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El acuerdo alcanzado el último fin de semana entre las productoras de gas y el gobierno nacional garantizaría el abastecimiento de 121 millones metros cúbicos diarios de gas para el mercado interno, a cambio de un aumento que, en el caso de la industria, alcanza del 35 al 50 por ciento en una primera etapa. Sin embargo, no está claro si ese volumen de oferta alcanzará para evitar un perjuicio para los usuarios domiciliarios o las usinas eléctricas. Las dudas sobre este punto, que debería haber quedado reflejado en un compromiso público de prestación del servicio eléctrico y de gas sin cortes entre junio y agosto, postergaron la difusión del acuerdo. La cuestión es quién asume la responsabilidad pública de semejante compromiso, si las empresas junto con el Gobierno o este último en solitario. Tan delicado es el tema que merecerá un detenido análisis hasta el fin de semana próximo. El acuerdo recién se hará público, probablemente, a partir del lunes.
Tal como se anticipó, las petroleras lograron, a cambio de su compromiso de abastecimiento, el descongelamiento y el aumento progresivo del precio del gas en boca de pozo, que de todos modos deberá pasar por audiencia pública antes de hacerse efectivo. Esto es así porque el precio del gas, aunque está desregulado a la salida del yacimiento, es parte componente de la tarifa que cobran las distribuidoras: clientes industriales, comerciales, usinas eléctricas y usuarios residenciales. En diferentes proporciones, y con la sola excepción de los sectores de más bajos recursos, en todas las categorías se producirían aumentos a partir de mayo –siempre que la audiencia pública se concrete antes de fin de mes–. Las distribuidoras sólo pueden pagar un precio mayor por el gas en boca de pozo en la medida que el Enargás las autorice a trasladarlo a las tarifas, y en la proporción que el ente determine. No así las grandes industrias, que compran directamente el insumo al productor, por contrato directo y a precio libre.
El aumento del gas, escalonado, tendrá su primer capítulo en mayo, según se prevé, que lo llevará de su actual nivel de 45 centavos a 0,60 dólar por millón de BTU, aproximadamente (el precio interno debe fijarse en pesos, por lo cual esta equivalencia también varía con un tipo de cambio que hoy se comporta con tendencia a la baja). Sucesivamente, en otros tres aumentos, el precio del gas alcanzaría un nivel cercano al dólar por millón de BTU. Este valor es todavía inferior al precio de 1,20 dólar que las productoras recibían hasta antes de la devaluación, la posterior pesificación y el congelamiento de precios. Pero de los términos en que se negociaba hasta hace una semana a los que finalmente se acordaron, las empresas lograron otro sustancial avance: el “sendero” de aumento, que originalmente arribaba a un incremento del 100 por ciento en dos años, ahora se transitará en sólo 15 a 18 meses, y además con algún punto adicional de aumento.
El mayor peso del ajuste recaerá sobre los bolsillos de los grandes demandantes de gas a nivel industrial, que en su conjunto pasarán a ser compradores directos de las petroleras, a través de una suerte de mercado mayorista. El interrogante es si la demanda acumulada de estos contratistas directos y la de las distribuidoras, las generadoras eléctricas y de las estaciones de GNC –que las petroleras se comprometen a mantener abastecidas– podrá ser atendida, en los meses de invierno, con 121 millones de metros cúbicos diarios.
Esta cifra, dispuesta en el acuerdo, no es caprichosa sino que es la que físicamente se puede suministrar conforme a la capacidad del sistema nacional de transporte de gas. Los clientes con los llamados contratos “interrumpibles” ya empezaron a tomar nota de que en invierno quedarán al margen del abastecimiento. Pero muchas de las afectadas consideran que una decisión premeditada de cortarles el suministro se sale de la lógica de sus contratos: esos usuarios industriales pagan más barato el gas porque, en casos de necesidad y en días de insuficiencia de oferta, pueden ser marginados de la prestación. Pero que se defina anticipadamente que por tres meses no recibirán gas es algo muy distinto, sostienen, y con ese argumento han recurrido a la Justicia.
Por el lado de las usinas eléctricas, no está definido en qué volúmenes deberán cubrir con fuel oil o gas oil la falta de abastecimiento de gas. Las importaciones de combustible podrán cubrir los faltantes de dichos carburantes líquidos en la oferta de producción nacional, pero no llegan a resolver quién pagará la diferencia. Supuestamente lo debería hacer el Fondo Estabilizador de Cammesa, pero no sólo se secó sino que mantiene una pesada deuda con las generadoras, apenas aliviada con otro reciente préstamo del Tesoro nacional.
La audiencia pública para tratar el aumento en el precio del gas debería concretarse hacia fines del presente mes de abril. El debate no tiene carácter resolutivo, pero permitirá exponer su posición a los distintos sectores afectados. Puede ser, quizá, la primera resolución que el Gobierno deba tomar en contra de la voluntad de la mayoría.