Las cuentas fiscales del primer semestre del año cerraron con un superávit de 12.589 millones de pesos, 1000 millones más que lo alcanzado en igual período de 2005. Así, durante los primeros seis meses del año ya se cubrió el 65 por ciento del superávit proyectado para todo el año.

A este resultado se llegó después de que junio cerrara con un excedente de 2243,2 millones de pesos, 24 por ciento superior a igual mes del año pasado. Antes de que se dieran a conocer estas cifras, la ministra de Economía, Felisa Miceli, destacó que el país “tiene una situación de privilegio en relación con períodos económicos anteriores, basado en cuentas muy claras en la administración pública que nos permite tener superávit fiscal”.

Del análisis difundido ayer por la Secretaría de Hacienda surge que en el semestre “los gastos corrientes crecieron un 21,1 por ciento respecto del acumulado de 2005, en tanto que los de capital subieron el 66,1 por ciento, denotando con ello la importancia creciente que tiene la inversión en obra pública y la transferencia a las provincias”. Por el lado de la recaudación, los ingresos superaron en 12.589 millones lo presupuestado, “un 20,6 por ciento más de lo estimado” a comienzos de año.

En cuanto a los números de junio, el pago de la deuda se llevó 1089,7 millones de pesos, mientras que las transferencias al sector privado sumaron 1347,3 millones. En tanto, las transferencias que se hacen de manera automática a las provincias, unos 4604 millones de pesos, fueron algunas de las erogaciones que más crecieron en términos interanuales. Con estas cifras, en junio los gastos corrientes llegaron a 12.477,3 millones de pesos, contra ingresos por 14.636,3 millones. Los gastos de capital (inversiones), en tanto, alcanzaron los 1013 millones.

En el Gobierno insisten en la necesidad de consolidar “por varios años” este esquema de superávit fiscal, inédito en la historia argentina. Pero también desde la oposición se cuestiona que el Presidente pueda asignar sin intervención del Congreso los excedentes de las arcas fiscales a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU). A este instrumento viene echando mano Kirchner en los últimos años para definir a dónde va a parar el superávit.