El proyecto oficial de “superpoderes” ya tiene fecha para su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados para convertirse en ley: el 2 de agosto. La bancada oficialista logró ayer un dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja favorable a la iniciativa que propone incrementar las facultades del jefe de Gabinete en el manejo presupuestario, que cuenta con media sanción del Senado. Después de tres horas de debate y sin que la oposición pudiera modificar ni una sola coma del proyecto de la senadora bonaerense, Cristina Fernández de Kirchner, la UCR, el PRO, el ARI y la CTA propusieron por separado sus propios dictámenes en minoría.

Los miembros informantes del oficialismo en la Comisión de Presupuesto, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Marconto, ya habían expuesto sus argumentos a favor de que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pueda “disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro de cada Ley de Presupuesto, que comprenden las modificaciones que involucren gastos corrientes, de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades”. Fue entonces que el arista Adrián Pérez soltó la pregunta a los legisladores oficialistas: “¿Están dispuestos a modificar algún aspecto del proyecto?”. La respuesta fue firme y contundente: “no”.

Ahí empezó un debate sobre el proyecto oficialista, cuya única modificación la introdujo la autora de la iniciativa en medio del debate en el recinto del Senado. El 13 de julio, Cristina Kirchner incorporó, desafiando a la oposición, el párrafo que deja afuera de las futuras atribuciones del jefe de Gabinete “el incremento de partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.

Los cuestionamientos opositores no se hicieron esperar. El macrista Federico Pinedo consideró de “extrema gravedad institucional” el aumento de facultades presupuestarias para la Jefatura de Gabinete. El ex duhaldista Jorge Sarghini aseguró que la modificación al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera “es inconstitucional” y también preguntó: “¿Qué sentido tiene el tratamiento del Presupuesto si con lo que se aprueba se sabe que se puede hacer otra cosa?”.

Para el oficialismo, la modificación no supone una delegación de facultades parlamentarias en el Poder Ejecutivo, sino una adecuación de la ley que creó la figura del jefe de Gabinete, quien quedó a cargo de la ejecución del presupuesto nacional. Pero a la hora de llevar la diferenciación al plano del debate, Marconato ejemplificó el “cambio de norma” entre quienes proponen la ejecución de un “presupuesto burocrático”, que rápidamente asoció a la oposición, y los que impulsan un “presupuesto eficiente”, como “es la intención del Ejecutivo nacional”.

Urtubey (FPV) aclaró además que “las normas regulatorias no tienen rango constitucional y una ley anterior puede ser modificada por una posterior, sin que ello afecte la Constitución”. Pero Pérez (ARI) consideró estar “frente a un proyecto de características dramáticas de degradación institucional”, y si bien coincidió con argumentos de Urtubey en cuanto a que las leyes no tienen carácter constitucional, apuntó que “también es cierto que pueden contradecir la Constitución”.

Los radicales también expusieron su disconformidad. “De aprobarse estos proyectos de superpoderes y de la reglamentación de los DNU, se acrecientan las enormes cuotas de poder político del Presidente, vulnerando de este modo el sano equilibrio entre los tres poderes del Estado, que constituye la esencia del sistema republicano”, sostuvo Daniel Kroneberger. “Kirchner pretende que el Congreso sea sólo una figura decorativa en la estructura de la República”, sentenció Hugo Storero.

El economista y dirigente de la CTA, Claudio Lozano cambió el eje del debate también con preguntas que dirigió al presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Snopek. Primero preguntó si el jefe de Gabinete respondió a los reiterados pedidos del Congreso para saber quiénes fueron los bancos beneficiados con 7 mil millones de pesos que el Ejecutivo giró a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de los días 27 y 28 de diciembre de 2005. A lo que Snopek sólo atinó a tomar nota “para reiterar el pedido”.

Allí, Lozano soltó su principal argumento contra la iniciativa: “Entonces no es cierto que el Congreso no tiene facultades de control, como aseguran ustedes, sino que no las respetan, debilitando todo el sistema institucional”. La ofensiva opositora desató la ira de la justicialista Blanca Osurra, quien pidió que se incorporara el extenso discurso de Cristina Kirchner en el Senado como argumentación del proyecto. Pero el pedido ni siquiera fue atendido por sus compañeros de bancada.