La coincidencia es sorprendente. Todos los expositores del encuentro “Por un Mercosur productivo y social” –así se llama el foro de debates que comenzó ayer y seguirá hoy en el enorme predio ferial de esta ciudad– usan las mismas palabras. Hablan de “participación”, de “sociedad civil” y de “organizaciones sociales”. Sostienen que la integración de América del Sur no debe ser monopolio de las empresas, los especialistas y los funcionarios públicos. Y nadie se olvida de mencionar la “democratización”. Hasta aquí la coincidencias. También hay desacuerdos, aunque éstos pasan más por el interés que se muestra (o no) en poner en marcha los proyectos que por el contenido de los documentos. En eso, todos coinciden.

Lo reconocen muchos de los participantes e incluso los coordinadores de las cinco mesas de trabajo en que se organizó el encuentro. Un ejemplo claro se produjo en la charla sobre “Mercosur productivo y social y los recursos naturales”, que había generado expectativa por el conflicto de las papeleras en Fray Bentos. Los participantes del debate discutieron cómo crear una comisión que se dedique a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales dentro del Mercosur. “El acceso al agua es un derecho básico”, planteó un participante. “Tenemos que hablar de soberanía alimentaria y del derecho a un medio ambiente sano”, agregó una mujer que se presentó como funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos. “Las organizaciones sociales debemos ser reconocidas en un pie de igualdad”, reclamó otra expositora. “Tenemos que comprometer al Estado en la defensa de los recursos naturales”, exhortó con cierta autocrítica un representante de la Cancillería. “Tenemos que aclarar que no tenemos el acuerdo de todos los gobiernos”, agregó el funcionario argentino ante la mirada atenta de algunos asambleístas de Gualeguaychú.

En la sala no había ningún representante de la administración de Tabaré Vázquez, como tampoco del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Las ausencias, especialmente la de los orientales, reflejaron la actualidad de la relación entre ambas naciones tras el fallo favorable a Uruguay de la Corte Internacional de La Haya.

A medida que se recorrían los paneles se notaban algunas conclusiones comunes. En dos mesas de debate se escucharon críticas abiertas y otras no tanto a los gobiernos de la región. Uno de los blancos fue, obviamente, la administración de Tabaré. Los cuestionamientos no sólo se debían al caso de las papeleras, sino también al poco entusiasmo que había mostrado un ministro uruguayo en la posibilidad de crear un Consejo de Políticas Sociales del Mercosur. En ese caso particular, la crítica provino de un argentino que no es funcionario pero tiene buenos vínculos con el Gobierno.

La administración de Kirchner también recibió cuestionamientos: las acusaciones más duras estuvieron concentradas en la Facultad de Arquitectura, donde sesionó la Cumbre de los Pueblos, en el panel sobre el perfil productivo y social de la integración se escucharon críticas contra la política oficial. “No puede haber libre circulación de capitales y no libre circulación de las personas. Acá se habla de asimetrías dentro del Mercosur, pero dentro de cada país también hay asimetrías: en los derechos laborales, en las políticas tributarias”, planteó una dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).