a ganar el ballotage al actual presidente en ejercicio. Sería un modo concreto y efectivo de enmendar el yerro, cuanto menos ético, que se le achaca y por el cual se le piden explicaciones e instruyen investigaciones.

* Economista e integrante de Tax Justice Together.