A partir de la firma del decreto que respalde el acuerdo suscripto con Gas Natural BAN, los millones de clientes que abastece la distribuidora afrontarían un aumento tarifario del 7 por ciento promedio. Según minimiza la empresa, ese incremento no implica más que una suba de 2 pesos por factura promedio en los clientes residenciales. Y éste resulta un punto neurálgico en el pacto firmado con la sociedad que lidera la española Gas Natural, subsidiaria de La Caixa y Repsol: el ajuste tarifario comprende de movida a los usuarios domiciliarios, cuyo amparo fue uno de los objetivos políticos inamovibles que se había autoimpuesto el Gobierno a la hora de discutir con las privatizadas. La empresa también se verá eximida de invertir en la expansión del servicio y, a cambio, se compromete a afrontar cualquier dictamen favorable ante el Ciadi que obtuviera su socia norteamericana, L&G.

El decreto no tiene fecha fija, pero ya está allanado el camino para que sea firmado de inmediato, debido a que se superaron distintas instancias formales. El Congreso aprobó el acta-acuerdo suscripta con sanción ficta, la que deviene por el sólo transcurso de los sesenta días previstos para que el Parlamento se expida, si antes no hay un pronunciamiento del cuerpo legislativo. Este procedimiento automático, pero legal, acalló la voz de la oposición, justo cuando comenzó a protestar porque había una distancia entre el documento que meses atrás fue sometido a audiencia pública y el que, finalmente, llegó a los legisladores para su consideración.

Así, el proceso de renegociación contractual con las gasíferas fue largo y enrevesado. En rigor, como con el resto de las empresas. Pero la realidad es que hace pocos meses la hipótesis de trabajo sobre la cual se discutía era un porcentaje de aumento tarifario sólo sobre los usuarios industriales y comerciales, eximiendo expresamente al resto. Los domiciliarios sí serían afectados en la revisión tarifaria integral, prevista para mediados de este año. Exactamente el mismo esquema que se aplicó con las distribuidoras eléctricas (Edelap, Edesur y Edenor).

Pero tras los viajes del ministro Julio De Vido a Madrid y las extensas discusiones con los representantes de la empresa en la críptica Unidad de Renegociación contractual, el acuerdo celebrado resultó en términos diferentes: un incremento en el margen de distribución superior al 20 por ciento, que se traduce en un reajuste del 7 por ciento promedio en el precio a pagar también por los usuarios domiciliarios. En la ecuación final empresaria, éstos tendrían un peso relativo menor que el que tienen, por ejemplo, los domicilios sobre la matriz de ingresos de Metrogas. Pero aun así, representan una proporción nada despreciable a la hora de juzgar la caja de la compañía.

Gas Natural asumió el compromiso de invertir durante este año 50 millones de pesos. Pero la expansión del servicio, destinada a abastecer a la gran cantidad de usuarios potenciales de la zona Norte que aún dependen del oneroso gas licuado, no será competencia de ella. Junto al resto de las distribuidoras, la compañía analiza con el Gobierno la posible constitución de un fondo fiduciario para costear la ampliación de las redes, lo que sólo dejaría en manos de las privatizadas la obligación de afrontar el mantenimiento, la carga más liviana. Un modelo similar al que intenta aplicar el Estado en la reformulación del contrato de Aguas Argentinas.

El punto de partida para perfilar este nuevo esquema contractual es el reconocimiento expreso, plasmado en más de un documento de la UniRen, de que con las tarifas pesificadas y congeladas, las empresas no podrían asumir ni la extensión del servicio ni el repago de la deuda que, en el caso de Gas Natural BAN, es de 200 millones de dólares. Sobre aquel supuesto, comenzó a analizarse cuánto podrían recomponerse las tarifas y a quiénes alcanzarían las subas.

Pero este ajuste inicial, concedido a través del acta-acuerdo con aprobación parlamentaria, es sólo un punto de partida, ya que el cuadro de precios definitivos para todas las categorías de usuarios surgirá después de la revisión tarifaria integral, prevista para mediados de año. De esta reestructuración surgirá, sin dudas, un aumento adicional.

No está claro qué parámetros se utilizarán para definir un “precio razonable” del servicio ni cómo se ajustará en el futuro. Lo claro es que se abandonó el criterio consagrado en el contrato original de ligarlo a la inflación estadounidense, lo que hace suponer que de ahora en más, se emparentará con la evolución de precios local. Algo que podría haber sido una buena decisión en la etapa de la convertibilidad, pero que puede entrañar un riesgo en ésta, cuando el IPC amaga desbocarse.

Al igual que otros accionistas de empresas privatizadas, Gas Natural resolvió desistir de su reclamo indemnizatorio ante el Ciadi, buscando una compensación por los perjuicios que le habrían ocasionado la pesificación y el congelamiento de tarifas. Ese reclamo no tenía monto fijo como sí lo tiene el de su socia L&G, que exige 260 millones de dólares por ese concepto. Pero el Gobierno salvó este obstáculo consiguiendo que los españoles firmen la cláusula de indemnidad, que las obliga a pagar de su bolsillo cualquier sentencia favorable a otro miembro de la sociedad adjudicataria, liberando las arcas públicas de tal amenaza.

Así se fue allanando el camino hacia un contrato definitivo, que debería rubricarse a mediados de año, sobre las grandes pautas definidas en este acuerdo provisorio. Darle vigencia mediante un decreto entraña un gesto políticamente audaz, si se considera cuán sensible es la opinión pública a los movimientos en los precios de los servicios públicos y su potencial efecto multiplicador sobre otros valores. El gas representa un 1,4 por ciento del Indice de Precios al Consumidor. Un peso relativo tolerable, pero que puede resultar perturbador cuando el empeño oficial está centrado en contener el IPC.