Según pudo confirmar Página/12, la gran ambición del Gobierno respecto de Aerolíneas Argentinas no es reestatizarla, ni propiciar la incorporación de un nuevo socio, sino que Marsans, el accionista privado, desembolse cientos de millones de dólares que habría recibido de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y desviado hacia otros fines por la vía de la subrogación de créditos. En otros términos, que concrete ahora una compensación, con multas incluidas. Esas maniobras fueron desmentidas hace meses por la propia Sepi, pero de modo poco convincente para el Ministerio de Planificación local, que impugnó los balances con fuertes imputaciones contra el directorio. El domingo vencerá el plazo legal para que la asamblea de accionistas evalúe la gestión de esos responsables y los estados contables del 2005, con un nuevo rechazo de parte del Estado. Un desaire que, sin embargo, no parece desvelar al grupo liderado por Antonio Mata.

“Es intrascendente que el Estado impugne. Es un socio que tiene apenas un poco más del 1 por ciento: desde el punto de vista operativo, no hay ninguna consecuencia”, aseguró ayer a este diario uno de sus directores y vocero, minimizando la embestida legal que lleva a cabo Julio De Vido.

Hace pocas semanas, el ministro amplió en tribunales los argumentos por los cuales impugnó los balances empresarios. Entre otras fuertes imputaciones al accionista privado, el escrito firmado por el responsable de asuntos jurídicos de esa cartera consigna que Marsans (del grupo Air Comet) realizó operaciones con el objeto de licuar la participación accionaria del Estado, que se contrajo desde el 5,4 al 1,34 por ciento.

En parte, esto sería resultado de otra acción reprochable, como la subrogación de créditos. Expresado sencillamente, Marsans habría comprado deuda concursal con fondos que le entregó la Sepi en el 2001 (cuando le cedió la compañía) y luego capitalizó sus acreencias disminuyendo el peso relativo de otros socios, como el Estado y el personal. Aquellos fondos debían destinarse a depurar el pasivo de Aerolíneas y a la ejecución de un plan industrial, a juicio de Planificación, metas no honradas.

Desde la perspectiva oficial, Marsans se “apropió” de al menos 540 millones de dólares de la Sepi y la manera de recomponer la situación sería restituirlos por una vía aún no precisada. Al menos ése es el anhelo de De Vido, que por sus asperezas en el trato con la compañía fue de hecho reemplazado por Alberto Fernández como interlocutor del Gobierno. “El jefe de Gabinete es nuestro referente oficial e incluso cooperó en el levantamiento de la medida de fuerza en diciembre”, asegura la dirección de la empresa privatizada.

Aerolíneas espera con cierta tranquilidad la firma del decreto que habilitará a todas las compañías aéreas a aplicar un aumento de tarifas del 20 por ciento, las eximirá de tributar el IVA sobre el leasing de aviones y el combustible y les permitirá computar créditos de ese gravamen a cuenta del pago de otros, entre otras prerrogativas. Las impugnaciones judiciales a sus balances no lo afligen, en gran medida, porque consideran que el documento con el que la Sepi replicó al Tribunal de Cuentas español meses atrás contraría fundadamente las acusaciones en las que coinciden tanto ese órgano español como Planificación.

Entre otras cuestiones, el Tribunal de Cuentas español consideró que existe una vulneración del contrato de venta de Aerolíneas del 2001, ya que los 300 millones de dólares cedidos por la Sepi para el pago de deudas, en realidad sólo fueron empleados para un cambio de manos: Air Comet compró la deuda concursal y se transformó en acreedora. Pero para la Sociedad Estatal se trata sólo de una discrepancia semántica, ya que la palabra pago tiene varias acepciones y no todas implican que esta acción sea “necesariamente extinto de las obligaciones”.

En este aludido documento de la Sociedad se pasó revista a las recriminaciones que ella misma le hizo a su sucesora en Aerolíneas por no haber ampliado el capital de la compañía en término, ni incorporado más flota en los plazos acordados ni restablecido rutas o sumado otras nuevas, aunque, según se desprende del texto, finalmente admite como válidos los argumentos de Air Comet. Las enumeradas fueron algunas de las condiciones impuestas por la Sepi cuando le transfirió Aerolíneas junto a un paquete de dinero con asignación específica.

De Vido tiene una interpretación diferente y por eso está imaginando cómo reclamar la restitución del dinero presuntamente desviado, en parte, fundándose en el artículo 54 de la ley de sociedades comerciales. Según éste, “si existe daño a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen, éstos tienen la obligación de indemnizar a la sociedad como traer a ella las ganancias resultantes”. Sólo la benevolencia del jefe de Gabinete podría evitar esta exigencia en los tribunales.