El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, enviará hoy a doce grupos de dos inspectores cada uno a relevar precios en carnicerías de Capital y Gran Buenos Aires. Para el Gobierno los distintos eslabones del sector ya deberían estar en condiciones de vender a los valores de referencia establecidos en la resolución aprobada el jueves pasado. Por lo tanto, si se registran incumplimientos aseguran que comenzarán las sanciones. El objetivo no es ensañarse con los carniceros, sino focalizar en los jugadores más fuertes. Ayer los precios de las distintas categorías que los productores venden en Liniers cotizaron por debajo de las valores de referencia. Si los precios no bajan los cañones apuntarán a frigoríficos y matarifes.

Hasta el momento, los más disciplinados resultaron ser los productores. Cuando los precios promedio del ganado rozaron los 3 pesos el kilo vivo el pasado 8 de marzo aseguraron que la suba era inevitable, debido a la escasez estructural de la oferta. Además, afirmaron que el límite impuesto por el Gobierno para faenar animales de menos de 280 kilos no hacía más que agudizar esa restricción y criticaron la suspensión de las exportaciones porque, según dijeron, no tendría mayores efectos, ya que los cortes que se vendían al exterior no eran los que se consumían en el mercado interno.

Pese a los pronósticos agoreros, desde el 8 de marzo el índice novillo bajó 22,1 por ciento y el índice general que promedia todas las operaciones de Liniers acumuló una caída de 25,7 por ciento sin que el Gobierno se viera obligado a eliminar el límite de faena. La presión ejercida sobre el sector alcanzó para que los precios retrocedieran. Un análisis desagregado de las cotizaciones de ayer muestra que los 11 tipos de novillo, 4 de novillitos, 4 de vaquillonas, 4 de vacas, 2 de toros y el ternero, incluidos en la resolución, se ubicaron debajo del techo oficial.

En el caso de frigoríficos, matarifes y carniceros recién hoy se sabrá si cumplieron su parte ya que, según afirman en el Gobierno, hasta ayer estuvieron comercializando carne comprada antes de que entrara en vigencia la resolución. Si los valores relevados llegan a estar por encima de lo previsto, la norma contempla la puesta en vigencia de la ley de Abastecimiento 20.680 de 1974 que fija multas, clausuras, inhabilitaciones para operar y penas de prisión de hasta 90 días.

Desde el sector se manifestaron posturas encontradas sobre la política que viene llevando adelante el Gobierno. El empresario Alberto Samid, quien ayer volvió a ingresar al Mercado de Liniers por decisión judicial, aseguró que “todos los negocios del país tienen que vender a los precios establecidos. Si no lo hacen, ya no es un problema del productor y del consignatario, sino del frigorífico, del matarife o del carnicero”. Luego agregó que “si alguno tiene que ir preso, que vaya”. Por su parte, Gustavo Valsangiácomo, presidente de la Unión de la Industria Cárnica, entidad que agrupa a frigoríficos medianos, afirmó que apoya las decisiones del Gobierno porque “tenemos claro que no hay que dejar trepar la inflación y mantener los precios para que lleguen a la gente”.

Llamativamente, las críticas provinieron del sector que hasta ahora está cumpliendo el acuerdo. Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, manifestó su “preocupación” porque, según dijo, Guillermo Moreno obligó a los productores a aceptar la propuesta de fijar un precio de referencia. “Hace una semana estuvimos con Moreno creyendo que íbamos a dialogar sobre el acuerdo firmado hace veinte días, pero nos trajo una propuesta totalmente hecha donde algunos puntos son muy oscuros y nos dijo que sí o sí la teníamos que tomar.” Los productores están disconformes por medidas que consideran intervencionistas y tienen previsto realizar una asamblea el próximo viernes en Villa Mercedes, San Luis.