El malestar en el campo con la política agropecuaria oficial –o la falta de ésta, según quién haga la lectura– terminó explotando y Confederaciones Rurales Argentinas le sacó rédito convocando a un paro de actividades de una semana. Federación Agraria Argentina, pese a sus diferencias históricas con los ruralistas de la pampa húmeda –principales impulsores del paro, con adhesión de las confederaciones de todo el país–, anticipó que se sumará a la medida. Sociedad Rural también lo haría, pero recién lo decidirá y comunicará el viernes al mediodía. Coninagro, esta vez, quedaría al margen. La decisión de los ruralistas, comunicada a media tarde, ni siquiera esperó la resolución de Economía con respecto a los límites a las exportaciones, aunque la conocían de antemano. El Gobierno no amplió las restricciones, como intencionalmente se había hecho trascender desde los propios sectores vinculados a la ganadería, sino que prorrogó por seis meses más –hasta el 31 de mayo de 2007– el actual cupo del 50 por ciento sobre el volumen físico exportado en promedio durante el año 2005. La adhesión a la protesta, no planteada contra una medida concreta sino como la exteriorización de un clima de descontento, evidencia que la política de contención de precios agropecuarios del Gobierno empieza a pagar un alto costo.

La medida de fuerza presupone que la semana próxima –con el fin de semana siguiente incluido– no se comercializarán hacienda, granos ni otros productos no perecederos. Los productores también suspenderán las compras de insumos. Sin embargo, se estima que no habrá problemas de desabastecimiento –salvo en situaciones puntuales–, al menos que el paro se extienda más allá del domingo 10 de diciembre. “Queremos que se interprete este paro como una expresión de protesta, no como la intención de desabastecer al mercado ni provocarle un daño político al Gobierno”, sostuvo una alta fuente de CRA en diálogo con este diario. “Detrás de esto no está el PRO (la fuerza electoral de Mauricio Macri) ni (Roberto) Lavagna; queremos que al Presidente le vaya bien, pero hay un problema de comunicación y apuntamos a superarlo”, sostuvo como respondiendo a más de una sospecha sobre la intención política del paro.

La convocatoria al paro fue decidida en la reunión del consejo directivo de CRA, ayer por la tarde, del que participan 13 entidades confederadas. Las tres con representación en las zonas más ricas de la pampa húmeda –Carbap, Carsfe y Cartez– llegaron con la propuesta previamente acordada de parar “por lo menos una semana”. Con diferencias, las entidades de otras jurisdicciones, que se manifestaron “no tan afectadas” por las supuestas intervenciones del Gobierno en los mercados agrícolas, fueron adhiriendo más por solidaridad que por convicción. Así lo dejó entrever el propio Mario Llambías, presidente de CRA, en la conferencia de prensa posterior. De todos modos, la decisión de las “tres grandes” –abarcan a los productores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa– de ir al paro incluso sin la adhesión de CRA prácticamente dejó sin chance al resto.

A partir del domingo, los productores no comercializarán su producción ni comprarán insumos. Cada confederación instrumentará sus propias medidas. Carbap, principal inpulsora del paro, dispondrá “movilizaciones simbólicas” en cada pueblo rural y espera la adhesión del comercio local, en cada punto geográfico, disponiendo un paro de apoyo de una hora. Para el miércoles próximo, esperan consensuar la convocatoria a una concentración en algún pueblo de la provincia de Buenos Aires. Este paquete de medidas será discutido y resuelto durante la reunión de mesa directiva de hoy.

El Ministerio de Economía resolvió anoche prorrogar, hasta el 31 de mayo próximo, la vigencia del cupo a las exportaciones carne bovina, en los mismos términos que rigió desde el 1º de junio hasta hoy. La norma permite exportar por mes hasta el 50 por ciento del volumen físico exportado durante el año 2005. Siguen exceptuados de la restricción los cupos de cortes enfriados y congelados sin hueso de alta calidad otorgados por la Unión Europea (cuota Hilton) y las ventas al exterior de cortes correspondientes al cuarto trasero provenientes de novillos de más de 460 kg de peso, así como las de carne de vaca. Sumando estas excepciones, quedaría habilitada la exportación de hasta un 70 por ciento del volumen total mensual vendido al exterior en 2005. A través de otra medida, se dispuso una baja temporal del requisito de peso mínimo de faena de terneros, que de los 280 kilos actuales se reduce a 240 kilos.

Al justificar las medidas, la ministra Felisa Miceli manifestó que “el objetivo es privilegiar el abastecimiento de carne a los precios concertados oportunamente para 12 cortes” de consumo masivo para el mercado interno. Sobre el llamado al paro, Miceli sólo hizo una breve pero descalificadora referencia, al señalar que espera que la convocatoria “sea solamente una cuestión de dirigentes que tienen diferencias políticas con el Gobierno y las manifiestan de esta manera”.

Las buenas intenciones de no perjudicar a las exportaciones de carne no alcanzaron para frenar el paro agropecuario. Los dirigentes rurales plantean ejes de lucha más amplios, apuntándole al “intervencionismo” del Gobierno no sólo en el mercado de hacienda –mediante listas de precios máximos “sugeridos” pero rigurosamente respetados–, sino también en el del trigo y el maíz. “Lo peligroso es que se están generando mercados paralelos, operaciones en negro, que después va a ser difícil erradicar”, sostienen desde la dirigencia de las entidades.

La transparencia de los mercados es invocada como objetivo tanto por productores como por los funcionarios, pero resulta una quimera. El mercado de las carnes sigue siendo un terreno con dueños anónimos. La operatoria en negro no nació con los precios sugeridos, pero su existencia fue casi disimulada hasta ahora por todos. Nadie, poniendo nombre y apellido, se atreve a hablar del tema, pese a que en buena medida este control en las sombras es el que domina los precios en los mostradores, principal preocupación del Gobierno.