El Congreso le dio ayer al Gobierno la cobertura política que buscaba por la expulsión de Aguas Argentinas y la estatización del servicio. El Senado convalidó la primera de esas decisiones por unanimidad y completó el trámite de aprobación parlamentaria, ya que Diputados lo había ratificado la semana pasada. La Cámara baja, a su vez, estaba por avalar al cierre de esta edición el decreto de necesidad y urgencia de creación de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). En este caso, el oficialismo daba por descontado el apoyo de los ex duhaldistas del bloque federal. El ARI, el radicalismo y Pro, en cambio, cuestionaron en duros términos algunos de los aspectos de la formación de la nueva sociedad.

La clave para conseguir la adhesión del bloque federal fue el decreto que dictó ayer el Poder Ejecutivo para aclarar que las acciones de AYSA en poder del Estado son “intransferibles”. En la versión original de creación de la compañía, simplemente se establecía que es una sociedad anónima con un 90 por ciento de las acciones en manos del Estado y el 10 por ciento restante de los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada (PPP). Bajo esas condiciones, la oposición advirtió que queda abierta la posibilidad de reprivatización. Aunque el ministro Julio De Vido negó que exista voluntad de volver a transferir la empresa a un operador privado, el Gobierno terminó por aceptar el pedido de los diputados ex duhaldistas y sacó el decreto aclaratorio.

Esa norma dice textualmente que “las acciones propiedad del Estado nacional serán intransferibles”. Y añade que la proporción del 90 por ciento “no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”. El Ejecutivo hizo esta concesión para asegurarse el apoyo de sus aliados en la Cámara baja. En el pasado, el Gobierno se negó a incluir cláusulas semejantes en la creación de Enarsa y de la ya desaparecida Lafsa. Esas empresas surgieron como simples sociedades anónimas con control estatal y no hay ninguna limitación manifiesta a la privatización.

El ARI fue especialmente crítico con la elección de la figura legal de sociedad anónima para AYSA. Elisa Carrió dijo durante la sesión que “tenemos un estado de sospecha objetivo frente al manejo discrecional del ministro de Planificación, y es objetivo porque un ministro de Justicia renunció porque no quiso firmar los sobreprecios en una licitación de cárceles; el ministro de Economía renunció denunciando la cartelización de la obra pública y el gobernador de Santa Cruz renunció porque no se quiso someter a los pedidos de De Vido. Por eso el estado de sospecha es objetivo”, remató.

La jefa del ARI denunció además que “esta sociedad anónima no tiene fiscalización porque no hay contrato de concesión”. Según denunció, es endeble la figura legal de sociedad anónima con control estatal. “Una demanda puede determinar la nulidad” de esta caracterización y la empresa, por ende, podría ser privatizada.

Un argumento similar utilizó Claudio Lozano (CTA). El diputado se manifestó a favor de la estatización del servicio, pero señaló que “en los casos de Enarsa y de Lafsa, creadas bajo el esquema propuesto por el Gobierno, los controles no funcionaron”. En la misma línea, Miguel Giubergia (UCR) se quejó porque “lamentablemente el oficialismo propone que la empresa se rija por el derecho privado”. “No se aplicarán las normas de los procedimientos administrativos, ni el régimen de contrataciones del Estado ni la ley de obras públicas ni ningún control al que debiera estar sometida esta empresa.”

La respuesta del oficialismo corrió por cuenta de Carlos Snopek, quien insistió en que AYSA tendrá tanto los controles del derecho privado como los que corresponden al sector público, como la Sigen y la Oficina Anticorrupción.

En cuanto a la postura de Pro, Federico Pinedo apuntó tanto contra la figura de sociedad anónima como a que la empresa sea administrada por la Nación, en lugar de por la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que son los distritos donde presta servicio. El Senado, por su parte, aprobó fácilmente la ratificación del decreto de rescisión del contrato con Aguas Argentinas y ahora espera hacer lo propio la próxima semana con el de constitución de AYSA.