El juez federal Francisco de Asís Soto ordenó la inhibición general de bienes de la empresa Aguas Argentinas hasta cubrir la suma de 500 millones de pesos. La medida había sido solicitada por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en la causa contra el Grupo Suez, controlante de la ex concesión de aguas, que se tramita ante el Juzgado Federal Civil y Comercial Número 6. Además, el magistrado libró oficios para comunicar la decisión al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

El ombudsman realizó la denuncia judicial para “salvaguardar los intereses de los ciudadanos, que fueron perjudicados por el accionar de Aguas Argentinas, tanto por el juicio iniciado a raíz de la falta de presión del agua, como por los casos de deterioro de viviendas, a causa del ascenso de las napas freáticas, y de facturación de servicios que no fueron prestados”.

En sus fundamentos, Mondino precisó que “se trata de miles de ciudadanos que, ya sea por vía administrativa o judicial, vienen haciendo sus reclamos y que el único mecanismo para que estos usuarios vean resarcidos sus derechos es que los bienes y cuentas de la empresa Aguas Argentinas sean inhibidos”.

En función de estos derechos colectivos afectados, el defensor del Pueblo de la Nación se había presentado ante la Justicia, destacando que “la medida se debe disponer con urgencia, antes que el estado patrimonial de Aguas Argentinas, su pasivo contingente, se diluya”.

El gobierno de Kirchner rescindió días atrás el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez, por considerar que no había cumplido con las inversiones previstas y creó la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para cubrir el servicio en la Capital Federal y diecisiete partidos del Gran Buenos Aires.

Ahora lo que habrá que determinar es sobre qué bienes recae la inhibición dictada por el juez Asís Soto, ya que como el servicio era una concesión del Estado se supone que los bienes de la empresa nunca dejaron de ser bienes públicos. Sea como fuere, el inventario tras la salida del Grupo Suez todavía no fue presentado ante la opinión pública. De hecho, el grupo francés mantiene una demanda contra el Estado argentino por 1700 millones de dólares ante el tribunal arbitral del Banco Mundial.