El aumento de la tensión entre Buenos Aires y Montevideo a guisa del establecimiento de dos papeleras europeas en la vera oriental del río Uruguay es la puesta en escena del fracaso de la política. En ambas capitales de los dos países que nacieron a la historia apoyados uno en otro, se doblan las apuestas para mostrarse más duro, sin ceder un ápice, impulsando el conflicto a los estrados judiciales internacionales. “La sensación que tengo es que estamos tirando la cuerda para que a la hora de sentarse a negociar políticamente pongamos sobre la mesa quién tiene más soldaditos”, dijo ayer a este diario un alto negociador de la diplomacia argentina, esperanzado en que, en algún momento, se dé lugar a tales conversaciones.

“Nuestra posición respecto de las papeleras nos pone mal con nuestros vecinos, más allá de Uruguay: Paraguay y Brasil van a poner una cada uno en sus fronteras y, además, nuestras provincias se pelean entre sí; es lo que pasa con Formosa y Misiones, contra Entre Ríos. Esto no le sirve a nadie”, agregó un importante integrante del Gobierno, que esta semana escuchó todos los argumentos que desplegó el canciller, Jorge Taiana, sobre el asunto.

La dureza de los argumentos que el ministro de Relaciones Exteriores expuso esta semana ante diputados y senadores –en dos ocasiones diferentes–, hechos públicos a través de los medios de comunicación, fue la descarnada demostración del atolladero en que se han metido los gobiernos progresistas de las dos márgenes del Plata, ambos pecadores de diferentes pecados, pero pecadores al fin.

Tabaré Vázquez quedó preso de la derecha uruguaya, que supo dejarle la faena prácticamente hecha: las inversiones estaban en marcha, los contratos casi cerrados, el acuerdo con la española Ence firmado y, como frutilla del postre, el colorado ex presidente Jorge Batlle, en febrero de 2005, con Vázquez ya electo, autorizó la instalación de la papelera finlandesa Botnia.

Todo ese proceso conllevó la violación del acuerdo sobre el río Uruguay por parte de los orientales. Veamos: existe una llamada Comisión Administradora del Río Uruguay, binacional, que funcionaba a pleno en 2004, cuando Batlle autorizó a Ence a instalarse sobre el curso de agua. El entonces mandatario uruguayo no llevó el pedido de autorización a la comisión mencionada, generando una crisis que, en ese momento, morigeraron, pero no terminaron de resolver, los entonces cancilleres Rafael Bielsa y Didier Operti.

Luego ocurrió lo de Botnia. Tabaré la miró pasar y, cuando asumió, tenía la presión de la opinión pública de su país ganada por la derecha con el argumento de las inversiones monumentales de las papeleras. Tabaré no supo, no pudo o no quiso dar la batalla, y se subió al carro de la derecha, verbigracia: papeleras igual causa nacional charrúa. “Estas han sido violaciones flagrantes del tratado del Río Uruguay; con esto, en la Corte de La Haya, estamos muy sólidos”, dice un prominente integrante del gobierno argentino a este reportero, a la vez que recuerda que el propio tratado del Río Uruguay impone acudir a dicho tribunal internacional en caso de discordia.

“Los uruguayos están inhablables”, mensura un encumbrado diplomático argentino, “creen, y dicen, que los ‘porteños’, como nos llaman, los queremos pasar y que no lo van a permitir. Están enceguecidos y eso complica aún más las cosas”. La descripción no parece exagerada si se la connota con el último gesto de la administración del Frente Amplio: Tabaré invitó a la flamante presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, a colocar la simbólica piedra basal en su criatura generadora de papel. Botnia hará una inversión de 1100 millones en el emprendimiento, pero 780 de ellos serán maquinarias importadas directamente de Finlandia, libres de impuestos, con lo cual el monto de la inversión es bastante menos ambicioso que el que se ha instalado en el imaginario de la opinión pública oriental.

Los negociadores argentinos resaltan la carencia de información que durante dos años y medio alimentó Montevideo al respecto. “No nos dieron un solo dato de valor, no se los pidieron a las empresas (papeleras), no los aportaron, generaron una crisis en la Comisión del Río Uruguay y ahora estamos metidos en este baile”, se queja un funcionario criollo. El hombre, ducho en tratativas internacionales, recuerda que cuando hubo que extender la cañería de entubamiento del arroyo que fluye debajo de la avenida Juan B. Justo, la obra fue consultada y autorizada por la Comisión del Río de la Plata, otro ente binacional, mellizo del respectivo del curso del Uruguay.

Costumbres argentinas

Pero el tango se baila de a dos y, en este caso, ambos bailarines han enredado sus piernas en un paso harto difícil. En lo referente a la administración de Néstor Kirchner, su gobierno ha dormido el sueño de los justos hasta que la crisis estalló en Gualeguaychú, cuando los honestos y bienintencionados vecinos de la villa decidieron marcarle el paso a la política exterior argentina en este affaire.

“Esto nos ha pasado por falta de atención en su momento; ahora hay que bailar con lo que tenemos”, comenta a Página/12 un integrante del gabinete nacional. El reconocimiento es sincero, pero el hecho consumado de los cortes de ruta en uno y hasta dos pasos internacionales enrarece y dificulta toda negociación. “Los cortes nos perjudican desde todo punto de vista: dan argumentos a los uruguayos más cerrados –que en este momento son casi todos– y debilitan nuestra posición en el Mercosur, cuyos tratados son violados por la interrupción de la libre circulación. Lo mismo pasa con nuestros vecinos y en la Corte Internacional de La Haya”, ensaya el funcionario argentino que reconoce que Kirchner jamás va a reprimir a esos grupos de ciudadanos motivados por una preocupación lícita, como lo son quienes hasta ahora han venido cortando los pasos entre Entre Ríos y el Uruguay.

Otro miembro destacado del gabinete nacional adjuntó dos preocupaciones más: la relación con Paraguay y Brasil, y entre las provincias argentinas del NEA que tienen y quieren poner nuevas papeleras en sus territorios. El hombre recordó que tanto Paraguay cuanto Brasil atesoran avanzados proyectos para instalar este tipo de factorías frente a territorio argentino y que, al igual que Uruguay, este tipo de emprendimiento se viene preparando desde hace más de una década: la forestación para su posterior utilización en la confección de celulosa. “No sólo nuestros vecinos están decididos a seguir adelante con estos emprendimientos, Formosa, Misiones y Corrientes también. Están plantando árboles hace años con el fin de instalar nuevas papeleras. Si el conflicto con Uruguay no se resuelve sensatamente, estamos sentando un precedente peligroso que nos va a enfrentar con otros países y con nuestras propias provincias”, se alarma el funcionario consultado.

La decisión de apelar a la Corte de La Haya encierra la esperanza de una buena parte de los funcionarios argentinos de que el tribunal disponga la paralización temporaria de las obras para con ello ganar algo de tiempo en sentarse a conversar en otros términos. Nadie se anima a afirmar, hoy, que la corte pueda actuar de esa manera, pero son muchos en el Gobierno –la gran mayoría de quienes toman las decisiones en este episodio– quienes apuestan a tales nonatas negociaciones entre los dos gobiernos progresistas del Plata.

“Hay que sentarse, hay que sentarse”, dicen en la Casa Rosada y en el Palacio San Martín, como si en la mesa de negociaciones el acuerdo pudiese ser posible. Sin embargo, ese espacio no ha sido construido aún, ni por Montevideo ni por Buenos Aires. A las dos veras del Mar Dulce la política ha dejado lugar a una retahíla de hechos consumados que transformaron estas naciones hermanadas en el crisol de la historia en dos extraños que se miran como Caín y Abel.